Las cifras que aún no divulgó el Ministerio del Interior señalan que el año 2018 cerró con más de 400 homicidios y 22.000 rapiñas. Es claramente un número superior a las presentadas por el observatorio de la Fundación Propuestas (Fundapro) del Partido Colorado que calculó unos 382 asesinatos. Si se confirman estos datos en los próximos días, entonces hubo un incremento del 70% en comparación con el año anterior (2017). En el caso de las rapiñas crecieron el doble en relación a 2005, cuando se constataron 9.142. Sin embargo, los números no se presentaron en el discurso presidencial del pasado viernes 1º de marzo, cuando Tabaré Vázquez se dirigió por cadena de radio y televisión a la ciudadanía para brindar su Rendición de Cuentas correspondiente al último año de gobierno.
Es que el “cuco de estos días” muestra una realidad antipática y a pesar de enumerar medidas y porcentajes relativos, no fue al fondo de la cuestión, aún cuando a uno de sus nietos “le arrancaron el celular cuando esperaba un ómnibus” o que a uno de sus hijos le robaron en su casa, tras romperle el zaguán. Aunque el mandatario hable en forma reiterada de las mejoras salariales a los efectivos policiales, la instalación de 5.000 cámaras de videovigilancia y la ubicación de otras 2.140; no se refiere a los delitos que ocurren a diario.
Que Vázquez no lo mencione, no significa que no se registrara durante el año pasado un asesinato cada 23 horas, o una tasa de 11,2 casos cada 100.000 habitantes a nivel nacional (solo en Montevideo se eleva a 15,4). De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), un país padece una “epidemia” si se superan los 10 homicidios cada 100.000 habitantes. Y que el presidente no lo destaque en sus discursos, no quiere decir que Uruguay supere a Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú.
Porque el presidente tampoco explicó que el incremento corresponde a delitos que no eran comunes en nuestro país y que crecieron durante los últimos períodos –mal que le pese– como los “ajustes de cuentas”, sicariato o el protagonismo adquirido por las bandas de narcotraficantes que no se controlaron, o la suba de asesinatos dentro de recintos carcelarios. Y, en cualquier caso, tampoco cabe la aclaración que el 80 por ciento de los más de 400 asesinatos corresponden a conflictos entre criminales porque entonces estarían confirmando que se les fue de las manos, o lo que es peor, que manejan información reservada que no fue utilizada a tiempo. De última, “que se maten entre ellos”. Porque, además, nos inducen a pensar a algunos “descerebrados” que existe una clara ineficacia al momento de combatir a la delincuencia organizada.
No obstante, Vázquez reconoció que no puede cumplir con la meta de bajar un 30% las rapiñas en este período y basó su explicación en la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal. Sin embargo, y aunque tampoco lo mencione, las rapiñas han ido in crescendo desde 2014 (20.097) hasta más de 22.000 en 2018 mientras que nuevo código comenzó a aplicarse desde noviembre de 2017.
Son realidades que nunca se contraponen en un discurso proselitista como el de Vázquez –que es mucho más que “un acto político– y que seguramente servirá para fogonear a los denominados “descerebrados” que, de acuerdo a su interpretación, pululan en las redes sociales.
Un día antes, el ministro del Interior intentó explicar que el avance del delito ocurre “por la voluntad del delincuente de cometer delitos y la voluntad de quien no era delincuente en transformarse en delincuente” porque la inseguridad es un problema existente en la región. “El avance del delito se está dando en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Paraguay; en todos los países de la región es enorme”. De Perogrullo: hay más robos porque tienen gana de robar, más delitos porque hay más delincuentes… Jamás imaginaríamos tan sabias palabras de un ministro. Pero en lo que son los números, aunque desconocemos la fuente ministerial para dicha afirmación, en Argentina, los homicidios bajaron 13 por ciento y se ubica en 5,2 cada 100.000 habitantes, Paraguay 5,1, Chile 2,7, Ecuador 5,7 o Bolivia 6,3. Muy por encima de Uruguay están Colombia y Brasil con 25 o Venezuela con 81,4.
Entonces, no es un problema de recursos sino de gestión, de falta de un claro liderazgo y de una sensación de impunidad que permea en la población. No es por casualidad que las propiedades, comercios e incluso en los barrios cooperativos –que siempre son citados como puntos de inclusión social– están rodeados de rejas, alambre concertina y cada vez más sofisticados sistemas de alarma y videovigilancia. En tanto, la población ya no es libre de salir y andar por donde quiera y a la hora que quiera, al extremo que las familias organizan sus movimientos para que los menores o adolescentes no tengan que andar solos por la calle, ni siquiera en zonas céntricas en Montevideo, por ejemplo. ¿Qué otra cosa es eso sino miedo? ¿O acaso esas acciones corresponden, también, a la aplicación del nuevo código, que fue votado por todos los partidos? ¿O se basará en tecnicismos que atribuyen a reyertas entre bandas criminales? El miedo, que además de subjetivo no se puede medir, está por encima de cualquier sensación térmica y no resiste el menor análisis partidaria. Es un dato de la realidad y así debe medirse, aunque les cueste.
Y ahora tampoco pueden argumentar que la causa está en la pobreza o la desigualdad social porque el mismo presidente remarcó en su discurso que desde que gobierna el Frente Amplio estamos en una era de desarrollo sin precedentes, con incremento del PBI, reducción de las desigualdades sociales –somos uno de los países con menor desigualdad– mayor inclusión, y todo lo bueno a lo que se puede aspirar.
Es cierto, la Justicia no parece estar siendo muy justa con sus dictámenes, y en general ha sido benévola con los delincuentes por decir lo menos. Pero claramente el incremento explosivo de los delitos no comenzó con la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal, ni es una herencia maldita de 2005.
Por eso, nuevamente, queda claro que el discurso presidencial fue un acto proselitista. No por casualidad lo hizo en el Antel Arena, el nuevo Coliseo del gobierno frenteamplista donde las masas de seguidores tuvieron su circo.
