El presente informe, que establece con claridad que las compras estatales en general, y de la Intendencia Departamental de Paysandú, utilizan la licitación pública como un elemento residual de compra –prefiriendo el mecanismo de compra directa– es posible a partir del estudio sistemático de la consultora Proyecta y Desarrolla.
La misma es dirigida por la socióloga Rosario González y entre sus proyectos estudia las memorias anuales del Tribunal de Cuentas de todos los departamentos del Interior.
En el Centro Comercial e Industrial, en un foro convocado por Un Solo Uruguay se conoció por primera vez parte del estudio. Posteriormente fue presentado en la Comisión de Hacienda de la Junta Departamental y no pudo concretarse una entrevista con el Departamento de Administración de la intendencia.
Al conocerse la Memoria del Tribunal de Cuentas 2017, referido al período 2016, según el desglose realizado por Rosario González, es posible la redacción del informe en los términos que siguen.
EL INFORME
Anualmente la Intendencia Departamental de Paysandú concreta unas 6.200 compras de muy diferentes productos, obras y servicios. De ese total, en la actual Administración, solamente se licitan entre el 0,8% y el 1% anual. Esto es, alrededor de 60 compras. En los primeros ocho meses del año hubo 16 licitaciones. La cantidad anual de compras se establece conociendo el número de la última compra de diciembre, pues cada año comienza con la número 1.
Un programa informático de inscripción de todas las compras de la intendencia sanducera fue incorporado durante la Administración Álvaro Lamas (2000-2005) a partir de un convenio con la Intendencia de Montevideo. Comenzó a utilizarse durante el período de Julio Pintos (2005-2010) y continuó en la Administración Bertil Bentos (2010-2015) y la actual.
En promedio, Pintos licitó unas 50 compras anuales; Bentos unas 120 por año; y Caraballo unas 60 por año. En los tres casos la cantidad es residual.
Esto significa que la gran mayoría de compras se definen por el sistema de compra directa, que es un mecanismo permitido por el Tocaf. No obstante, se establece un límite claro y concreto, de $436.000 por cada operación. Además, en muchos casos es posible fragmentar determinadas compras, de forma de eludir esta limitación sin caer en infracción, aunque claramente va contra el espíritu de la norma.
Pero lo que surge es preocupante, no necesariamente por la cantidad de compras directas que se hacen, sino el mecanismo que se utiliza, y que queda al descubierto cuando se accede a la documentación oficial. El sistema permite inferir que hay una concentración muy sólida de las compras en pocos privilegiados proveedores, a los que habitualmente se les adquiere sus productos o servicios. No hay un efecto de derrame de los dineros públicos en la sociedad a través de sus comercios e industrias. Lo que sería especialmente necesario en las actuales condiciones, con una sustancial reducción de compras por falta de dinero. Únicamente sigue en aumento el crédito al consumo, que a la larga perjudica a la plaza porque provoca el endeudamiento sistemático de las personas. Por otra parte, al no haber competencia no existe certeza de que se estén logrando las mejores opciones desde el punto de vista administrativo.
¿Cómo se logra esa concentración? En primer lugar, convocando a un solo proveedor a que presente precios. Eso está comprobado y ha sido sistemáticamente observado por el Tribunal de Cuentas. En 2016 las observaciones fueron más de 1.000, pero el Ejecutivo hizo caso omiso a las mismas, reiterando el gasto, esto es continuando con las compras en la misma manera que se venían realizando.
“Se han efectuado compras sin los correspondientes llamados a licitación. Al no tener en cuenta las necesidades de suministro para todo el ejercicio se omitió la aplicación de procedimientos de contratación que hubieran correspondido”, indicó la Memoria Anual del TC. “Se recomienda adoptar las medidas necesarias para contratar los suministros o servicios de forma de facilitar la presentación del mayor número posible de oferentes, teniendo en cuenta el procedimiento de contratación que corresponda”, agregó.
En consecuencia, el único proveedor –al no tener otro precio para contrastar su oferta– siempre gana la compra directa y se vuelve un proveedor habitual sin esfuerzo y al margen de lo establecido.
PARTICIÓN DE COMPRAS PARA MANTENERLAS COMO DIRECTAS
Las compras directas no siempre respetan el monto máximo establecido por el TC, aunque el método utilizado dificulta su descubrimiento. Lo que se aprecia con mucha frecuencia es la partición de las compras. Uno de los ejemplos claros fue algunas compras realizadas para la construcción de 100 viviendas para realojos. En el caso de ventanas, se las dividió en interiores, exteriores y por el estilo y se otorgó a un mismo proveedor por resoluciones del mismo día que si se suman superan el monto total permitido. También se aprecia en ladrillos, que se dividieron en de campo y espejo. De nuevo, sumados, no podrían haberse concretado por compra directa.
Hay un caso en que a un solo proveedor se le firmaron 12 compras en un mismo día, siendo el único al que se le pidió precio. En el sitio www.comprasestatales.gub.uy se puede apreciar con claridad, al buscar las compras directas registradas (no son en realidad muchas) que ocurre lo mismo en compras en rubros que están relacionados con los comedores sean municipales como de los CAIF. Se registra un solo pedido de precios y a ese se le otorga la compra.
Pero hay muchas otras compras que no aparecen ni como directas ni en ninguna otra de las categorías, aunque que es evidente que la intendencia las compra. Esto se aplica a todos los departamentos, aun cuando hay más casos en Servicios y en Obras, pero esto también corresponde a que son los dos con mayor cantidad de compras en general.
Hay proveedores que por compra directa obtienen unos diez millones de pesos al año, siendo los únicos a los que se les pide precio. Tomando en cuenta que en 2016 el dólar promedio fue de 30,5 pesos, la intendencia otorgó a unos pocos entre 27.000 y 30.000 dólares cada mes.
ASIENTOS CONTABLES POR TODA PRUEBA
Hay un apartado que preocupa aun más y es el uso de los fondos extrapresupuestales, las partidas que provienen de organismos nacionales e incluso internacionales para la ejecución de obras.
Cuando se comienzan a comparar los precios de una cuadra de bitumen se establece que el segundo año de la comparación la suba es bastante por encima de la inflación. Lo mismo ocurre en caminería rural. Eso llevó años atrás al BID, que otorga parte del dinero, a pedir que todas fueran licitadas, lo que fue rechazado por el Congreso de Intendentes porque eso tercerizaría el total de obra de caminería rural.
En el caso de Paysandú se recuerda cómo en esta misma Administración se generó una fuerte polémica porque algunos municipios rechazaban haber recibido obras o productos para realizarlas por el monto establecido por la Intendencia de Paysandú.
Un documento firmado por la contadora María Mastrascusa, delegada del Tribunal de Cuentas del 28 de abril de este año, puede arrojar luz sobre ese diferendo. Porque revela que la intendencia no aportó siempre las boletas (u órdenes) respectivas para la comprobación de los montos ejecutados, sino que en su lugar presentó asientos contables sin posibilidad de comprobación.
Por ejemplo, el citado documento establece que “se contabilizó por asiento contable, en base al informe técnico enviado por el Departamento de Obras, Asiento Contable número 26.646” así como otros números.
De todas maneras, los fondos extrapresupuestales tomaron eso como aceptable, certificaron la obra y enviaron el dinero, que les fue descontado a los municipios de sus fondos previstos, como obra ejecutada. Pero queda claro –porque fue un debate público– que hay municipios que reiteradamente han señalado que no se realizaron las obras indicadas ni en su lugar tuvieron las partidas de dinero respectivas.
ENORME SUMA DE DINERO
De acuerdo al estudio sistemático de las Memorias Anuales del TC se puede determinar que si se realizara correctamente el procedimiento de compra directa, con un pedido de precios de al menos a tres proveedores, y de llamado a licitación cuando correspondiera, se podría reducir en un 20% el gasto general en que incurre la intendencia. Pero mucho más importante, podría derramar a la sociedad con mayor eficiencia unos 12 millones de dólares. Esto es igual al 66% de las compras que deberían ser licitadas por superar el monto máximo de compra directa que, como se ha indicado, se la disfraza en varias resoluciones dictadas el mismo día a beneficio del único proveedor al que se le pidió precios.
LAS NUEVAS EXIGENCIAS
Asimismo, las nuevas reglas que la intendencia exige a los proveedores solamente pueden tener como consecuencia una aun mayor concentración de proveedores favorecidos con las compras. Es evidente que estos también deberán cumplir esas disposiciones, pero con un ingreso asegurado de 30.000 dólares por mes, no representará un problema.
Por otra parte, es evidente que muchos de los puntos de la reglamentación no podrán serles exigidos a proveedores de otros departamentos, o a algunas empresas de gran porte que tienen múltiples plantas en distintos puntos de la ciudad o dentro y fuera del país, lo que en sí será injusto.
En cambio, muy diferente será la situación para proveedores nuevos o que intentan comenzar a competir por venderle a la intendencia que, cual trapecistas sin red, deberán invertir dinero que en las actuales circunstancias difícilmente pueda recuperarlo, más aún teniendo en cuenta la forma en que se administran las compras actualmente y que no existen garantías de que el procedimiento cambie.
