A punto de cumplir ocho años del cierre de la industria láctea Pili, un grupo de extrabajadores continúa con sus reclamos para el cobro de los créditos laborales adeudados desde la liquidación de la empresa. Las últimas gestiones fueron efectuadas a nivel de la Comisión de Asuntos Laborales de la Junta Departamental, cuyas sesiones, bajo la presidencia del edil Julio Kniazev, siguen con “el objetivo prioritario de mantener la presión institucional para lograr una resolución política definitiva a través de una excepción legal”. Esa decisión permitiría “destrabar el cobro de los créditos laborales pendientes que legítimamente reclaman los extrabajadores damnificados”.
Antes del cierre, Pili se presentó a concurso y continuó con la producción en busca de un inversor y, luego de recibir a varias delegaciones en sucesivas recorridas por la planta, no logró captar a ningún interesado, por lo que se produjo el cierre.
Gestiones políticas
Los ediles de la citada comisión “habían mantenido una reunión con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, pero los resultados no fueron alentadores. Posteriormente, el senador suplente Jorge Larrañaga mantuvo una reunión con Castillo y de allí surgió el compromiso de trabajar juntos a raíz de la minuta presentada por el senador junto al legislador Óscar Andrade, quien también trabaja en un proyecto para todas aquellas pequeñas empresas que habían quedado como nosotros, los extrabajadores de Pili. Nos quedamos con la última información sobre lo positivo de ese encuentro”, dijo Marcel Petrib, integrante del grupo de extrabajadores.
El edil Bruno Puglia gestionó una reunión con la bancada del Frente Amplio, “donde pusimos nuestras inquietudes sobre la mesa, ya que el próximo 30 de noviembre se cumplirán ocho años del cierre y han pasado varios gobiernos. En las campañas políticas nos prometen que esto va a salir, incluso iba a salir en el período pasado cuando el Frente Amplio era oposición, porque recordamos que la primera minuta fue presentada por la entonces diputada Cecilia Bottino”, agregó.
Petrib reconoció que “los ediles no tienen poder de resolución, sino que necesitamos una decisión política del Poder Ejecutivo. Desde allá nos dicen que, si nos pagan lo que nos deben, puede generarse un antecedente para que otros trabajadores reclamen por el cobro de adeudos”. Ante los ediles frenteamplistas, dijo que eso era bienvenido “porque tiene que haber una solución para los trabajadores que han quedado colgados con sus créditos laborales, como nosotros”.
Explicó que el reclamo de los extrabajadores de Pili “se soluciona con U$S 1.000.000. Por eso, continuaremos con las gestiones porque queremos una respuesta favorable para cobrar y que otros trabajadores logren lo mismo con sus reclamos. En nuestro caso, queremos cobrar lo que nos corresponde y nada más”.
A comienzos de octubre, una delegación de ediles de la Junta Departamental, encabezada por su presidente, Marcelo Tortorella, presentó formalmente ante la Comisión de Legislación del Trabajo del Senado un documento en el que solicitan una solución a la situación de los extrabajadores.
El pedido formal solicita el trámite de la minuta presentada por Larrañaga bajo el fundamento de la necesidad de una solución política e institucional a un reclamo pendiente desde hace varios años.
La comisión no tomó una decisión sobre el fondo del petitorio y el senador Silva solicitó con carácter urgente un informe para contar con mayores elementos que permitan evaluar el planteo presentado por los ediles sanduceros.
“Ahora esperamos una respuesta de la comisión del Senado. Porque no puede ser que en el período pasado hubiera senadores del Frente Amplio que nos daban para adelante y hacían gestiones, cuando hoy son parte del gobierno y hasta ahora no se encuentra una solución”, concluyó.
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