(EL OBSERVADOR)
El arranque del 2018 fue movido para los usuarios de la telefónica estatal Antel, que desde el 1° de enero de ese año decidió modificar los contratos de telefonía móvil LTE que tenían miles de sus usuarios. De inmediato, el ente estatal recibió una catarata de reclamos y quejas, en tanto los usuarios no entendían o directamente no aceptaban la nueva modalidad de consumo de saldos que ofrecía la empresa en ese entonces.
Casi un año después de ese episodio (noviembre de 2018), la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) emitió la primera resolución que derivó en una multa sobre Antel por 30 UR (equivale a $ 34.859) “por modificar las condiciones de prestación de los servicios en forma unilateral y sin antes haber informado a los usuarios, contraviniendo lo dispuesto en la Ley N° del 12 de agosto de 2000”, dice el fallo. El cliente alegó que la empresa modificó “de forma sustancial el contrato sin previo consentimiento, quitando Gigas de Internet que se encontraban pautados al suscribir el mismo” y que los precios a cobrar por la navegación no surgían de la página de la empresa.
En parte de sus descargos ante el organismo, según consta en la resolución de la Ursec, Antel expresó que “no existió modificación de los contratos vigentes, no se quitaron Gigas para utilizar Internet y que los precios de todos los servicios se encuentran publicados en el sitio web institucional”, y que algunos clientes vieron reducciones en sus tarifas con el nuevo plan.
El vicepresidente de la Ursec, Nicolás Cendoya, dijo a El Observador que si bien el mundo de las comunicaciones es “muy dinámico, si se va a introducir una modificación de un contrato tiene que existir un preaviso al consumidor”, algo que se consideró Antel no hizo en ese caso en particular.
Antel tiene la potestad de recurrir la decisión de la Ursec ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), pero según Cendoya, hasta el momento no le consta que la telefónica estatal haya recurrido a esa vía. El dinero de las multas tiene como destino Rentas Generales. De acuerdo los últimos datos de la Ursec, al cierre del primer semestre de 2018 Antel lideraba el mercado de telefonía móvil con una participación del 53%, seguido por Movistar (31%) y Claro (16%). Actualmente, uno de los focos de trabajo del organismo regulador está en modernizar las cláusulas sobre los contratos de telefonía móvil y de transmisión de datos (Internet). “Estamos haciendo un abordaje integral de todas las empresas que brindan servicios de transmisión de datos”, comentó. El vicepresidente de la Ursec informó que los servicios jurídicos están realizando un “análisis quirúrgico” de las cláusulas que estipulan los contratos.
SARTORI CON ABDO BENÍTEZ
(AFP)
El presidente de Paraguay, Mario Abdo, recibió en Asunción al precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Juan Sartori. El encuentro, que tuvo lugar en la capital paraguaya, sirvió para que Abdo manifestara su “esperanza” por el surgimiento de “nuevos liderazgos que puedan representar un cambio significativo en la forma de hacer política” en la región.
Según el comando de campaña de Sartori, en la reunión abordaron el futuro del Mercosur y la crisis en Venezuela. Sartori cultiva un perfil internacional en la campaña, y se mostró antes en el foro económico de Davos, en Suiza, y buscará reunirse con otros presidentes latinoamericanos.
NUEVE DELINCUENTES ABATIDOS
(SUBRAYADO)
Durante 2018 hubo 22 personas muertas a manos de la Policía y en lo que va del año, hubo nueve delincuentes abatidos. En enero se había registrado un solo caso, pero en febrero hubo siete personas que murieron en esas circunstancias. Si bien no hubo órdenes específicas respecto al accionar policial ni elementos que puedan hacer pensar que se trata de una nueva actitud de los efectivos, lo cierto es que los casos se dispararon en las últimas semanas.
Con el caso del hombre detenido y abatido dentro de una camioneta policial cuando era trasladado, suman nueve los delincuentes muertos en lo que va del año por enfrentamientos con policías. En todos los casos registrados este año la Fiscalía entendió que fue legítimo el accionar de los efectivos y que actuaron para defenderse de una agresión o evitar el daño a otras personas.
