A esta altura se han vertido ya océanos de tinta con información y análisis sobre el escenario y consecuencias del cambio climático sobre los recursos naturales y la vida en el planeta, pero sin embargo las acciones que se enmarquen en eventuales correctivos no acompañan esta inquietud, y como regla general las naciones que más contaminan el medio ambiente son las que pretenden soslayar la gravedad de la problemática, para justificar su actitud prescindente.
América Latina, que depende como nadie de sus recursos naturales, teniendo en cuenta que en el subcontinente se generan amplias extensiones con explotaciones primarias, tiene mucho que perder y consecuentemente para hacer, con el objetivo de preservar sus recursos. Sobre todo consolidar la etiqueta que por ahora mantiene de reserva ecológica y de capacidad de producción de alimentos en base a sus posibilidades y ventajas comparativas.
En este escenario los ministros de Ambiente y representantes de 28 países latinoamericanos y del Caribe acordaron este sábado acelerar sus políticas contra el cambio climático para evitar una “catástrofe” y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
Así, la XXI Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de la región, que tuvo lugar desde el martes en Argentina, concluyó con la firma de la Declaración de Buenos Aires, en la que los participantes fijaron las prioridades para los próximos años en las áreas de cambio climático, contaminación, biodiversidad y ecosistemas, y eficiencia de recursos.
En un comunicado, se dio cuenta que en este Foro se pactó intensificar los esfuerzos para reducir la basura marina, acelerar la acción climática, potenciar la cooperación para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, y transitar hacia la producción y el consumo sostenibles.
Los ministros no ocultaron su “preocupación” por el reciente informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que alerta sobre los efectos de un calentamiento de la Tierra de entre 1,5 y 2 grados para finales de siglo, por lo que llamaron a emprender políticas “urgentes y ambiciosas” en línea con los Acuerdos de París para evitar la “catástrofe climática”.
En este contexto llamaron a impulsar la planificación y aplicación de medidas de adaptación, fortalecer los negocios innovadores, promover políticas a favor de tecnologías limpias y la movilidad urbana sostenible, y aumentar el apoyo a los pequeños estados insulares en desarrollo.
Asimismo, recordaron a los países más desarrollados sus “compromisos de cooperación financiera” acordados en París.
En lo que refiere a la contaminación, que fue otro de los ejes del encuentro, la convocatoria apunta a establecer planes nacionales y regionales contra la basura marina a través de restricciones al plástico, la investigación y el desarrollo de materiales alternativos, la gestión racional de desechos y el monitoreo de la calidad del agua en las distintas etapas de su recorrido al mar.
Asimismo, las naciones latinoamericanas pidieron a las Naciones Unidas apoyo para constituir un grupo de trabajo que contribuya al cierre de los basurales informales, “una práctica que amenaza la calidad de los recursos naturales de la región y la salud de sus habitantes”, y lo que no escapa ningún país de la región, donde hay vertederos al aire libre que contaminan el suelo, el aire y las aguas a su alrededor.
Otro punto incluido en el acuerdo, que involucra la producción y el consumo, es el de fortalecer el diseño de políticas que favorezcan los patrones sostenibles en este campo, tomando como base el conocimiento científico, y pidieron apoyo financiero internacional para desarrollar un programa al respecto.
Finalmente, los países del grupo instaron a crear y expandir áreas protegidas para alcanzar las Metas de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica para 2020, y a “aumentar la calidad de la conversación” sobre biodiversidad y ecosistemas.
Bueno, si de conversación se trata, y en este caso de calidad, seguramente se trata de un tiro por elevación para que los grandes contaminantes adquieran más compromisos y los cumplan, porque de eso se trata, de compromiso y de abrir la billetera, si se tiene en cuenta que las medidas para reducir la polución requieren más investigación e inversiones para incrementar la inocuidad y mitigar los efectos.
Porque se suceden los foros y las declaraciones, y una vez que se pasa raya se asume que los llamados han sido acatados solo parcialmente, en el mejor de los casos, y se postergan las metas acordadas, aún modestas.
Ya hace unos meses, por ejemplo, los 195 países del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el mayor órgano científico que evalúa este fenómeno, acordaron los esquemas de dos nuevos informes que ayudarán a diseñar políticas para combatir el calentamiento global. Los expertos revisaron la información científica existente para la elaboración de dos informes especiales sobre cambio climático, uno enfocado en océanos y criósfera, y el otro en desertificación, seguridad alimentaria, manejo sustentable y flujos de gases de efecto invernadero.
Estos informes, que serán terminados en 2019, “proporcionarán a los responsables de elaborar políticas la sólida evidencia científica que necesitan para formular políticas robustas que aborden el cambio climático y sus impactos y riesgos”, indicó Hoesung Lee, presidente del IPCC.
Se entiende que los informes permitirán a los gobiernos reflexionar “cómo sostener la capacidad de los recursos de la Tierra para mantener nuestras sociedades frente el cambio climático, y cómo pueden reducirse las emisiones del sector de la tierra sin comprometer otros objetivos de desarrollo”.
En estos años hay parámetros de carácter político que han cambiado, habida cuenta de que por ejemplo en su quinto informe de evaluación, concluido en 2014, el IPCC dijo que limitar el aumento de la temperatura media global a dos grados para finales de siglo requeriría fuertes reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero.
Pero el advenimiento a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, entre otros factores, ha sido un impacto negativo en las proyecciones que han trazado los expertos, al punto que Trump prometió en su momento “poner fin a la guerra contra el carbón”, al ordenar una revisión del Plan Energía Limpia, que había sido lanzado por su antecesor Barack Obama y que impone a centrales eléctricas una drástica reducción de sus emisiones de carbono.
No es un tema menor por venir de donde viene, teniendo en cuenta que estamos ante la primera potencia económica mundial. En lo que tiene que ver con evaluaciones y decisiones políticas, tenemos que si bien los países en desarrollo no son los principales responsables de las emisiones que causan el calentamiento global, sí son vulnerables y tienen serias limitaciones económicas para mitigar las consecuencias y actuar con una mirada preventiva.
En este contexto, las respuestas posibles por un lado refieren a poder acelerar las acciones para la incorporación de las energías renovables a la matriz, y pese a las dificultades que pueda implicar una redefinición del aparato productivo en base a la realidad a la que se pretende llegar, el mundo, incluidos los países en desarrollo, deben transitar inevitablemente por la vía de optimizar el uso de la energía.
Un aspecto positivo para América Latina es que teniendo en cuenta que en esta dirección debe apoyarse con énfasis el enfoque de sostenibilidad social y ambiental en el subcontinente, en los últimos años los bancos comerciales de la región también han descubierto las oportunidades de la denominada economía verde, con una oferta creciente de líneas de financiamiento verde y la presencia cada vez más notable de la banca local en el financiamiento de infraestructura amigable con el medio ambiente.
Acelerar políticas contra el cambio climático
