Paysandú vive un largo, penoso y sostenido declive de su capacidad productiva y de las fuentes de trabajo que genera la actividad privada, motor fundamental de la economía, aún en las doradas cubanas donde los hoteles de las cadenas internacionales han reemplazado el sueño mesiánico de basar la economía de un país en un monocultivo (la caña de azúcar) que solo ha generado puestos de trabajo de baja calificación y salario.
En menos de cuarenta años nuestro departamento ha perdido miles de puestos de trabajo directos e indirectos y casi toda su capacidad industrial, como consecuencia del cierre de empresas como Paylana, Cármica, Famosa, Sandupay, Aceitera del Litoral, así como un declive notorio e inexorable de los puestos de trabajo en Azucarlito, Paycueros y Norteña. A todo eso suma la incierta situación que atraviesa la empresa PILI, cuyo concurso determinará su viabilidad o su cierre definitivo, y los problemas que enfrenta Azucitrus.
Adicionalmente, y en contraposición a lo que sucede en departamentos como Canelones, Maldonado o Colonia, la actividad industrial sanducera está fuertemente centralizada en su capital departamental. De acuerdo con el estudio “Caracterización industrial regional del Uruguay” publicado en el año 2017 por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República –cuyos autores son Adrián Rodríguez Miranda y Florencia Beder– Paysandú presenta un “elevado desequilibrio territorial de su desarrollo industrial” y “ninguno de sus municipios presenta actividad relevante”. Se trata ni más ni menos que un ejemplo de centralización dentro de otra centralización, de mayor base territorial y de alcance nacional.
A nivel nacional, la situación tampoco ha mejorado, especialmente si tenemos en cuenta que hace casi un año, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, señalaba que el país “debe estar preocupado por el empleo, que viene con retraso con respecto a otras variables económicas porque la tasa de empleo ha tenido caídas importantes en los últimos tiempos. Esto el país lo tiene que encarar a la luz de los nuevos tiempos y a la luz de la coherencia con los demás instrumentos de la política económica y, naturalmente, con una política que no puede dejar de percibir la tensión de las cuentas públicas que hay en el país en estos momentos. Y tiene que tener la posibilidad de controlar y manejar ese resultado fiscal con las metas que se ha trazado, con mucha prudencia, de llegar a un déficit fiscal de 2,5% del PBI al final de este período”.
Un año después, la situación del país es peor que la pronosticada por Astori, ya que el Gobierno no solo no pudo controlar el déficit fiscal (que actualmente se sitúa en el 4%) sino que lo aumentó a través de un proyecto de Ley de Rendición de Cuentas que aumenta los gastos de un Estado cuya voracidad fiscal parece no tener límite.
Para no bajarse del 2,5% anunciado por Astori en 2017, el Gobierno realizó una pequeña y casi imperceptible “engaña pichanga”: postergó un año su compromiso de alcanzar ese porcentaje y lo ubicó en el 2020 o sea o sea por fuera del período de gobierno que termina el 1º de marzo de 2020.
Ajeno al desempleo que azota al país y en especial a Paysandú, el ministro Murro presta atención únicamente a su ambición personal de transformarse en el próximo presidente uruguayo. Embriagado por el visto bueno que le otorgó el expresidente José Mujica y sintiéndose “el caballo del comisario”, Murro se dedica únicamente a las actividades que le resulten redituables desde el punto de vista electoral y en esa carrera electoral en la cual se ha embarcado, inaugura seminarios, declara ante la prensa y realiza anuncios rimbombantes que aseguren sus permanencia en los medios de comunicación a cualquier precio.
Poco le importa al ministro Murro el impedimento constitucional que, de acuerdo con el artículo 195 de nuestra carta Magna, lo inhibe para ser candidato presidencial en las elecciones de 2019, traba que ha sido reconocida no solo por destacados académicos como los catedráticos en Derecho Constitucional Martín Risso y Ruben Correa Freitas, sino también por el diputado frenteamplista Luis Gallo, quien afirmó que “es muy claro que no puede ser” candidato. El mencionado artículo establece que los directores del Banco de Previsión Social (Murro fue presidente de ese organismo hasta el 14 de febrero de 2015) “no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un período de gobierno desde su cese”, lo que tendría lugar recién en el año 2020.
A fuerza de ser justos, es necesario mencionar que la candidatura de Murro no solo cuenta con el apoyo de Mujica sino también con el beneplácito del presidente Tabaré Vázquez, quien ante una consulta del propio Murro sobre alguna posible incompatibilidad en su doble condición de Ministro y candidato frenteamplista recibió una clara y contundente respuesta: “Seguí tranquilo”, según comentaron al diario “El Observador” fuentes allegadas al propio Murro.
Para sorpresa de todos los uruguayos, que esperan que un ministro se concentre en las tareas propias del cargo para el cual fue designado, Murro ha señalado que está disfrutando del “precioso momento” de ser precandidato presidencial y que, más allá de lo que pase “si hubiera dicho que no, al otro día no podría mirarme al espejo”.
Lo que olvida el ministro es que existen miles de uruguayos que sufren las consecuencias de un aumento del desempleo en los últimos años y que tanto ellos como sus familias –al contrario de lo que sucede con Murro– no están viviendo “un precioso momento” sino que atraviesan las zozobras y angustias propias de la falta de trabajo.
Hablar de un “precioso momento” en una situación de crisis del empleo de todo el país resulta una muestra flagrante de frivolidad. Si el ministro le puede dedicar a situaciones como PILI solamente una parte del día (aquella en la cual no está desarrollando su campaña electoral o disfrutando del “precioso momento” que según él está viviendo) queda claro por qué las soluciones para los trabajadores de la empresa sanducera llegaron tarde y mal y no sirvieron para evitar que se viera obligada a presentarse a concurso judicial.
Transformado en una guardia pretoriana desde el año 2005, el movimiento sindical protege a Murro y se encarga de controlar y pagar cualquier reclamo obrero que moleste al gobierno frenteamplista. Los que ayer decían defender los intereses de los trabajadores hoy ni siquiera guardan las formas, y el sentimiento de impunidad que demuestran hace que no sientan la necesidad de ocultar que son la fuerza de choque de una fuerza política cuyo único objetivo es lograr un cuarto período consecutivo al frente del Poder Ejecutivo.
Así las cosas, los sanduceros debemos tener el coraje de exigir la presencia del hoy candidato Murro en Paysandú para que dé la cara y explique cuáles son las medidas concretas que impulsa su cartera ministerial para combatir el desempleo en todo el país y especialmente en Paysandú. Va siendo momento de que el precandidato presidencial abandone por unas horas los confortables sillones de su despacho para tomar contacto con la realidad de los desempleados o de quienes se encuentran en seguro de paro y para que vea que se trata de seres de carne y hueso que sufren y que no están pasando un “precioso momento” como él.
Al menos existe un consuelo para los sanduceros: cuando empiece la campaña electoral con seguridad veremos a Murro, el ministro ausente, visitar el departamento para tratar de ganarse con promesas los votos que no supo ganarse con una gestión basada en una legítima preocupación por el desempleo departamental. El político británico Winston Churchill expresó en cierta ocasión que “el problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles sino importantes”. Queda claro que en el caso de Murro la obsesión es colocarse la banda presidencial el 1º de marzo de 2020, sin importar si su desempeño aporta a la solución de los problemas reales de la gente.
El ministro Murro debe dar la cara en Paysandú
