El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo un día que el exvicepresidente Raúl Sendic “es una de las peores cosas que le ha pasado al Frente Amplio en toda su historia”. Sin embargo, como toda afirmación tajante, tiene un alto grado de relatividad.
Porque también podríamos afirmar que un partido político fundado hace 48 años no logró manejar el déficit fiscal que hoy está en 4,3% del PBI y las cuentas públicas son las peores de los últimos treinta años. Lo cual no es poco decir, porque el actual ministro fue vicepresidente de la República en la anterior administración del expresidente José Mujica, cuando se manejaban dos orientaciones económicas –el astorismo y el mujiquismo, tan disímiles entre sí– que llevaron a la situación que después describió el secretario de Estado, como si no hubiese formado parte de los últimos tres gobiernos.
El asunto se aclaró el jueves 28. Ese día el ministerio informó en su portal web que el déficit del sector público consolidado se ubicaba en 2,7% del PBI, pero a raíz de una consulta realizada por el semanario Búsqueda, la cartera corrigió los números y ubicó el déficit fiscal en 2,9%, con un nuevo comunicado que reconoció una “fe de erratas”. Si hablamos en dinero: ese déficit significan unos U$S 2.400 millones de dólares que Uruguay deberá cubrir con mayores obligaciones adquiridas, es decir, deuda y todo esto después de los discursos oficiales de la “consolidación fiscal” que no fue otra cosa que sucesivos aumentos de impuestos y los vanos intentos por controlar el gasto público. Un gasto público que ciertamente creció a la luz de algunos “caprichitos” que incluyeron inauguraciones de infraestructura dotada de sobrecostos, como el Antel Arena.
El gran problema es que –siempre de acuerdo al discurso oficial– acá no hubo recesión económica y se mantiene la actividad productiva. Sin embargo, el déficit está peor de lo que calculaba el ministro y no hay una mano firme que lo detenga.
La última mirada indulgente –al menos para la tribuna porque en la interna hay preocupación– la dio el presidente de la República, Tabaré Vázquez, el viernes 1º de marzo, durante su Rendición de Cuentas. En ese “acto político”, de acuerdo a la definición del mandatario, hizo un desglose del gasto y mostró otra forma de “leer” los números, cuando se hablaba de un déficit de 4,1%, antes de la corrección al alza.
Vázquez dijo: “El núcleo de la economía que es relevante a los efectos fiscales, y que no incluye al Banco Central del Uruguay, se ubicaría en el entorno del 3% del PBI. Y parte de esta última cifra, de ese 3%, un 1%, está explicada por la asistencia financiera al servicio de pasividades de las Fuerzas Armadas”. El mandatario mete allí la “ley de los cincuentones” que baja 1,4% del PBI (lo deja en 2,7%) y de ese total resta 0,9 del Central para cerrar en 1,8%. Por eso reitera que la asistencia a la Caja Militar es un punto del producto. Así baja a 0,8 el déficit fiscal.
Pero todos sabemos que el impacto de la “ley de los cincuentones” es relativa porque en algún momento a esos recursos que ingresan al sistema público, tendrán que devolvérselos a esos mismos cincuentones que salgan de las administradoras de fondos privados, así como también sabemos que la mención a la Caja Militar es la necesidad de reiterar el concepto de una reforma que tampoco tendría resultados rápidos ni tan importantes en los próximos años.
Lo que el presidente sabe, pero no dice es que ese déficit complica a otros indicadores como la inflación, la distribución de los recursos públicos, las inversiones y su impacto en el endeudamiento. Porque no hay que ser muy técnico para entender que si se gasta más de lo que ingresa, entonces se endeuda. Y lo que el ministro reitera es la existencia de un “gasto endógeno” sobre el cual tiene escaso control.
Sin embargo, con ese cuento nos trae desde hace tiempo, cuando allí precisamente radica una de las aristas de este problema. Mientras Astori sube los impuestos directos e indirectos, también incrementa las tarifas públicas y los combustibles por encima de los números reales para que ingrese más dinero a Rentas Generales y utiliza –también en forma reiterada– a los entes públicos como esas variables de ajustes para que los números alcancen.
Pero eso no se consigue porque Uruguay tiene un Estado pesado, rígido e incontrolable, donde cada “chacrita política” exige más para destacarse y usar a las empresas públicas como trampolines de candidaturas políticas. Sin dejar de mencionar, claro, el círculo de asesores, personal de confianza y privilegios varios que cuesta plata. Y alguien tiene que pagar esos berretines.
Como todo eso no es “políticamente correcto” de explicar, entonces se apela a los tecnicismos y palabras difíciles que no definen otra cosa que la incapacidad para bloquear los abusos y controlar los gastos, aunque provengan de los mimados (o mimadas) de turno.
Los acólitos crecen y se pagan con cargos en la función pública: en marzo de 2005 había unos 230.000 y en diciembre de 2017, 297.601, de acuerdo a cifras oficiales. Por eso, en el país crece más el “gasto endógeno” que la economía y sin una regla fiscal clara, no hay ecuación que aguante. Al contrario, la medida más clara es continuar con la suba de impuestos, que en algún momento se volverá verdaderamente insostenible por la carga impositiva que pesa sobre los ciudadanos.
Por eso, las prebendas, los cargos y el descontrol del gobierno va en función de los votos que pueda obtener en la próxima campaña, sin importar demasiado en qué lugar se encuentra la mayor presión fiscal y los resultados que pueda obtener en el mediano plazo.
El discurso del presidente subestima la realidad económica del país, no reconoce el fracaso de una gestión económica que tuvo todo a su favor y lo que es peor, no hay siquiera un atisbo de querer mejorar esta situación porque vio crecimiento y síntomas positivos donde nadie los vio. Ni siquiera su ministro Astori.