Desde hace dos años –al menos– el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se enfrenta a su propia fuerza política con la insistencia en el aumento de las penas a los menores. Tanto que el oficialismo ya se cuestionaba a mediados de 2016 la “obsesión de algunos con el tema”, en el marco de un encuentro realizado entre el presidente Tabaré Vázquez y el sistema político por la inseguridad ciudadana, pero con enfoque en los adolescentes en conflicto con la ley.
En aquellos encuentros, la oposición estaba alineada bajo una misma bandera. Sin embargo, el ministro Bonomi propuso la reconsideración de un proyecto presentado en la legislatura anterior que modificaba el Código de la Niñez y la Adolescencia para duplicar las penas en delitos gravísimos cometidos por jóvenes de 15 a 17 años. Una propuesta que jamás resultó aprobada por la resistencia de la bancada oficialista.
También en ese momento, los blancos plantearon duplicar las penas mínimas y máximas para casos de homicidios y delitos gravísimos a fin de “garantizar la rehabilitación” de los menores. Incluso insistieron en conservar los antecedentes, una vez cumplida la mayoría de edad, responsabilizar penalmente a los padres de los adolescentes infractores y extender a los menores la reducción de penas por trabajo o estudio, con la creación de un registro de violadores y abusadores de menores. Los colorados, por su lado, querían una revisión total de la normativa vigente en el código y que el incremento de las penas se usara para la rehabilitación de los adolescentes infractores.
Pero en las últimas horas, el tema volvió a los titulares bajo el mismo reclamo del secretario de Estado pero a raíz de una resolución judicial, adoptada por la fiscal Darviña Viera. La fiscal entiende en la causa del asesinato de Claudia Ferreira, la trabajadora de una estación de servicio de Neptunia, que murió a manos de una adolescente de 17 años. Viera no pidió la pena máxima de cinco años porque cree que tres años en el Inisa es una condena justa y además, en su decisión, pesó el hecho que la homicida no tenía antecedentes.
Según la fiscal, cuando se registran antecedentes –como el caso de Inti Lois de 8 años, asesinado en Pinamar Norte– solicita las penas máximas de reclusión. Y en cuanto al hombre que acompañaba a la adolescente y conducía la moto usada en el hecho, la fiscal dijo que tomará una decisión en los próximos días.
El ministro fue consultado en una rueda de prensa improvisada sobre la resolución de la fiscalía y nuevamente reiteró su postura de eliminar la reducción “automática” a un sexto de las penas aplicadas a los mayores de edad, además de la necesidad de crear un “Código Penal Adolescente propio”.
Desde la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, que blancos y colorados presentaron con 367.000 firmas, a una batería de 15 medidas para combatir la inseguridad y promover la convivencia abordada por el Poder Ejecutivo, se ha discutido hasta el hartazgo sobre la necesidad de un abordaje al perfil delictivo adolescente.
Sin embargo, con la aprobación de la Ley 19.055, se establece la pena mínima de un año para autores de delitos graves como homicidio intencional, lesiones gravísimas, violación, rapiña o privación de libertad y secuestro. En aquel momento, el fiscal de adolescentes Gustavo Zubía también reclamaba penas más duras para los menores infractores. No obstante, por esos días, Unicef plantaba su bandera de discordancia con la iniciativa impulsada por la oposición que finalmente no avaló la ciudadanía en 2014.
Como sea, ante un incremento en los índices delictivos y los casos de homicidios, la habilitación de nuevas cárceles y la instalación de operativos especiales –con patrullaje policial incluido– no han servido para mitigar el problema. Los sucesivos ministros del Interior –incluido Bonomi, que lleva ocho años en el cargo– coincidieron en que la seguridad pública es difícil de abordar, en tanto se refleja un cambio cultural que fomenta nuevas prácticas delictivas.
Según Bonomi, la polémica está centrada en la forma de tratar las políticas sociales y de seguridad, que “a veces se discuten en término de unas u otras y para mí son unas y otras”, asegura. Claro que el ejemplo que usa es poco ortodoxo porque refiere a los operativos realizados en la zona de Los Palomares de Casavalle, donde la policía fue secundada por los ministerios de Desarrollo Social, de Vivienda, entre otros organismos. El operativo es liderado por el sociólogo Gustavo Leal, quien además es director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
El asesor ministerial desembarcó con la aplicación de una política que esquiva la izquierda desde hace largo tiempo y no desea siquiera mencionar, porque cuando se habla de “mano dura”, caen todos a la vez a discutir bajo un mismo formulismo que resulta aburrido y desolador.
Sin embargo, Leal aplicó “mano dura” y sin miramientos hasta tal punto que resultó amenazado por la banda de narcos que dominaba el lugar. Ahora hay que levantar los escombros de un fenómeno que “probablemente se dejó crecer demasiado”, dijo el sociólogo. Incluso anunció que el mismo operativo se replicará en otras zonas.
Porque para Leal “hay una agenda de derechos y una de responsabilidades, y no es contradictoria una cosa con la otra”, en tanto el ministerio no debe temer en el ejercicio de la autoridad.
Y aclaró que tampoco acepta “que se intente explicar la situación del crimen organizado en base a los problemas sociales. Hay un componente que tiene que ver con eso, pero hay decisiones que la gente toma. Estoy cansado de que cuando se toman decisiones hacia el crimen, la culpa sea de la sociedad”. Si lo hubiese dicho un opositor, la vocinglería aún se escucharía en los pasillos del Parlamento, pero lo hizo un funcionario respetado y con formación académica que no escatima esfuerzos en demostrar que la “mano dura” se aplica igual en un estado de Derecho.
Porque las medidas de acciones positivas tienen un lugar para quienes se encuentran en vulnerabilidad social, pero los desbordes permitidos y las excesivas reconsideraciones enfrentarán inexorablemente a una sociedad que tenderá a dividirse entre buenos y malos.
