El mes de febrero cerró con casi 42.000 personas en el seguro de desempleo y es el máximo registro que el Banco de Previsión Social alcanzó en los últimos años. De ese total, hay más de 28.500 con causal de despido, casi 3.000 con reducción de la jornada laboral y aproximadamente 10.500 con suspensión temporal de las actividades. Es decir que, al menos estos dos últimos casos, reflejan las decisiones que adoptan las empresas cuando atraviesan por dificultades.
Esas cifra significan, en definitiva, un 10,4 por ciento de incremento con respecto al mismo mes del año pasado o unas 4.000 personas más en el seguro.
La industria manufacturera encabeza la lista por rubro y actividad, pero el dato no es novedoso. El Instituto Nacional de Estadística marca desde hace al menos doce meses una caída acumulada de 2,8 por ciento, tanto en horas trabajadas como en el personal ocupado.
Claro que, si se incluye la refinería de La Teja, el Índice de Volumen Físico registra a comienzos del año un crecimiento de 1,3 por ciento, pero si se quita el denominado “núcleo industrial” conformado por ramas que se encuentran en régimen de zona franca (UPM, Montes del Plata y Pepsi), la caída es aún mayor y llega al 4 por ciento. Las horas trabajadas cayeron 6,5 por ciento y el índice de Personal Ocupado bajó un 5,3 por ciento, de acuerdo a los datos del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).
En segundo lugar se ubican el comercio al por mayor y menor con un incremento de 661 enviados al seguro de paro, seguido por la producción agropecuaria, forestal y pesca.
Y si el análisis se profundiza en el sector comercio y servicios que, como en el caso de Paysandú dependen la mayoría de las fuentes laborales del departamento al igual que en otras zonas del país, se presenta una menor actividad constante en rubros específicos como restaurantes y hoteles, además de venta de automóviles.
Si, en forma paralela, se analiza el incremento del índice Medio de Salarios en 5,32 por ciento, se observa que los servicios sociales, de intermediación financiera y transporte aumentaron sus ingresos, pero los trabajadores de la industria manufacturera, del comercio y la construcción perdieron poder de compra.
A esto debe sumarse el incremento imparable del déficit fiscal que en febrero pasado midió 4,5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) o un deterioro con respecto a enero, cuando se corrigió la cifra al alza y se ubicó en 4,3 por ciento. No resiste un mínimo análisis que el cálculo del equipo económico estuvo lejos de la realidad, cuando en la última Rendición de Cuentas del año pasado las autoridades esperaban que el 2018 finalizara con un déficit de 3,3 por ciento y, a fines de este año, alcanzarían el 2,8 por ciento.
Sin embargo –y para que el ministro de Trabajo Ernesto Murro no reclame que la prensa no anuncia cuando se abre una industria en Uruguay– en los últimos meses se hicieron gestiones para que la empresa Ecolat reabriera en Nueva Helvecia de la mano del grupo peruano Gloria.
Este martes se reunirá con representantes empresariales y trabajadores para anunciar la decisión que reactivará a una industria láctea que, en su momento, ocupara el segundo lugar de importancia en el país. En febrero de 2015 suspendió la operativa en Colonia y su cierre afectó a 400 trabajadores, ante las dificultades para llevar adelante “un proyecto de reestructura”, según argumentó, y pérdidas por 10 millones de dólares.
La planta tendrá otro régimen de trabajo, comenzará a operar en junio y en principio lo hará con 30 operarios dedicados en esta primera etapa a la elaboración de quesos para exportar a mercados del grupo peruano y procesará 50.000 litros de leche que es el 10 por ciento de la capacidad que tiene la planta.
Este grupo se sumará a otros 20 que pertenecen a una empresa tercerizada, a cargo de tareas de reacondicionamiento de la planta cerrada hace cinco años. Pero la situación en Colonia es compleja en el sector lácteo, por lo tanto, tampoco se brindó información acerca de quiénes aportarán la leche que se procesará ni los criterios para contratar al nuevo personal, en tanto la empresa no confirmó si retomará a algunos de los antiguos trabajadores de Ecolat. De hecho, muy pocos de aquellos 400 lograron reinsertarse laboralmente en Nueva Helvecia o su zona de influencia.
Por otro lado, la empresa química Isusa resolvió establecer un compás de espera para frenar el proceso de reestructura que implicaba el envío al seguro a unos 160 trabajadores, mientras el sindicato le pidió al gobierno que ayude a la industria nacional. Esta medida es solo por un mes, en tanto a partir de mayo volverán a negociar, en el marco de un escenario de competencia desleal con relación a los productos de este tipo que ingresan al país.
La empresa produce fertilizantes, pero se enfrenta a compañías que instalan galpones con operarios que perciben salarios mínimos y no pagan impuestos como industrias químicas, sino en el ramo de la logística. Si desaparece la industria nacional ante la problemática no resuelta de la competitividad y, en cambio, se resuelven mejores condiciones para multinacionales en zonas francas con exoneraciones diversas, entonces caminaremos exclusivamente hacia un país de servicios.
Mientras el gobierno da señales débiles, las industrias nacionales se reconvierten para producir menos ante las dificultades para enfrentar altos costos de producción y otras directamente importan. Eso se traduce en menores fuentes de trabajo que, sumado a las reestructuras salariales, implicará problemas a futuro en una seguridad social que ya tiene un entorno bastante complicado.
La región ya hizo eso, porque Argentina, Paraguay y Brasil mejoraron sus costos y en realidad, venden lo mismo que Uruguay. Antes de mirar el contexto regional para echarle las culpas, comencemos a hacer algo por nosotros mismos. Pero se debe hacer ahora, aunque sea año electoral, y asumir de una vez el tan temido costo político.
