Perdemos competitividad mientras se nos ríen en la cara

El anuncio de la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, advirtiendo que de acuerdo a los números que maneja Ancap se debería disponer una nueva suba en el precio de los combustibles, se da precisamente cuando los actores de la economía hace rato que están en proceso de ajuste y sobreviviendo, en el mejor de los casos, entre escasos márgenes de rentabilidad, cuando lo tienen, y a la vez prescindiendo de personal con envíos al seguro por desempleo, reduciendo horas y en casos extremos con desafectación de empleados cuando entienden que el proceso es irreversible de otra manera.
Las reacciones ante esta posibilidad cierta no se han hecho esperar, y por ejemplo tenemos que el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, se mostró preocupado ante la posibilidad de que el gobierno resuelva aplicar un nuevo aumento en el costo de los combustibles.
En declaraciones a Subrayado, Murara expuso que “con la pérdida de competitividad que tenemos y un combustible que regionalmente es muy alto, otra suba nos va a alejar más en los costos”. El empresario dijo que “el gobierno está preocupado por la suba del tipo de cambio del petróleo y Ancap podría empezar a entrar en números rojos”, pero “esa misma preocupación la tienen todas las empresas y el empleo que las mismas generan”.
Murara indicó en la entrevista que la preocupación que tiene el sector industrial ante esta medida es la misma que tienen las empresas de todos los rubros y que tendrá consecuencias en la generación de empleo. Además, cuestionó que el gobierno no tenga los mismos criterios en Ancap y en UTE a la hora de definir el aumento de las tarifas al fundamentarlo en su situación financiera. “UTE, por ejemplo, está con los números bien negritos y hay ajustes de suba aunque tenga utilidades muy importantes. Nos preocupamos mucho cuando hay números rojos de un lado, pero cuando hay números muy positivos por el otro no se benefician nada ni la producción ni el empleo ni la población”, expresó Murara.
Las gremiales empresariales vinculadas al agro, por su lado, advirtieron que una posible suba del combustible “atenta nuevamente contra la competitividad” de la producción uruguaya.
A través de un comunicado, las gremiales rurales nucleadas bajo el lema “Campo unido” señalaron que la posibilidad de un ajuste al alza en el combustible perjudicará a la producción, “que ya hace tiempo se encuentra comprometida dado los altos costos”.
Las gremiales señalaron que “Uruguay repite desde hace ya mucho tiempo la lógica de precios de combustibles más altos comparados con la región”. Recordaron que el precio del gasoil y la nafta superan en 40% y 50% respectivamente los promedios regionales.
“Todo este tiempo el sector productivo ha asumido la suba de tarifas y de otros costos, sin poder trasladar estos incrementos”, reclamaron las gremiales.
En ese sentido, consideraron que “los organismos del Estado y en especial las empresas públicas deberían actuar en la misma línea, obligados a lograr eficiencias que permitan el desarrollo de la actividad y el cuidado de puestos de trabajo”.
El comunicado “llama a las autoridades nacionales a evaluar las consecuencias que un nuevo ajuste tarifario tendrá sobre la producción y el trabajo uruguayo, e insiste en la necesidad de adoptar de manera inmediata políticas de desarrollo económico y social que devuelvan la competitividad perdida, en lugar de seguir adoptando medidas que solo paralizan más y más al país y llevan a más pérdida de empleos, endeudamiento y cierre de emprendimientos productivos en todo el país”.
El origen de estas repercusiones estuvo en declaraciones de la ministra de Industria y precandidata presidencial del Frente Amplio, Carolina Cosse, quien manifestó en rueda de prensa que “estamos muy presionados por la realidad, porque aumenta el tipo de cambio y con el precio del barril que excedió de alguna manera el promedio estimado para este año”.
“Vamos a ver. No sé para cuándo porque estamos trabajando todos los días en esto. Así que cuando esté la definición, la van a saber”, había dicho Cosse.
Ocurre que no es poca tener desde hace ya mucho tiempo los combustibles más caros de la región, sobre todo en el caso del gasoil, que está un 50 por ciento más caro que en la Argentina, a lo que se agregan otros energéticos en los que también estamos al tope en la región, como el valor de la electricidad. Y mucho más aún si le agregamos serios problemas en infraestructura y logística, así como la incidencia del altísimo costo de la incorporación de valor en la cadena, cuando existe esta posibilidad, con decisiva influencia en el tramado socioeconómico del país.
Estos costos exacerbados se trasladan a los bienes y servicios que vendemos al exterior, y no es extraño –más bien es una constante– que nos resulte cada vez más difícil competir en los mercados internacionales, especialmente en los cuales no tenemos acuerdos preferenciales como sí tienen otros bloques y países competidores.
La competitividad es por lo tanto factor decisivo para no ser desalojados de los mercados, y cada vez que se reajusta –aunque sea solo un peso– el litro de combustible o la electricidad, como otros insumos, quedamos un pasito más afuera de poder ingresar con nuestros productos.
Por supuesto, no se trata de inferir que el gobierno tenga entre sus intenciones adoptar medidas para perder exprofeso competitividad, sino que con sus políticas procíclicas se ha ido encerrando en la toma de decisiones y no cuenta con margen de maniobra para salir de este dilema de hierro, porque ante el abultado déficit fiscal, el excesivo gasto del Estado, mantiene sobreprecios en las tarifas de UTE y en los combustibles, para obtener recursos con el fin de mantener el déficit fiscal dentro de determinados límites, sin comprometer demasiado el índice inflacionario, y sin dejar disparar el dólar y generar desconfianza entre los operadores.
Un ejemplo cabal reciente lo tenemos en que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que notificó a UTE que antes del 31 de este mes debe aportar a Rentas Generales U$S 120 millones por concepto de las utilidades que registró el año pasado, con lo que el aporte de la empresa eléctrica a las arcas del Estado en lo que va del año llegará a U$S 330,9 millones, indica El País. De esta forma los entes del Estado se transforman en oficinas recaudadoras de impuestos encubiertos, que esquilman los bolsillos de la población, sin diferenciar a “los que tienen” de “los que más tienen”, mientras se le ríen en la cara a la población a la que les prometieron que “no habría incremento de los impuestos”.
Así y todo, el gobierno sigue en piloto automático, pateando la pelota para adelante, con un paquete atado de problemas cruzados sin resolver, que va a ser un pesado fardo para el gobierno que asuma la conducción del país en 2020.
Y éste va a tener que hacer inevitablemente el ajuste que no se ha querido hacer para no pagar los costos políticos, con una elección ya asomando en el horizonte.