(EL OBSERVADOR)
Mientras en el Palacio de la Luz el jefe de Jurídica de UTE, José Alem, junto al gerente de Generación, Daniel Larrosa y el gerente de Planificación, Jorge Cabrera explicaban el plan para elevar la cota del lago de Rincón del Bonete de 80 a 81 metros, la ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Carolina Cosse, utilizaba la red social Twitter para anunciar que el proyecto quedaba detenido porque era “necesario” un “estudio más profundo” que sería realizado por un equipo multidisciplinario integrado también por los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ganadería, Agricultura y Pesca, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, las intendencias y la sociedad civil, y que hasta que no estuvieran esos resultados no se le daría curso a los “procesos de expropiación”.
Sin embargo, pese a los mensajes que la ministra escribió el 4 de diciembre, el directorio de UTE pidió a los técnicos que siguieran trabajando en las expropiaciones hasta que llegara una orden formal del Poder Ejecutivo, según informaron a El Observador fuentes de la empresa. Durante el mes de diciembre los agrimensores contratados por UTE continuaron notificando a los vecinos de Durazno y Tacuarembó, los dos departamentos afectados, según confirmó a El Observador Patricio Olivera, vocero del grupo “Ribereños del embalse de Rincón del Bonete”. De hecho, el 7 de enero el presidente Tabaré Vázquez firmó dos decretos autorizando expropiaciones en la quinta sección de Durazno que servirán “de asiento para la ampliación del lago de la represa Gabriel Terra”.
“Corresponde acceder a lo solicitado en mérito de que de esta manera UTE podrá brindar el servicio de electrificación con mayor eficacia y seguridad, dado que el lago de Rincón del Bonete, por sus características, constituye la herramienta fundamental para la gestión de la energía en los plazos estacional y anual asociados a los importantes cambios operados en la matriz de generación eléctrica”, señalan la resoluciones que contaron con el visto bueno de la Dirección Nacional de Energía y la Asesoría Jurídica del MIEM.
Además de seguir adelante con las expropiaciones, el equipo multidisciplinario tampoco fue conformado, según confirmaron a El Observador desde UTE, la Intendencia de Tacuarembó y la sociedad civil.