“En 2016 el intendente quitó la administración de Termas de Almirón al Municipio de Guichón, con autoridades legítimamente electas, y pasó intempestivamente la misma a la Intendencia, de manera autoritaria. Ahora, en 2019, se puede afirmar sin ninguna posibilidad de equivocación que fue no solo una decisión errónea sino que además lo único que se logró fue empeorar las cosas, desde la estructura del centro termal hasta la seguridad de los funcionarios y –detalle no menor– de los propios turistas. Porque ahora fue una funcionaria que vivió una situación límite –que lamento profundamente, desde el alma–, pero mañana puede ser una familia de turistas”.
Así se expresó la edil Gabriela Gómez, que no dudó en expresar que “no puedo dejar de pensar, en el Mes de la Mujer, mientras el gobierno del Frente Amplio levanta la bandera del cuidado de las mujeres, que dejó sin seguridad alguna a las que trabajan en Portería de Termas de Almirón, donde en determinadas fechas se tiene mucho dinero entre manos”.
“Cuando una repartición administra dinero, corresponde al Ejecutivo prever, especialmente en la sociedad de hoy, la prevención en seguridad, porque el riesgo es latente y permanente”.
“A eso se suma que la portería está a cientos de metros del centro administrativo de las termas. Solas, en el medio de la nada, expuestas a cualquier cosa. Así no se puede seguir”, subrayó.
“La responsabilidad es del intendente departamental, no tengo dudas”, aseguró la edila del Partido Nacional y aseguró que “en estas horas vamos a pedir una reunión con Adeyom para conocer su parecer y qué acciones van a tomar. Creo que junto al sindicato tenemos que exigir –no ya pedir– que Guillermo Caraballo brinde seguridad laboral a todos los trabajadores y en caso especial a las tres funcionarias que están en ese sitio que hace poco fue atacado y asaltado. Ya no es tiempo de palabras, ahora le toca actuar al intendente. Y hacer algo bueno, bien hecho”.
“PREOCUPACIÓN PERO NO SORPRESA”
El asalto a la portería de Termas de Almirón causó “preocupación pero no sorpresa” en el edil Francis Soca, noticia que leyó en EL TELEGRAFO.
Soca dijo que “en marzo de 2017, hace casi dos años, planteábamos en una moción en la Junta Departamental nuestra preocupación por la situación a que se veían expuestos los funcionarios que trabajan en Termas de Almirón en el sector encargado del cobro de las entradas y las estadías en los moteles”. Recordó que entonces “expresé que los funcionarios carecen de total seguridad ya que no cuentan con guardia que los proteja en el desempeño de sus tareas”.
El edil departamental por el Partido Nacional destacó que los funcionarios encargados de la recepción y cobranza “manejan una importante recaudación, sobre todo los fines de semana, ya que no solo se encargan de cobrar las entradas al predio termal sino también las estadías en los moteles”. Empero, “en la caseta de entrada no hay ningún cofre, solo la caja registradora y al terminar su turno cada uno de los funcionarios entrega el dinero a la Administración que se encuentra dentro de termas. Quienes conocen Termas de Almirón saben de la ubicación de la caseta de cobro, que está muy alejada de las demás instalaciones del centro termal”.
“La realidad indica que más allá de los motivos o razones esgrimidas por la Administración, no cuentan con servicio de seguridad y se encuentran totalmente expuestos, desprotegidos e indefensos los funcionarios que desarrollan esta tarea en Termas de Almirón”, opinó Soca. Y subrayó que “las autoridades departamentales se mostraron omisas ante los planteamientos realizados y no tomaron las medidas correspondientes a los efectos de evitar situaciones como la ocurrida y preservar la integridad física garantizando la seguridad de los funcionarios. Esto es preocupante”.
