Para el senador Pablo Mieres, en nuestro país los criterios de contralor son débiles y la institucionalidad encargada de controlar la gestión pública “tiene demasiadas vulnerabilidades. No hay que caer en la autocomplacencia, ni en la tentación de mirar para el costado”.
La evaluación del líder del Partido Independiente apunta a que en el Uruguay los organismos de contralor “son muy débiles porque la normativa vigente no le da los poderes y competencias suficientes para cumplir con efectividad su función”, en tanto “una gran cantidad de irregularidades cometidas a lo largo y ancho del aparato estatal podrían haberse evitado si el Tribunal de Cuentas tuviera más potestades, como ocurre en buena parte de los países democráticos”.
Señaló que el caso de Ancap durante el período de gobierno pasado “es un ejemplo contundente de lo que ocurre cuando se esquiva o simplemente se desconocen las observaciones del Tribunal de Cuentas; en todo caso los ochocientos millones de dólares que tuvimos que pagar los uruguayos para evitar el quiebre de esa empresa es un ejemplo contundente de lo que decimos. También tendríamos menos disgustos si la Jutep tuviera mayores funciones para controlar a los jerarcas públicos”.
DERECHO PRIVADO
Mieres observó que se ha desarrollado un aparato paralelo al Estado que se rige por las normas del derecho privado e impide un ejercicio correcto del control del uso de los dineros públicos, pero además “cada vez hay más empresas de derecho privado que son, sin embargo, de capital público, pero por ser de derecho privado evaden los controles básicos previstos para las entidades estatales. Cada vez más frecuentemente se crean fideicomisos, cuya masa de recursos se vuelve externa a los controles previstos en el Estado”.
Observó que se suman los casos de jerarcas públicos que “se autoasignan la potestad de mantener en reserva la información sobre su gestión aduciendo diferentes excusas, generando una cultura de la opacidad, el secretismo y la reserva como principios generales de su actuación pública”.
Trajo a colación que la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cosse, estableció en todas las resoluciones de Antel mientras fue presidenta, que serían “de carácter reservado por diez años”; lo que consideró como un verdadero “récord” de ocultamiento y discrecionalidad en el uso de los recursos estatales.
“Por eso ahora nos encontramos con hechos consumados como que el Antel Arena terminó saliendo más del doble de lo que habían anunciado, y además nadie sabe si no será un emprendimiento a pérdida”, evaluó el parlamentario.
TRIBUNAL DE CUENTAS
En cuanto a sus propuestas, manifestó que el Tribunal de Cuentas debe tener capacidad de ser obedecido, por lo que sus observaciones, cuando se trata de actos de entidad patrimonial, deben tener efecto suspensivo para evitar la trampa que consiste en la reiteración del gasto sin corregir la observación formulada. Mucha irregularidad que ha existido en la realización de obras importantes se habría evitado, simplemente por la inclusión de esta disposición obvia”.
Paralelamente, la junta de transparencia y ética debe tener “potestades de investigación sobre los jerarcas públicos y sus declaraciones juradas patrimoniales. Para empezar, las declaraciones juradas de legisladores, ministros, directores de empresas públicas e intendentes deberían ser públicas, como son las del presidente y vicepresidente. Pero, además, la Jutep, como ocurre en muchos países, debería tener la potestad de sortear un determinado número de casos por año e investigar la evolución patrimonial de jerarcas públicos”, puntualizó el senador Pablo Mieres.
Por otro lado, los gastos de viáticos de los jerarcas deben ser objeto de documentación y control. Para ello deberían acreditarse y controlarse a través de tarjetas de crédito prepagas con los montos establecidos “y se deberían prohibir las tarjetas corporativas en el Estado, puesto que no son necesarias”, subrayó, entre varios otros aspectos a corregir en el marco de esta problemática.