(EL PAIS)
La recientemente votada ley para personas trans ya encuentra resistencias y hay quienes analizan iniciar una campaña de recolección de firmas para conseguir la derogación de la iniciativa que hace parte de la llamada “agenda de derechos” que promueve el Frente Amplio.
La norma se terminó de sancionar en la Cámara de Diputados en la madrugada del viernes, luego de diez horas de discusión. Se aprobó por 62 votos en 88 legisladores presentes. Contó con el apoyo del Frente Amplio, seis diputados nacionalistas, cuatro colorados, dos del Partido Independiente, Carlos Pérez (Unidad Popular) y el excolorado Fernando Amado. “Estamos evaluando y probablemente tomemos acciones que tienen que ver con la derogación por medio de iniciativa popular, teniendo en cuenta que hay una buena parte de la población que está en contra”, dijo a El País Ana Laura Benavídes, vocera del grupo que entregó 40.000 firmas al Parlamento en contra de la norma.
Según dijo, la resolución no se tomó y “se está conversando”. “Se tienen que recolectar firmas, lo estamos evaluando como una posibilidad”, explicó. El antecedente que tienen a favor es que se recolectaron en una semana 40.000 firmas “sin apoyo estatal”. Benavídes fue la que personalmente entregó un bibliorato con las firmas ante la comisión de Población del Senado, para que fueran tenidas en cuenta como “insumo” a la hora de la discusión del proyecto remitido por el Ministerio de Desarrollo Social.
Destacó que tuvieron el cuidado de que no firmaran menores de edad “por respeto a la legalidad” y agregó que cada planilla tenía un encabezado donde se explicaban las razones para firmar, a pesar de que legisladores oficialistas cuestionaron la falta de información de los que apoyaron la causa. Por ejemplo, el senador Marcos Otheguy (Rumbo de Izquierda) consideró en su momento que la convocatoria a firmar contenía “inexactitudes” acerca del texto del proyecto. Por otro lado, Benavídes aseguró que en la recolección de firmas a favor de la ley –impulsadas por colectivos LGBTI– se aceptó la adhesión de menores de edad. “La de ellos fue una juntada de firmas con apoyo gubernamental, con la Marcha de la Diversidad en el medio y solo juntaron 60.000 firmas. Es obvio que es mayoría la gente que está en contra de la ley, que la que está a favor”, aseguró.
El proyecto aprobado autoriza la hormonización en menores de edad sin el consentimiento de sus padres, así como también el cambio del nombre legal de la persona. Además establece un régimen reparatorio para las personas nacidas antes de diciembre de 1975 que, por causas relacionadas a su identidad de género, hayan sido víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad durante la dictadura.
