El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) otorgó la Autorización Ambiental Previa a Trust Administradora de Fondos de Inversión S.A., para la construcción de una represa con fines de riego en Durazno y de esta forma comienza a ponerse en práctica la nueva Ley de Riego (19.553).
La iniciativa, ampliamente discutida en el Parlamento, se sancionó en octubre de 2017 y a partir de entonces el sindicato de funcionarios de OSE (Ffose) lanzó durante el año pasado una campaña de recolección de firmas para solicitar la derogación de la ley, que no resultaron suficientes. En dicha instancia se necesitaba el 25% del padrón electoral o unas 650.000 firmas y se entregaron unas 380.000 ante la Corte Electoral.
La federación anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, en tanto sostienen que la ley viola el artículo 47 de la Constitución, que rige las políticas de agua y saneamiento en el país. El sindicato y otras organizaciones como la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, enfatizan que la iniciativa permite la gestión del recurso a inversionistas ajenos a la actividad rural.
La inversión
La inversión se realizará en dos padrones del establecimiento “El Repecho”, Villa del Carmen, tendrá un terraplén de 10 metros y el embalse se instalará en 133 hectáreas para regar otras 765, dedicadas a la producción intensiva por rotación de cultivos, a fin de lograr dos cosechas anuales de soja, una de maíz y una de trigo, con la aplicación de agroquímicos.
La iniciativa estima en 30 años la vida útil de la represa y su posterior destrucción, con el compromiso de recrear la topografía original y una minimización de los impactos. La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) le extendió la Categoría A, correspondiente a impactos ambientales previstos en las normativas vigentes y recomendó la concesión de la autorización ambiental.
Según el Mvotma, la represa “deberá permitir el escurrimiento del caudal ambiental calculado para cada mes del año”, “mantener los registros diarios del caudal erogado” y “realizar un monitoreo de calidad de agua a la salida de la represa a una distancia entre 30 y 50 metros del punto de descarga con una frecuencia trimestral en los primeros dos años”.
El secretario de organización de Ffose, Carlos Sosa, dijo a EL TELEGRAFO que “inmediatamente que presentamos las firmas, comenzamos a trabajar contra los decretos reglamentarios. Es una especie de trámite administrativo que presentamos ante el gobierno y esperamos la contestación en torno a estos decretos, si opta por dejarlos sin efecto o de lo contrario, si esto sigue adelante. También tenemos el otro mecanismo de presentarlo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ya hicimos la fundamentación y presentamos los elementos necesarios que involucran a este recurso de revocación del decreto”.
Su reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamentó dicha ley a comienzos de noviembre de 2018 y especifica que los interesados en “realizar un aprovechamiento privativo de aguas del dominio público” deberán solicitar autorización al Mvotma y al ministerio de Ganadería con un “proyecto de riego” y detalles de “los aspectos y alcances de la obra”.
Al ministerio de Ganadería le corresponde al generación de un “programa de promoción de riego”, que incorpore “estrategias de fomento y el conjunto de las potenciales obras hidráulicas para riego por cuencas, basados en estudios” que “contemplen los aspectos hidrológicos, ambientales y socioeconómicos”.
Asimismo, señala que en caso de suministro de agua a terceros, deberán notificarse los contratos realizados con los titulares de predios que se regarán. “La cantidad de tierras beneficiadas, cuya disponibilidad deberá acreditarse, no podrá ser inferior al 50% de la capacidad potencial de riego de la obra hidráulica”, para que haya una relación entre la obra hidráulica con determinados metros cúbicos y la superficie a regar.
El Poder Ejecutivo definirá los criterios del “caudal ambiental” a fin de lograr “la protección del ambiente y criterios de manejo ambientalmente adecuados de las obras hidráulicas”. El Mvotma tiene a partir de la fecha de reglamentación, el plazo de un año para confeccionar las “guías metodológicas para la determinación, aplicación, control y monitoreo de caudales ambientales de las distintas cuencas”. En forma provisoria, determinó un caudal con 60% de probabilidad de excedencia en cada mes para las obras de embalses y 80% de probabilidad de excedencia por mes en el caso de tomas de agua.
Inconstitucionalidad
Sosa anunció que Ffose trabaja “para llevar adelante ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la denuncia de inconstitucionalidad de esta ley, al enterarnos que el primer uso de la ley de riego ya está en camino. Esta empresa de Durazno solicitó la construcción de un embalse de 10 metros de altura con destino a riego de una superficie para uso agropecuario. Estamos estudiando esa situación para plantear algún recurso cautelar que posibilite su freno”.