En diciembre de 2017, el ministro de Economía Danilo Astori reconoció que Uruguay debía enfrentar desafíos en cuanto a la capacidad de recursos humanos y de infraestructura que, en su conjunto, cuestan más de 12.000 millones de dólares. Y lo dijo durante un encuentro con empresarios en la China-LAC que se celebró aquel año en Punta del Este ante una convocatoria récord de 2.200 participantes.
Esa cumbre de negocios que durante tres días promovió el acercamiento de China con América Latina y el Caribe, desnudó las dificultades que enfrentan los países del continente sudamericano para equilibrar sus cuentas públicas y dar paso a las comunicaciones, transporte, servicios portuarios e infraestructura vial, entre otros aspectos.
El secretario de Estado demostró que cuentan con variados mecanismos de financiamiento para llevar adelante los proyectos, algunos de los cuales exigen garantía soberana, es decir, impacto fiscal directamente sobre las cuentas públicas o la modalidad de participación público-privada. Sin embargo, demostraba allí los riesgos existentes al momento de transferirle al privado las condiciones de construcción, mantenimiento de la inversión y transferencia de esos riesgos. Por eso ejemplificaba que China se encontraba en la búsqueda de inversión en infraestructura en Uruguay y que necesitaba un clima adecuado bajo un orden macroeconómico basado en el equilibrio de las cuentas públicas.
En realidad, las palabras de Astori recordaban una promesa del presidente Tabaré Vázquez dos años antes, cuando anunció en julio de 2015, una inversión de 12.000 millones de dólares durante los cinco años de su gobierno. Para lograrlo, aseguró en una conferencia de prensa acompañado por su gabinete ministerial que “no se pondrán nuevos impuestos”, en tanto el 66% de la inversión provendría de fondos públicos. Incluso el BID y el Banco de Desarrollo “seguramente” iban a participar de esos programas anunciados, pero “el endeudamiento no es la base del financiamiento de ese plan de obras”, aclaró Astori.
Cabe recordar que en ese mismo encuentro con la prensa anunció la construcción del Antel Arena, entre otras obras de infraestructura social y de vialidad para posicionar a Uruguay como “polo logístico”, por lo tanto, definió a todas las obras como “prioritarias”. Y remató: “Invertir en infraestructura es ganar puestos de trabajo, mejorar las condiciones de producción, la competitividad y la calidad de vida de todos los uruguayos”.
Sin embargo, de acuerdo a los datos que conforman uno de los informes que acompañó el proyecto de Rendición de Cuentas aprobado el año pasado en el Parlamento, la ejecución de obras llegó a U$S 2.134 millones en 2017. Entre 2015 y 2017 las inversiones llegaron a U$S 6.934 millones, lo que implica un 56% del total de 12.000 millones de dólares programados hasta este año.
Las inversiones en telecomunicaciones, puertos y sector energético se encuentran con mayor avance, a raíz del impulso de Antel con la fibra óptica y la generación energética por fuentes renovables no tradicionales. Para el año pasado se habían previsto U$S 314 millones de inversión que en gran medida ejecutaría UTE, al tiempo que las inversiones en infraestructura ferroviaria, social, agua, saneamiento y vialidad presentaban un menor avance.
Ante la inversión que registra un poco más de la mitad de lo previsto, cabe preguntarnos si el gasto se realizó sobre obras prioritarias como vialidad e infraestructura porque los últimos eventos climáticos, dejaron al desnudo un deterioro no visibilizado o menospreciado anteriormente. El productor que chocó una de las barandas del puente sobre el arroyo Agua Sucia, en Sarandí de Yí, pasaba todos los días por allí y relató que el asfalto en malas condiciones sumado al exceso de agua de lluvia impidió el dominio del vehículo que quedó atravesado sobre el puente.
Pero el ministro sostiene que “no se respetaron las señales”, por lo que se generó un golpe que tuvo como consecuencia la caída del tendido. Este puente que era el acceso sur a Sarandí del Yi, soporta un máximo de 25 toneladas, tiene más de cien años y no ha sido reconstruido. No obstante, el ministro Victor Rossi aclaró que en marzo se iban a realizar trabajos desde Mercedes hasta la localidad que ahora se encuentra aislada al menos hasta mañana martes, cuando se instale un sistema de balsas.
De hecho las autoridades habían incluído la construcción de un nuevo puente que no estaba entre las prioridades pero, dadas las circunstancias, deberán cambiar la pisada, aunque una obra nueva de este estilo tarde por lo menos un año, aunque –como vimos– el Antel Arena se hizo en tiempo récord.
O lo ocurrido en Carmelo con los barcos abandonados que impactaron contra el puente sobre el arroyo Las Vacas y la falta de control e intimación estatal para quitar de allí una chatarra que resulta difícil de retirar. Aunque falten interesados en el desgüace porque el hierro y el acero bajaron su precio en el mercado internacional y ya no resulte atractivo, alguien debe hacerse cargo del impacto ambiental y social que provocan en las poblaciones. O el derrumbe de un muro que contiene nichos en el Cementerio Central de Montevideo, que cerró hasta el lunes 24, cuando se brindarán mayores detalles técnicos del desprendimiento y sus afectaciones. Claro que hablamos de un edificio fundado en 1835 bajo la presidencia de Manuel Oribe, por lo tanto, la antigüedad de la construcción resulta hasta un argumento irónico que constata la falta de mantenimiento o, al menos, de restricciones para continuar con el servicio en una de las primeras necrópolis que tuvo la capital del país.
Las obras de conexión e infraestructura interna demoraron en concretarse y todo se acumuló para este año 2019, cuando algunas estructuras ya demuestran que no dan para más. Montevideo está gobernado por la misma fuerza política desde hace más de 28 años y el país, desde hace más de 13.
Los problemas de interconexión vial se conocen de memoria y no hay que esperar a la llegada de una lluvia de grandes proporciones para su colapso. El mal tiempo solo desnudó que las inversiones tardaron demasiado y que están a un poco más de la mitad del proceso casi al final de un mandato al que le quedan 13 meses.
