En las últimas horas se ha conocido la noticia de que la empresa PILI se ha presentado a concurso voluntario como consecuencia de la difícil situación económica y financiera que atraviesa desde hace algún tiempo esta emblemática empresa de nuestro departamento. De acuerdo con el derecho uruguayo, esta clase de procedimiento judicial tiene entre sus finalidades fundamentales la continuidad de la empresa como unidad económica viable y la protección de los créditos que contra la misma tienen sus distintos acreedores. La forma de lograr ambos objetivos, entre otros que son reconocidos por la legislación vigente, reposa en la posibilidad de que la empresa prosiga sus actividades con la mayor normalidad posible y pueda superar un período de dificultades mediante la aplicación de normas y procedimientos de carácter excepcional.
Tal como fuera mencionado durante el trámite parlamentario de la Ley de Concursos actualmente vigente (y que se aplicara a PILI) el objetivo de esa norma “es dotar a las empresas en dificultades financieras de un instrumento que permita la supervivencia de las unidades productivas económicamente viables, así como la eficiente y equitativa liquidación de las que no lo sean, protegiendo de esta forma la inversión, el empleo de los trabajadores y las relaciones comerciales sanas y leales”. A pesar de que la Ley de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial de 2008 supuso una mejora sustancial respecto del régimen existente hasta su entrada en vigencia (algunas de cuyas normas eran del año 1866), el gran desafío de las empresas en concurso continúa siendo “el día después” a la declaración del concurso voluntario. De acuerdo con el especialista Ricardo Olivera García, “Después que se desencadena el procedimiento implica en sí mismo pérdida de valor, porque la empresa ve resentido su crédito, su operativa, su reputación y su toma de decisiones, por eso lo sustancial es que los procesos sean breves. Todos los días lo que se tiene entre manos vale menos para el deudor, el acreedor, para los trabajadores y para la economía en su conjunto”.
Si bien es cierto que, como expresa un refrán popular doblemente aplicable a esta situación, “de nada sirve llorar sobre la leche derramada”, no se puede soslayar la importancia de valorar la secuencia de hechos que desembocaron en la presentación de PILI al concurso voluntario antes mencionado. Uno de los capítulos más importantes de ese camino fueron las medidas anunciadas la semana pasada por el Gobierno Nacional, las cuales incluían un proyecto de ley para otorgar un préstamo de un millón y medio de dólares a la empresa PILI, para que pudiera afrontar sus deudas inmediatas con productores remitentes y trabajadores. Si bien se trata de una medida inédita que utiliza dineros públicos propiedad de todos los habitantes para solucionar los problemas económicos de una empresa privada, la propuesta no fue suficiente para evitar que la empresa ingresara al concurso voluntario.
El pasado reciente muestra que en otros casos de crisis o desarrollos empresariales, los criterios aplicados por el Gobierno Nacional fueron muy diferentes. A modo de ejemplo, la empresa Gas Sayago (una sociedad anónima creada por UTE y Ancap para gestionar la regasificadora) ha gastado 3 millones de dólares al año en salarios a pesar de que la obra del gasoducto está detenida hace más de tres años, mientras que Ancap y su famoso horno para la planta de cemento de nuestra ciudad que nunca fue instalado nos ha costado a todos los uruguayos (al menos) 80 millones de dólares. A esto debe sumarse el costoso periplo del Fondo de Desarrollo Nacional (Fondes), una iniciativa que comenzó siendo el buque insignia de la administración de José Mujica pero terminó siendo un verdadero “Titanic” y que sólo en la ciudad de Paysandú tuvo un costo de 6 millones de dólares por la imposibilidad pagar el préstamo que se le había otorgado a la cooperativa los extrabajadores de la textil Paylana. O los entre 180 y 300 millones de dólares enterrados en Pluna – Alas U, incluido el cuasi fraudulento remate “del señor de la derecha”, por el cual encima le pagamos 800.000 dólares al rematador, para que hiciera como que remataba los aviones. Todo eso sin olvidar los interminables “seguros de desempleo” privilegiados para muchos de esos trabajadores, que vivieron por años sin hacer nada a costilla del Estado, mientras esperaban soluciones que nunca iban a llegar. En esta larga lista de dineros públicos malgastados, no puede dejar de mencionarse la frutilla del postre, los 800 millones de dólares perdidos por Ancap fruto de la pésima gestión iniciada en el año 2005, suma ante la cual el magro millón y medio de dólares ofrecidos a la empresa PILI parecen monedas de cambio, cuando no ridículo. Esta forma arbitraria de asignar recursos públicos deja en claro que para el Gobierno Nacional existen hijos y entenados y que merecen más apoyo los cooperativistas de la eximprenta Pressur de Nueva Helvecia –otros 6 millones de dólares quemados en la vela al socialismo mujiquista– que los actuales trabajadores de PILI. El dinero que sobró para quienes finalmente no fueron capaces de sostener un emprendimiento voluntarista no estuvo presente para apoyar a una empresa láctea auténticamente sanducera cuyo impacto económico y social tiene fundamental importancia.
Tal vez en los últimos días previos a la presentación del concurso voluntario faltaron de todos los partidos políticos (tanto del oficialismo como de la oposición) señales directas y claras que permitieran acelerar los tiempos necesarios para contar con fondos ofrecidos a través del préstamo a la empresa los que, además de insuficientes, llegaron tarde. Seguramente la acción coordinada y efectiva de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento Nacional y en la Junta Departamental, incluso a través de propuestas concretas formuladas por los técnicos de cada una de esas colectividades políticas hubiera sido un aporte fundamental para lograr una solución. Con los resultados a la vista, queda claro que sobraron declaraciones y apariciones en la prensa pero faltaron medidas conjuntas proactivas.
Ante la actual situación de PILI, los sanduceros debemos centrar nuestras esperanzas en un breve y exitoso proceso de reorganización de la empresa que le permita retomar en el menor tiempo posible un camino de crecimiento sustentable y duradero. Gran parte de ese logro depende de que los sindicalistas de la empresa Conaprole permitan el envío de los 100.000 litros de leche fresca que PILI necesita procesar para mejorar su situación. Como en tantos ámbitos de la vida nacional, los trabajadores sanduceros, los proveedores de la empresa y la comunidad sanducera en general asisten atónitos e impotentes a otra muestra de fuerza de la “casta sindical” (en este caso montevideana) que decide de acuerdo con sus caprichos mesiánicos el cierre de fuentes de trabajo ante la pasividad cómplice de un ministro de Trabajo para quien los empresarios son enemigos de clase y no generadores de empleos para las comunidades en las cuales actúan. Mal que le pese al ministro Murro, la realidad muestra que tanto en Uruguay como en el resto del mundo sin empresas no hay trabajo ni desarrollo posible.
En el mes de enero de este año, en un editorial titulado “Todos somos PILI”, sosteníamos lo siguiente: “Ante este panorama, los actores políticos, sociales y económicos de Paysandú deben unir sus esfuerzos para buscar entre todos una salida que le permita al departamento conservar una empresa de la cual dependen, según su propio sindicato, unas 600 familias entre trabajadores propios y de empresas relacionadas con la misma.” Siete meses después de haber publicado esas líneas, la situación de PILI ha empeorado y los desafíos que la misma enfrentará a partir del día de mañana en su calidad de empresa concursada no afectarán únicamente a sus accionistas y directores; se trata de una nueva etapa cuyos logros y reveses alcanzarán a sus proveedores (especialmente a los productores de leche), a sus empleados y a la sociedad sanducera en general.
PILI: el día después
