En régimen de comisión general, la Junta Departamental de Paysandú recibió anoche a tres delegaciones para que expusieran su problemática y evaluar acciones subsiguientes para contemplar sus respectivos planteos y reivindicaciones.
Integrantes del Sindicato Unico de Policías del Uruguay (SUPU) comparecieron en virtud de la convocatoria a sesión extraordinaria promovida por el Partido Nacional, y que se votó en el último plenario tras un planteo que data de un año, según subrayaron ediles nacionalistas.
Bajo la presidencia de Washington Gallardo, el cuerpo aprobó primero renuncias de cuatro ediles suplentes del Frente Amplio y se votó régimen de comisión general, empezando por recibir a Funcionarios Municipales Unidos de Guichón, para continuar con tres federaciones de cooperativas y el SUPU.
Jorge Genoud, del Partido Nacional, planteó moción de orden y dijo que se violó nuevamente el reglamento ante la convocatoria a la sesión de ayer, oportunidad en la que consideró que la sesión estaba mal convocada por cuanto las mociones no tuvieron exposición de motivos y los pedidos no fueron canalizados debidamente. Dijo que tampoco hubo una actuación dentro de lo establecido por el reglamento de parte de la secretaria general interina.
Dijo que hay evidentes desprolijidades administrativas, cuando se planteó que se recibiera a tres grupos sucesivos, para hacerlo finalmente con el SUPU, por lo que entendió que la convocatoria estuvo mal planteada y que la funcionaria directora es en realidad una especie de extensión del Frente Amplio.
Tras un fuerte dialogado entre ediles oficialistas y del nacionalismo, y apelándose a que se estaba en régimen de comisión general, se pasó a recibir a las delegaciones invitadas.
Municipales guichonenses por viviendas
El presidente de FUM, Daniel Batista, se refirió a la problemática de la vivienda propia y dijo que se hizo un llamado a los funcionarios por el tema. Se anotaron 14, de los que quedan 10. Dijo que formaron una comisión y se presentaron ante el municipio, alcade y concejales y luego ante el intendente Guillermo Caraballo.
Destacó que hay tres predios municipales que están en total desuso, y que por lo tanto cuentan con el apoyo del jefe comunal respecto a los pasos a dar. Indicó que se presentaron al Mvotma y, por ello, al no tener terreno propio plantearon al municipio que se elevara a la Intendencia una solicitud de venta de esos tres padrones para acceder a su compra.
El otro paso fue contactarse con Adeyom, que les da apoyo y pidieron que la Junta en su momento vote favorablemente cuando llegue el pedido de anuencia para la venta de esos tres padrones de Guichón, que cuenta con todos los requisitos para estos objetivos.
Culminada la sesión en régimen de comisión general, se pasó a comentarios de los ediles sobre el tema, y ante un pedido de que se retirara de las actas el planteo de Genoud, se votó favorablemente por el Frente Amplio, con el pronunciamiento adverso de ediles nacionalistas.
Cooperativas por expaylana
Nuevamente en régimen de Comisión General se recibió a representantes de las federaciones Fecovi, Fecovisi y Fucvam, cuyos representantes expusieron durante 15 minutos. Sergio Mascazzini, secretario general de la Mesa Departamental de Fucvam, destacó la importancia de las construcciones cooperativas a levantarse en el predio de la exPaylana, para beneficio de 320 familias.
Puntualizó que es fundamental contar con la parcelación de los terrenos para que las cooperativas puedan contar con el boleto de compra del terreno, y por lo tanto piden que sea tratado con la mayor celeridad posible cuando entre el pedido de anuencia de la Intendencia Departamental. Recordó que a fines de abril vence el plazo para presentar ese boleto de compra ante el Ministerio de Vivienda.
A su vez Darío Rodríguez, de Fecovi, complementó el planteo de Mascazzini y destacó el impacto que tendrá en la ciudad el proyecto del predio de la exPaylana, y la necesidad del paso previo del fraccionamiento. Para el pedido de anuencia de la Intendencia es preciso contar con mayoría especial.
Las cooperativas, a su vez, pagarán el terreno cuando les venga el préstamo solicitado, precisó Rodríguez, a la vez de subrayar que las 8 cooperativas involucran un proyecto por una inversión del orden de los 22 millones de dólares.
En la oportunidad el edil Illia señaló errores jurídicos en el planteo de la Intendencia, por un vicio de forma, en el sentido de que no es posible hacer la venta sin hacer el fraccionamiento en forma previa, por lo que entiende que hay una irregularidad legal y que ello debe ser tenido en cuenta por el ejcutivo departamental y sus asesores. No se puede dar anuencia si no hay padrones independientes, y se necesita un plano definitivo, señaló.
Dijo que es preciso actuar de buena fe en esta materia y que como los plazos son reducidos, se debe hacer cuanto antes una regularización para que se cumplan las normas. El presidente de la Junta observó que si bien son apreciadas estas observaciones, el punto debería ser analizado en comisión.
Policías con problemática compleja
Terminada la anterior comisión general, se ingresó en la sesión en la que se recibió al SUPU, con presencia de sus dirigentes encabezados por Alejandro Alvarez y Javier Acuña, secretario general de Bomberos. Dijeron que es un sindicato de carácter nacional que integra el Pit Cnt desde 2012, y representa a 5.000 funcionarios de todo el país. Plantearon la situación que los afecta, con denuncias ante el Ministerio del Interior y otros organismos. Alvarez reivindicó los derechos sindicales del sector y al pasarse a las preguntas de los ediles Gabriela Gómez recordó que el Partido Nacional debió repetir el planteo para que el SUPU fuera recibido en sala y describir la situación de la familia policial en nuestro departamento en su tarea diaria.
El dirigente señaló que es un trabajo estresante, hay falta de capacitación, que no ha llegado al 100 por ciento de la policía, no hay suficientes recursos humanos y hay acoso laboral.
Además surgen a diario problemas por la actividad laboral del policía. “Tenemos casos de violencia doméstica y de otro nivel dentro de la policía, entre otros problemas y si bien se ha mejorado hay mucho camino para recorrer”, dijo.
Los representantes de los trabajadores policiales no son convocados a discutir proyectos cuando es fundamental, porque el funcionario policial es el que aplica esas normas en la vía pública, como el Código de Procedimiento Penal, acotó.
Asimismo indicó que el policía es parte de la sociedad y pide que se le tenga en cuenta, con derechos que no están siendo reconocidos al trabajador policial. Paralelamente, ante otra pregunta, los representantes sindicales mencionaron que se debe respetar los derechos de la policía, que no tiene ámbito de negociación colectiva para los salarios y condiciones de trabajo y también se les prohíbe la huelga. Sobre el CPP, señalaron que no se les tomó en cuenta cuando dijeron que iba a poner en problemas a la policía, además de ser una norma “discutida en un escritorio y sin saber nada de lo que se da en la calle”.
Alvarez expresó que en su momento entregaron un documento en el Parlamento y que se prohibió la revisación en la vía pública, por el nuevo código. La policía no puede interrogar al delincuente y los fiscales quedan con la responsabilidad sobre el hecho, en tanto el trabajo de la policía con los fiscales sigue siendo un problema, precisó.
Todos los días reciben amenazas los policías en su casa, saben donde viven sus hijos y hay un estrés constante para el funcionario policial, que no tiene el respaldo necesario, precisó el dirigente del SUPU.
