En su primer gobierno, el actual presidente Tabaré Vázquez había anunciado con énfasis que invitaba a compartir su entusiasmo de llevar a cabo la “madre de todas las reformas” del Estado, visión que compartía la gran mayoría de la ciudadanía uruguaya, salvo aquellos directos beneficiarios del statu quo por la burocracia, el sobredimensionamiento y los controles laxos –por decir lo menos– en el ámbito público estatal.
Es decir, la idea era que los uruguayos reformáramos el desmesurado aparato estatal para nuestro beneficio, en lugar de seguir aportando para todos aquellos que se aprovechan de él, y sobre todo reducir su peso sobre todas las actividades en las que es convidado de piedra y que deben alimentarlo antes de siquiera constituir un emprendimiento formal.
Pero Vázquez desistió muy rápido de esta intención, de la que no cabía dudar, porque a la vez, por más que se sea de derecha o de izquierda, todo aquel que asume el gobierno no tiene cómo evadirse de la enorme sangría de recursos que demanda el Estado. En cambio otro gallo cantaría si pudiera disponer para obras, para inversiones, para mejorar infraestructura y catalizar emprendimientos privados para el desarrollo, por lo menos en una pequeña parte de los recursos que se van para gastos superfluos en el ámbito estatal.
El punto es que los sindicatos estatales le torcieron el brazo rápidamente en la pulseada, y por más que sabía que había que hacerlo, sobre todo de cara al futuro, el mandatario se resignó a dejar las cosas tal como estaban.
El expresidente José Mujica, en su desorden y rumbo errático que la caracteriza, en el como te digo una cosa de digo la otra, algo también manejó en este sentido, o tal vez pensó hacerlo, trayendo al tapete situaciones como las de Nueva Zelanda, pero “no me la llevaron”, como él mismo dijo, los mismos sectores radicales que habían trancado a Vázquez y siguen oponiéndose a tocar la vaca sagrada estatal. Aunque vale reconocer que por el contrario, “el Pepe” multiplicó los gastos en forma astronómica, dejando agujeros monstruosos en Ancap, en Gas Sayago, el proyecto Aratirí, etcétera, mientras daba su mejor imagen para la prensa extranjera como el presidente más pobre del mundo; ¡unos años más administrando así el Uruguay y pronto pasaríamos a ser el país más pobre del mundo!
Y así, en estos tres gobiernos de la coalición de izquierdas, con el viento a favor de la economía mundial primero, y ahora con un parate de esta corriente favorable, el gasto ha seguido creciendo más que lo que se recauda, y no puede extrañar que por más enunciados de buenos deseos –que no se han concretado–, el déficit fiscal sigue trepando, alcanza actualmente el 4 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) y los sectores reales de la economía, ahora estancada y en retroceso, deben “bancar” este gasto rígido que se hizo crecer irresponsablemente. Sin “madre de todas las reformas” a la vista ni mucho menos, y ni siquiera con una reforma educativa en marcha –porque el presidente Vázquez prefirió destituir a los que iban a contribuir a cambiar el ADN de la educación antes que enfrentarse a los sindicatos–, el gobierno se encuentra acorralado por los números y sin margen de maniobra para ensayar algo más o menos esperanzador para que los uruguayos no sigamos sufriendo las consecuencias de no haber hecho en su momento lo que había que hacer.
Y en este escenario en el que se dejó pasar la oportunidad de actuar con responsabilidad para que las urgencias no postergaran lo importante dentro de las prioridades, hemos ingresado en un 2019, año electoral, con demasiadas materias pendientes no ya para el futuro, sino para el presente. Esta forma de actuar explica por qué es cada vez más grande la brecha con los países en serio, donde precisamente no hay lugar para los regímenes populistas de ningún signo, porque saben lo que les espera cuando los facilismos electorales se imponen.
Por lo pronto, es pertinente traer a colación la visión que tienen organismos internacionales sobre el escenario del país, en base a parámetros que se establecen como patrones comparativos por fuera de consideraciones subjetivas y políticas, en la medida de lo posible.
Así, tenemos que el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la revisión de la economía uruguaya por el artículo 4° (corresponde a cada país miembro, tenga o no deuda con el organismo) y sugirió “dar prioridad a seguir avanzando en las reformas del sistema de pensiones y las empresas estatales”.
La decisión y las puntualizaciones del directorio se dan luego de recibir el informe de la misión técnica del FMI que evaluó la situación en Uruguay en las dos primeras semanas de diciembre pasado.
Indica que el principal desafío macroeconómico de Uruguay pasa por el plano fiscal. Al cierre de 2018, el déficit fiscal (según las cifras preliminares) fue de 4% del Producto Bruto Interno (PBI) –U$S 2.406 millones– sin tener en cuenta el efecto “cincuentones” que ahora juega a favor, pero luego lo hará en contra de las cuentas públicas. Este fue el peor resultado para un año calendario desde 1989 (cuando marcó 6,2% del Producto y al año siguiente el gobierno debió realizar un ajuste fiscal).
Igualmente, en el comunicado del FMI, se indicó que “los directores acogieron con satisfacción el compromiso de las autoridades de mantener la sostenibilidad fiscal” y “consideraron que el aplazamiento de la meta de déficit fiscal en un año (alcanzar el 2,5% del PBI a fin de 2020 en vez de a fin de 2019) es apropiado dadas las perspectivas actuales”.
“Sin embargo, los directores subrayaron que se necesitarían medidas fiscales adicionales para lograr el objetivo de déficit”, afirmó el FMI, y ante ello debe recordarse que los directores del organismo crediticio internacional “alentaron a las autoridades a introducir medidas para poner la deuda pública en una trayectoria descendente” y “recomendaron que los esfuerzos de ajuste deberían centrarse en reducir el gasto corriente y mejorar su eficiencia para aumentar el gasto de capital (o sea en inversiones)”.
“También debe darse prioridad a seguir avanzando en las reformas del sistema de pensiones y las empresas estatales”, agregaron los directores, habida cuenta además de recomendar “una reducción del elevado gasto público corriente” para llevar a cabo la “consolidación fiscal” y a mediano plazo, “abordar el creciente gasto en pasividades” y preservar “la salud financiera de las empresas públicas”.
Es decir, simplemente se señalan aspectos a ceñirse sobre los que hemos abundado desde estas páginas, y que refieren a que se ha establecido un gasto estructural ineficiente y burocracia estatal que no se ha podido desarmar.
Es que ha primado en todo momento la premisa de que “lo arregle el que venga”, que es la forma de sacarse el lazo de nuestros gobernantes para no comprometer su permanencia en el poder. Se ha preferido no ir en contra de los sindicatos que hacen y deshacen dentro del Estado, con la anuencia, complicidad e irresponsabilidad de quienes prefieren tenerlos de su lado a la hora de captar votos, anteponiendo el interés sectorial y corporativo al de todos los uruguayos.