(PRESIDENCIA)
A 10 años de la aprobación y puesta en práctica de la ley 18.360, que determina la instalación de desfibriladores externos automáticos en establecimientos públicos o privados con gran afluencia de público, más de 3.500 los aparatos fueron instalados, lo que representa un promedio de un desfibrilador cada 1.000 habitantes.
Según el presidente de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, Mario Zelarayán, es una cantidad considerable. “Este equipamiento da respuesta a una gran necesidad de salud pública que es atender la muerte súbita, la forma más común de morir de la gente. Se calcula que en Uruguay hay unas 7.000 muertes de esta manera por año. No es una patología, es una manera de morir, no da aviso, le puede pasar a cualquier persona a toda edad”, argumentó el especialista, quien informó que el 80 % de esos fallecimientos se da fuera del ámbito hospitalario.
Con la creación de las emergencias móviles se redujo la mortalidad en forma sustancial, pero luego se detectó la necesidad de generar una cadena de supervivencia y que la comunidad supiera reconocer la muerte súbita para practicar masajes cardíacos y utilizar el desfibrilador antes de que lleguen los servicios correspondientes. “Esto mejora sustancialmente la supervivencia”, sostuvo Zelarayán. La normativa dispone que en algunos casos es obligatoria la instalación de los desfibriladores y en otros casos es sugerida. Esto implica que deben instalarse en lugares que reciban más de 1.000 personas o en sedes de instituciones, por ejemplo, deportivas. Las ambulancias también deben disponer del equipamiento. En este sentido, destacó el esfuerzo del Ministerio de Salud Pública, que instaló 100 equipos en policlínicas rurales.
En cuanto a la capacitación, Zelarayán informó que para generar mayores resultados, la comisión formó equipos en determinados sitios, les aportó los materiales de entrenamiento y capacitó instructores. Luego, esos instructores formaron a sus compañeros de trabajo y a la comunidad. Actualmente, en 84 sitios se distribuyen 800 instructores que capacitaron a 70.000 uruguayos sobre resucitación cardíaca básica.
ENTREGARÁN PERMISOS TEMPORALES TRAS PROTESTAS
(EFE)
Uruguay entregará permisos de trabajo temporales para los ciudadanos cubanos que se encuentran en proceso de legalización de su residencia, quienes tras una protesta de unas 72 horas, lograron la reducción del tiempo de entrevistas para la entrega del visado, que oscilaba en siete meses.
El director de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Jorge Muiño, explicó a la prensa que desde esta cartera “intentan regularizar lo más rápido posible” a cada persona, pero subrayó las dificultades del proceso burocrático en el sentido de obtenerse una “rápida” regularización.
Sin embargo, señaló que luego de una reunión con los voceros de la agrupación de ciudadanos cubanos que protestó en la sede de la Cancillería, se les indicó las alternativas que tienen estas personas para legalizar su situación migratoria, además de recordarles que “la migración tiene que estar planificada”.
“Entendemos que es gente que no planificó su llegada a Uruguay y se encuentra con que tiene que crear un mecanismo, como cualquier emigrante, para obtener en el menor tiempo posible una regularización”, expresó.
Añadió que la Cancillería ha trabajado en encuentros personalizados con los ciudadanos cubanos con el objetivo de informarles sobre su situación migratoria y los pasos que deben seguir para legalizarla e insistió en que “algunas veces las respuesta son que tienen que esperar un poco”. La Cancillería uruguaya estima que la cantidad de cubanos que se encuentran en ese país se ubica entre 4.800 y 5.000 personas.
BID DESTACÓ REDUCCIÓN DE GASTO
(EFE)
El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Uruguay, Morgan Doyle, destacó que Uruguay ha sabido traducir su gasto público en “bienestar social” en pos de una redistribución más eficiente de sus recursos.
Doyle, que participó junto al ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Danilo Astori, de la apertura del “III Encuentro anual del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria (PFGP)” afirmó que Uruguay es uno de los que más gasta en programas sociales a nivel latinoamericano.
Si bien el representante señaló que en América Latina y El Caribe el gasto público viene aumentando de forma importante en los últimos años, recalcó que la clave es gastar “correcta e inteligentemente” y que Uruguay ha apostado a un enfoque social del gasto que se traduce en mejoras en salud, educación, seguridad pública y vivienda.
“Cabe destacar que a pesar de la evolución de una situación macroeconómica compleja Uruguay ha sabido traducir este gasto público en bienestar social e igualdad para su población”, apuntó Doyle.
“En comparación con el resto de América Latina, Uruguay es uno de los países que más gasta en programas sociales, con más del 20 % del PBI, y que genera una mayor reducción de desigualdad de ingresos a través de dicho gasto, un 14 % aproximadamente”, reafirmó.
Por su parte, Astori sostuvo que en el pasado encuentro el foco estuvo puesto en grandes líneas estratégicas para mejorar la gestión presupuestaria como son el crecimiento inclusivo y la apertura de la economía, mientras que en esta nueva edición estará en las “acciones concretas y cotidianas” para ponerlas en práctica. Según datos del BID, el PFGP ha llevado adelante 30 proyectos y más de 350 capacitaciones y se han beneficiado de él más de 65.000 usuarios.
NO CUBRIRÁN CARGOS VACANTES
(EL PAIS)
El presidente Tabaré Vázquez comunicó a la presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, que el gobierno no repondrá los cargos de los directores de la oposición en las empresas públicas que renuncien para hacer campaña electoral, dijeron a El País fuentes políticas.
El hecho fue transmitido por el mandatario ante un llamado telefónico de la presidenta del directorio del Partido Nacional.
En su edición de ayer jueves El País informó que blancos y colorados querían cambiar a sus directores pero que la administración de Vázquez no les había asegurado que esos cargos se mantuvieran. La definición tenía las horas contadas, dado que la Constitución establece que aquellos que quieran postularse a cargos electivos no pueden haber estado en puestos directivos de empresas públicas el año anterior a las elecciones nacionales. Así, el plazo para renunciar es este sábado 27 de octubre, cuando falte un año para la elección.
