(MONTEVIDEO PORTAL)
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, participó el sábado en Salto de diferentes reuniones con comerciantes, dirigentes sindicales y de otros sectores sociales. Allí dijo que hay algunos “dirigentes empresariales y algunos dirigentes políticos” que se encargan de “agrandar” el problema del desempleo con fines políticos. “Tenemos problemas de desempleo; pero creo que a veces hay quienes, con cierta intención política, lo aumentan”, dijo el ministro en declaraciones a la prensa recogidas por Telemundo. El ministro señaló que en 2017 en Salto hubo 650 desempleados más que en 2016, y que, si bien es una cifra que preocupa, no es “grave”. “Creo que acá hay gente interesada en agrandar los problemas para, por ejemplo, quitarles derechos laborales a los trabajadores, pedirle más cosas al Estado”, comentó.
Consultado sobre quiénes son los que lo hacen, contestó: “Algunos dirigentes empresariales y algunos dirigentes políticos”. El líder departamental del sector Aire Fresco, de Luis Lacalle Pou, Carlos Albisu, le contestó al ministro en su cuenta de Twitter. “Los salteños no nos merecemos la mentira y la demagogia de un ministro en campaña”, comenzó y aseguró que “todos sabemos” que las cifras del desempleo en Salto son “enormes” y que ese es el “principal problema” que tiene el departamento.
CUATRO FALLECIDOS POR CRECIDA
(EFE)
Dos niños y dos adultos fallecieron tras la crecida de un río en Rivera, mientras que otras cuatro personas lograron salir con vida, dijo a Efe el director de Bomberos de esa localidad, Víctor Fagúndez. El hecho ocurrió en el arroyo La Calera, donde las personas se encontraban de pesca y al verse rodeados por el agua decidieron subir a un vehículo que fue arrastrado por la corriente. Entre los fallecidos se encuentran una niña de 5 años, un niño de 8, un hombre de 47 y una mujer de 37, agregó Fagúndez.
Las personas que salvaron sus vidas lo hicieron al aferrarse a alambrados que se encontraban en el área del arroyo. El director de los bomberos informó que estas personas se encuentran fuera de peligro aunque fueron halladas con hipotermia.
PHILIPS MORRIS NO RECURRIRÁ
(EL PAIS)
Philip Morris Uruguay no tomará acciones legales contra el decreto del Poder Ejecutivo que obliga al empaquetado genérico de cigarrillos. “Hemos decidido no recurrir el decreto porque el empaquetado genérico es una batalla del pasado y nosotros estamos comprometidos con un futuro libre de humo. Lo fundamental hoy es cómo lograr que los 600 mil hombres y mujeres que siguen fumando en Uruguay tengan información y acceso a alternativas menos dañinas”, destacó la gerente general de Philip Morris Uruguay, Inés Villar.
El decreto de empaquetado genérico fue recurrido por British American Tobacco (BAT), que ya conquistó un fallo a su favor, y que ha sido apelado por el Poder Ejecutivo. Concretamente, el juez letrado de lo Contencioso Administrativo, Pablo Eguren, amparó parcialmente la demanda de BAT ordenando suspender la aplicación del decreto. La firma sostuvo que el decreto “introdujo un régimen extremadamente restrictivo de presentación de las cajillas de cigarrillos, eliminando el uso de marcas y signos propios de cada empresa”. Y agregó que “el nuevo régimen invade las esferas reservadas a la ley por la propia Constitución”, y que “su implementación es de imposible cumplimiento por los fabricantes e importadores de tabaco” por tratarse de un plazo demasiado exiguo (6 meses). La empresa Montepaz también inició acciones y aguarda la resolución judicial. Como Philip Morris no recurrió queda obligada a asumir “una pérdida competitiva”, según apunta la empresa, ya que deberá cumplir con el empaquetado genérico mientras que sus competidores estarían exceptuados de aplicar el decreto hasta que se expida el TCA. Eso quiere decir que tanto BAT como Montepaz pueden mantener los paquetes actuales mientras que los productos de Philip Morris deben comercializarse sin los colores y la tipografía que identifica a cada una de sus marcas.
IMPUGNAN REESTRUCTURA
(EL PAIS)
Un grupo de 300 funcionarios de UTE interpuso ante el directorio del ente un recurso de revocación contra la resolución de reestructura gerencial adoptada el jueves 20. Se espera que este lunes lleguen más firmas del interior y en total se alcancen las 400, dijo a El País el presidente de la Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE (Aprom), Pedro Pena, quien aclaró que la iniciativa trasciende este sindicato.
La reestructura aprobada a impulso del presidente de UTE Gonzalo Casaravilla, implica que se pasen de 31 puestos de alta gerencia a 23. Lo cual, según él fundamenta, genera ahorros. La resolución fue cuestionada a nivel gerencial y gremial por sorpresiva e inconsulta con los sindicatos, además de realizarse al filo del plazo legal que impide la contratación de nuevo personal en el Estado. El tema dividió al directorio, ya que votaron en contra de la misma Cristina Arca, allegada a Asamblea Uruguay, y el director colorado José Amy.
En el texto del recurso de revocación, al que tuvo acceso El País, se indica que “solapadamente” se elimina el cargo de gerente de área, en tanto se establece la posibilidad de que un gerente grado 3 sea “comisionado” a esa función, estableciéndose el pago de una compensación económica.
“Es incuestionable que la resolución recurrida afecta nuestro interés directo, personal y legítimo. En tanto, lesiona nuestros derechos constitucionales, legales y estatutarios afectando nuestra carrera administrativa”, señala el texto presentado ante el directorio. En ese marco, solicitan que se disponga “la suspensión total de la ejecución del acto impugnado”, en tanto genera a la parte recurrente “daños graves” y dicha cancelación no supone “una perturbación grave a los intereses generales”.
DE VÍCTIMA A INDAGADO
(SUBRAYADO)
La Justicia determinó cuatro años de prisión para los cinco delincuentes que el viernes por la noche coparon una vivienda en el barrio Brazo Oriental. La Fiscalía pudo probar que dos de los siete que estaban detenidos eran inocentes: uno era un transeúnte que pasaba por el lugar y fue involucrado en la trama por los delincuentes, que lo obligaron a entrar; y el otro era un amigo de los propietarios de la vivienda que casualmente fue a visitar la casa durante el copamiento.
A su vez, el fiscal Diego Pérez abrió otra línea de investigación debido a que Policía Científica encontró billetes entintados, garrafas, mangueras y armas que no pertenecían a los copadores, dentro de la vivienda. La Justicia autorizó un pedido de extracción de ADN para el propietario de la vivienda para poder vincularlo a las explosiones de cajeros de los últimos días.
