Federaciones de cooperativas de viviendas destacaron aprobación de anuencia en la Junta

En la sesión de la Junta Departamental del 14 de marzo, el deliberativo aprobó la solicitud de anuencia de la Intendencia para el fraccionamiento y venta del terreno de la antigua Paylana a ocho cooperativas de viviendas que levantarán sus complejos y totalizarán 320 unidades habitacionales.
Las tres bancadas compartieron el objetivo de la iniciativa. Sin embargo, el Partido Nacional presentó observaciones que corresponden a formulaciones legales y fundamentalmente centraron sus cuestionamientos en aspectos ambientales, ante la presencia de una curtiembre lindera y por las décadas de operativa industrial en la fábrica textil.
A pesar del debate en sala, los ediles nacionalista acompañaron el pedido del Ejecutivo departamental ante el significado social del proyecto, con una votación positiva de 30 en 31. José Illia no dio su voto favorable basado en sus convicciones y precisó que no podría acompañar un proyecto que pone en riesgo la salud de los futuros residentes en el terreno, ante los depósitos acumulados de metales pesados como cromo y plomo, entre otros. Un grupo numeroso de cooperativistas pertenecientes a la Federación de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam), a la Federación de Cooperativas por Ahorro Previo (Fecovi) y al Plan de Vivienda Sindical (PVS), se movilizaron durante la jornada a las puertas del Palacio Municipal y posteriormente durante la sesión desde las barras, en apoyo a la iniciativa que permite la continuidad de los trámites ante la Agencia Nacional de Viviendas.
Las tres federaciones involucradas en el proyecto con Covilan, Coviapp, Covije y Covimupay (de Fucvam), Covisintex, Covinsipay y Covigresa (del PVS) y Coviappay (de Fecovi), emitieron una declaración conjunta donde recordaron que la anuencia para la enajenación de los ocho terrenos “entró a la Junta treinta días antes por lo que merece destacarse el trabajo de las comisiones involucradas y el compromiso de cada uno de los partidos con representación en el deliberativo, habida cuenta del requerimiento de 21 votos positivos”.

COMPROMISO SOCIAL

El comunicado resaltó “el fuerte compromiso de los ediles con el proyecto que transformará la ciudad de Paysandú, dando soluciones a 320 familias y la iniciativa que le cupo a la Intendencia Departamental. Fue una suerte de política de estado a nivel departamental que apunta a mitigar el déficit habitacional de la ciudad y generar múltiples puestos de trabajo”.
Entienden que las ocho cooperativas que se construirán en ese predio aportarán “un total de 22 millones de dólares” y dinamizará el departamento. Las tres federaciones “articularon con sus respectivas autoridades nacionales, responsables de la Intendencia e hicieron aportes desde las instancias creadas o convocadas”, además de “un trabajo gremial a la interna de las cooperativas”.

REGLAMENTO EXIGENTE

Las federaciones de referencia aclararon que las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda, a través de su Reglamento de Producto, “son muy exigentes pues se trata de un hábitat digno con estándares de confort y preservación de condiciones de higiene, salubridad y cuidado del medio ambiente. Sobre esto último es constante la preocupación de nuestras organizaciones”.
En tal sentido, anunciaron que elevarán “los planteos que sean necesarios ya que, insistimos, no construimos en cualquier sitio ni bajo cualquier condición. La preservación de la salud de toda la población y de nuestros compañeros es fundamental para nosotros y nos avalan años de práctica concreta”. Finalmente, destacaron el comportamiento de las familias cooperativistas que participaron en las movilizaciones. El director de Obras de la Intendencia, Marcelo Romero, había dicho a EL TELEGRAFO que “en el Plan Paysandú está planteado que en esa zona de la ciudad, donde se encuentran todas las fábricas, en la medida en que cesa la actividad industrial no se reincorporan otras industrias sino que deberá reconvertirse para uso residencial”. Además, las cooperativas “deberán presentar un informe ambiental al Ministerio de Vivienda, es decir, resta una serie de trámites para evitar precisamente que se construya sobre suelos que no tengan condiciones aptas”.