Recientemente el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, anunció que a partir del próximo 1º de enero entrará en vigencia la ley de estímulo a la generación de empleo en el país, la que entre otros aspectos establece un fondo de 15 millones de dólares para subsidiar salarios con el objetivo de fomentar la contratación de nuevos trabajadores, a lo que se agregan cinco millones de dólares para la creación de empresas juveniles mediante descuentos en pagos a la seguridad social.
Una módica inversión de 20 millones de dólares para “solucionar” problemas de empleo suena a tragicomedia en Uruguay, mucho más aún en la actual coyuntura, en la que hay núcleos duros de la economía que condicionan precisamente no solo la creación de nuevos puestos de trabajo sino de por lo menos intentar mantener los que hoy subsisten en nuestro país, salvo la buena salud –para ellos– de los “curros” que se reproducen en la burocracia del Estado.
El punto es que el titular de Trabajo y Seguridad social, al explicar la normativa que entrará en vigencia el primer día de 2019, dijo que “la ley surgió en el ámbito de un grupo interministerial de empleo, integrado por las carteras de Economía, Industria, Transporte y Trabajo”, y detalló que “destina 15 millones de dólares para la contratación de nuevos trabajadores de 15 a 45 años, con un subsidio al salario del 25 por ciento mensual”.
Por otro lado, subsidia el 40 por ciento del salario de los nuevos trabajadores mayores de 45 años, con un tope de 2,5 salarios mínimos nacionales, que alcanzará los 15.000 pesos el 1º de enero.
Para poder usufructuar este beneficio las empresas deben estar en situación regular de pagos con los organismos del Estado, por supuesto, además de no haber efectuado despidos y envíos al Seguro por Desempleo en los 90 días previos y posteriores a la contratación del trabajador, excepto por mala conducta.
Salir con una medida de estas características a esta altura de la gestión del gobierno solo puede explicarse en que hay una gran ignorancia en el Poder Ejecutivo sobre la real situación de las empresas y del tramado socioeconómico, o se intenta tapar el ojo con anuncios de “parches” absolutamente intrascendentes, que no mueven la aguja y que además tendrán un efecto efímero, si lo tuvieran.
La realidad indica, por el contrario, que además de los serios problemas estructurales sin tocar, como el peso enorme del Estado sobre los sectores creadores de riqueza, el país ha caído en una parálisis por efecto de una política económica que enfatiza contar con dinero para financiar el descomunal gasto del Estado. Para ello incrementa la recaudación y mantiene el dólar “planchado” para contener la inflación, siendo parámetros fundamentales que están crujiendo porque no se ha logrado reducir el déficit fiscal de casi el 4 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).
Recientemente el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, al evaluar la situación del país en un foro empresarial, dijo que “Uruguay está mostrando señales de una pérdida sostenida de dinamismo desde el punto de vista del mercado del trabajo”, y señaló que a partir de 2014 ha habido una trayectoria decreciente “muy clara” de la tasa de empleo, que ha significado la pérdida de 49.000 puestos de trabajo desde ese año.
La evaluación fue formulada precisamente cuando se dieron a conocer datos actualizados a octubre de este año de empleo y desempleo en el país, que indican que el mercado laboral no repunta y que la tasa de empleo acumuló en el tercer trimestre del año la décimoquinta caída mensual consecutiva.
Para Astori, “la tasa de desempleo se ubica en los niveles de 2009 y los beneficiarios del Seguro por Desempleo han tenido un incremento hasta llegar a 37.400 personas. No es una cifra dramática pero sí es una cifra que tiene muy incómodo al gobierno”.
Lo que debería tener muy incómodo al gobierno es que se sigue soslayando el gran problema del origen de esta degradación, y es que notoriamente la actividad del país no alcanza para sostener al Estado, que sigue gastando y demandando más recursos, y ello se paga con la depresión de la actividad, del mercado de trabajo, con la pérdida de competitividad, con elevadas tarifas de energía eléctrica y combustibles que generan costos adicionales a toda actividad que se realice dentro de fronteras y lo que tenga que ver con productos y bienes de exportación.
El ministro, en cambio, dijo que las acciones del gobierno ante este escenario han comprendido cambios en la Ley de Inversiones, con mayores beneficios a las compañías que inviertan y creen nuevos puestos de trabajo, el estímulo a las empresas de alto contenido tecnológico, y determinados beneficios otorgados al sector agropecuario.
Asimismo, el secretario de Estado anunció que el gobierno está trabajando en el diseño de nuevas políticas destinadas específicamente a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, y sobre este punto valoró positivamente la nueva Ley de Empleo Juvenil.
“Uruguay tampoco se siente cómodo con la trayectoria del resultado fiscal que hemos tenido, estamos haciendo esfuerzos por poner una trayectoria descendente”, habida cuenta de que el déficit fiscal se ubica en el 3,9 por ciento del Producto Bruto Interno en los 12 meses cerrados a setiembre de este año, lejos de la meta oficial al cierre del año del 3,3 por ciento del PBI.
Y no se trata de “no estar cómodo”, sino de lo que se hace para salir de esta incomodidad. Hasta ahora, solo se sigue con los parches, porque el déficit fiscal, con empresas atoradas, en rojo y desbordadas por impuestos y costos, debe abatirse por el lado de reducir el gasto estatal, de lo que ni siquiera se habla. Solo se busca recaudar más.
Lo otro, lo de algunos subsidios y estímulos para seguir atacando los síntomas sin ir al origen de la problemática –que es que se gasta mucho y mal, y que se hace a costa de los que producen– es simplemente una seguidilla de parches para tratar de seguir disimulando y estirando la situación, para superar el período electoral y que se arregle el que siga. Porque ya pasó el tiempo de asumir las responsabilidades y los costos políticos de las correcciones inevitables.
Las “incomodidades” del gobierno y lo que no se hace
