Resiliencia y prevención

Con más de 3.000 personas desplazadas de sus hogares, el río adentrándose en la ciudad, arroyos colapsados, infraestructura vial deteriorada tanto en la ciudad como el medio rural, Paysandú conoce muy bien desde hace bastante tiempo fenómenos que, como las inundaciones actuales, son cada vez más recurrentes pero no por ello menos preocupantes y perjudiciales.
Uruguay es un país muy vulnerable a la variabilidad climática y, de acuerdo a la información oficial disponible, los cambios afectan en forma importante las precipitaciones que, en los últimos treinta años han ido adquiriendo mayores valores, lo que constituye ya una tendencia. Algo similar pasa con la evolución de la temperatura anual y además, nos hemos vuelto particularmente sensibles a los eventos extremos, como sequías, inundaciones, olas de frío y de calor, vientos fuertes, tornados, granizadas, heladas, lluvias fuertes y tormentas severas.
Sequía en 2008, inundaciones en 2014, siete meses sin lluvia entre enero y julio de 2015 con emergencia agropecuaria e inundaciones en diciembre de ese año, un tornado F3 con vientos de 300 kilómetros por hora que azotó Dolores en abril de 2016 causando seis muertes, 200 heridos y más de 7.000 damnificados, son algunos –aunque no todos– de los episodios de más destacados en la última década.
Se trata de una situación regional con efectos en diferentes países del continente y que representa un verdadero desafío para el desarrollo dado sus impactos en la vida social, productiva y económica. Nuestro vecino inmediato, Argentina, acaba de declarar la emergencia hídrica por 180 días en las provincias del Noroeste y el Litoral que se encuentran inundadas. En Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Corrientes hay actualmente otras 6.000 personas que siguen evacuadas debido a los fuertes temporales y los desbordes de ríos y arroyos que se registran desde los primeros días del año.
De este lado del charco unas 5.800 personas han tenido que dejar sus viviendas por las inundaciones aunque Presidencia de la República ha señalado a través de su web oficial que “Uruguay no tiene ninguna emergencia social, productiva ni de infraestructura, lo que hay son problemas surgidos por los días sucesivos de tormentas y crecidas de los ríos, que afectaron a algunos departamentos”.
“Emergencia fue lo que pasó en Dolores, hoy no atravesamos ninguna emergencia social, productiva ni de infraestructura”, dijo el titular de Descentralización de la OPP, Pedro Apezteguía, agregando que sin situaciones extremas el Sinae trabaja con normalidad y que se debe esperar a que “baje el agua para evaluar los daños y ver cómo podemos solucionarlos”.
Además, enfatizó en que hay dinero disponible para financiar las prioridades dado que a principios de enero fueron transferidos 2.600 millones de pesos a las intendencias para llevar adelante sus planes de obra y mantenimiento de caminería, los que podrán usarse para enfrentar los daños por las crecidas.
Al hablar sobre este tema dijo también que al cierre del ejercicio 2018 el 28% del total asignado a las intendencias no fue ejecutado, situación que lamentó porque “la plata que no se utiliza son obras que se atrasan, son déficit de obras que preocupan, porque nosotros queremos que se ejecute el total de lo que se transfiere, para que la producción y los vecinos disfruten de las obras lo antes posible. Además, las obras en caminería previenen daños futuros”.
Evidentemente, los perjuicios de las inundaciones y casi 500 milímetros caídos en la región desde principios de año hasta hoy pueden resultar bastante más amplios que lo que concierne a la caminería pero más allá de esto, resulta preocupante que encontrándose las calles sumamente deterioradas en diferentes sectores de las ciudades y ni qué hablar de caminos rurales que han venido dejando aislados a vecinos lluvia tras lluvia en los últimos días en diferentes departamentos del litoral, las intendencias no ejecuten el total de fondos que se les adjudica para estos fines.
Por otra parte, resulta imprescindible planificar y construir la infraestructura urbana y rural con criterio de prevención y teniendo en cuenta la variable del cambio climático así como actualizar los códigos y estándares basados en clima (aumento de las escorrentías y caudal de los ríos, por ejemplo).
Atender los fenómenos antes señalados y los problemas que generan requiere que los gobiernos locales también incluyan fuertemente el tema en sus agendas más allá de la atención de las contingencias frente a hechos puntuales –como en el caso de las actuales inundaciones– y dispongan de recursos permanentes para hacer frente a este tipo de situaciones.
Los expertos han clasificado a Latinoamérica como una región altamente vulnerable a los impactos del cambio climático y recomiendan como indispensable realizar un “blindaje” en infraestructura que requerirá entre un 2 y un 3% del PBI para atender las pérdidas en productividad e infraestructura dañada por sequías, inundaciones, tornados y huracanes.
Se trata de eventos que ponen en jaque la vida cotidiana, productiva y social de miles de personas en la región y que interpelan el futuro marcando la necesidad de desarrollar medidas de adaptación que amortigüen este tipo de impactos y eviten costos mayores en el futuro.
En un modelo de desarrollo resiliente, Uruguay necesita avanzar en medidas de prevención, adaptación y aumento de las capacidades locales en otras cuestiones que afectan la vida cotidiana de la gente en situaciones de eventos extremos.
En este sentido, resultan importantes las acciones que se puedan instrumentar desde los niveles de gobierno más cercanos a la población, como las intendencias y los municipios. Habrá entonces que no desaprovechar las oportunidades de financiamiento y buscar las que hagan falta. Pero además, es necesario formar conciencia para que el reclamo ciudadano no sea cuando se rompe un puente o se tapa una alcantarilla sino que el control y participación social contribuya a la inclusión de temas vitales en la agenda pública y a la mejora de las dinámicas cotidianas para vivir más seguros frente a los riesgos y desafíos que nos está imponiendo el clima.