Mientras el sistema político, así como las organizaciones representativas de los sectores involucrados, siguen sin acordar un debate serio sobre la problemática del sistema jubilatorio, de vez en cuanto surgen escaramuzas entre algunos actores interesados, con visiones diferentes, algunas con buena dosis de realismo y otras en la que prima una distorsión ideológica que no se compatibiliza con esta sustentabilidad.
Un caso ilustrativo lo tenemos con los cuestionamientos que desde el Banco de Previsión Social (BPS) surgieron a partir de declaraciones del presidente de República AFAP, Luis Costa, sobre la necesidad en el futuro de aumentar la edad mínima de jubilación y los años exigidos de trabajo. Costa dijo que es necesaria una reforma del sistema previsional y que “con subir la edad solo no alcanza”, si no que “hay que ajustar otros parámetros”. Añadió que en la reforma “se van a tener que pedir 65 años (de edad) y 35 de aportes”, en vez de los 60 años de edad y 30 de aportes que rigen en la actualidad.
Ante estas expresiones, el directorio del BPS resolvió por unanimidad “enviar un comunicado a República AFAP, para obtener respuestas de si estas afirmaciones son personales del Sr. Luis Costa o del Directorio de República AFAP”, según indicó el representante de los trabajadores en el directorio del BPS, Ramón Ruiz.
Anteriormente, Ruiz había salido al cruce de Costa al señalar que subir la edad de retiro y los años de aporte es una “solución mágica” que no es “seria”. Además, afirmó, si los años de aportes requeridos se elevan de 30 a 35 “miles de personas nunca van a poder jubilarse”.
Más allá de emplazamientos que indican que se ha instalado en el país una especie de “comisarios del pensamiento” donde no puede haber voces disonantes, sin duda nadie es dueño de la verdad absoluta, sobre todo en una problemática compleja en la que naturalmente, todos queremos que el ciudadano esté en condiciones de retirarse –si así lo desea– a una edad temprana y con las menores exigencias, pero la realidad manda y existe un cuello de botella entre sustentabilidad y los recursos cada vez más grandes que demanda el sistema de seguridad social. Por otra parte, siempre hubo y habrá “miles de uruguayos” que no llegarán a acogerse a los beneficios de la jubilación, porque por distintos motivos fallecen antes de los 60 años que hoy se necesitan para lograrlo. Pero las estadísticas no se pueden discutir, y hoy Uruguay es un país envejecido, cuya expectativa de vida supera ampliamente los 65 años.
Por lo tanto, el tema debe estar instalado en toda su dimensión en la agenda, en lugar de que solo de vez en cuando surjan voces aisladas en defensa de sus respectivos puntos de vista, cuando la respuesta debe ser integral y considerada en todas sus implicancias. Con la salvedad, además, de que no es fácil formular previsiones sobre escenarios en el largo plazo, que pueden cambiar en menos tiempo del que puede pensarse, como indica la experiencia.
Y cuando está culminando un período de gobierno en el que evidentemente ya no hay tiempo para decisiones ni convocatorias –que deben hacerse en la forma más alejada posible del período electoral–, todo indica que la próxima administración deberá encarar la discusión de una reforma sobre los parámetros de la jubilación (edad de retiro, tasa de reemplazo y años mínimos de trabajo).
En alguna medida esta inquietud la ha puesto en más de una oportunidad sobre la mesa el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, con escasa repercusión entre los demás integrantes del gobierno.
Para el secretario de Estado, ese debate debe hacerse “en el primer año” del gobierno entrante, es decir alejado de la perspectiva electoral, pero no adelantó posibles instrumentos. Pero la diferencia entre visiones surge claramente de la reacción de la representación de los trabajadores en el BPS. Subir a 35 los años exigidos de trabajo formal implicaría que “miles de personas nunca van a poder jubilarse”, expresó Ramón Ruíz, y criticó que se plantee esto y subir la edad de retiro como “una solución mágica”.
También el presidente del BPS, Heber Galli, cuestionó que cambiar estos parámetros sea “la receta” para solucionar los problemas de la seguridad social. “¿Por qué cada vez que se habla de una reforma de la seguridad social lo único que se piensa es en endurecer las condiciones de acceso a las prestaciones?”, se preguntó en declaraciones publicadas por La República. A su vez, El País trajo a colación reflexiones del economista Gabriel Oddone, quien manifestó en una disertación que “la dinámica insostenible” del gasto público deja “mucha presión a la próxima administración”, que deberá discutir una reforma del sistema que involucre no solo al BPS sino también a las cajas paraestatales.
Por su lado el economista e investigador de temas de la seguridad social, Alvaro Forteza, dijo que “parece bastante claro que es necesario una revisión” de los criterios y parámetros jubilatorios. Esto por “una cuestión normal de la propia demografía” ya que “la población vive más y está teniendo menos hijos”, dos realidades que “presionan a la seguridad social, por un lado aumentando la cantidad de años que la persona vive después del retiro, y la baja natalidad haciendo que sea menor la relación entre activos y pasivos”.
En la misma línea, un informe del Observatorio de Seguridad Social del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) divulgado recientemente, que analizó el gasto en pasividades, identifica factores que lo determinan, que son pluripasividad, cobertura, dependencia, mercado laboral y generosidad.
Del análisis de cada uno de esos factores, surge que “desde 2009 a la fecha el gasto en jubilaciones del BPS ha crecido como porcentaje del PBI, a impulso fundamentalmente del incremento en el número de jubilados en relación al de personas de 60 años o más (cobertura), al aumento de la proporción de personas de esa edad en el total de la población en edad de trabajar (dependencia), y al crecimiento del ratio entre la jubilación promedio y la productividad laboral de la economía (generosidad)”.
Esa tendencia creciente de los tres factores fue “mitigado” hasta el 2012 por el mercado laboral, pero desde ese año “también comenzó a presionar al alza al gasto en jubilaciones” producto de la desaceleración de la economía que afectó el empleo, según Cinve.
Y este es precisamente el punto: el sistema cruje cuando decae la actividad económica, porque se reduce el número de aportantes y los montos, y por lo tanto hay menos disponibililidad de recursos para el pago de las prestaciones –que no son solamente “jubilaciones”– habida cuenta de que en el sistema “solidario” del BPS, las actuales pasividades se pagan por quienes aportan hoy para jubilarse en el futuro, en tanto en el cuestionado sistema de las AFAP –por los ideólogos de izquierda–, cada trabajador aporta a su propia cuenta personal para recibir ese dinero cuando se acoja a la pasividad.
En realidad no son muchas las opciones que se abren para una reforma realista del sistema previsional, y no hay salidas buenas, sino más o menos malas, según el punto de vista de los actores. Porque al fin de cuentas se trata de hacer el mejor uso posible de los (insuficientes) recursos con que pueda contar el sistema.
Sustentabilidad, para no apagar incendios en la seguridad social
