(EFE-PRESIDENCIA)
El exministro de Defensa, Jorge Menéndez, aseguró en su carta de renuncia –filtrada por El País ayer–, que sugirió al Gobierno acudir a la Justicia con respecto a las confesiones de delitos cometidos por el exmilitar José Gavazzo durante la dictadura. “Luego de reunirme con usted, concurrí a la Secretaría de la Presidencia, acompañado por dos profesionales del Ministerio, donde interiorizamos los antecedentes del contenido del Tribunal de Honor y la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la Justicia”, destaca la carta fechada el 1º de abril y dirigida al presidente Tabaré Vázquez.
Ese día, el mandatario pidió la dimisión de Menéndez y del subsecretario Daniel Montiel, luego que El Observador publicara el pasado 30 de marzo, las actas del Tribunal de Honor del Ejército en las que había documentos que incluían una confesión del exmilitar José Nino Gavazzo, donde admitía su participación en delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar.
Los escritos detallaban que Gavazzo arrojó en 1973 el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro para su desaparición. Según la misiva, Menéndez agregó que el expediente fue dejado en Presidencia de la República para su análisis, estudio y evaluación sobre la procedencia o no de homologar los fallos del Tribunal de Honor del Ejército.
“Por razones que tienen que ver con mi salud y vida y dada la complejidad del momento es que le presento mi renuncia al cargo que con tanto honor me ha conferido, para darle al Poder Ejecutivo una mayor claridad y celeridad en busca del objetivo institucional trazado”, concluyó el escrito. El exministro y exdiputado José Bayardi confirmó a Efe que será el nuevo ministro de Defensa, ante la renuncia de Menéndez.
Por su parte, el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, emitió un comunicado –publicado en la web de Presidencia– en el que da su versión sobre los hechos que tuvieron lugar en los últimos días. El jerarca explicó que instruyó al Ministerio de Defensa Nacional para que pusiera en conocimiento a la Justicia de la aparición de “conductas con apariencia delictivas” en las declaraciones que dieron los militares en el Tribunal de Honor.
“Para el cumplimiento de la instrucción del señor presidente de la República, en el sentido de poner los hechos en conocimiento de la Justicia, ese mismo día, es decir el 12 de marzo de 2019, el Ministerio de Defensa Nacional, con la finalidad de actuar en consecuencia, recibió todos los antecedentes que habían sido entregados a la Secretaría de la Presidencia”, afirmó Toma en el comunicado. Luego de la publicación de El Observador, Presidencia solicitó a la secretaría de Estado que “elevara con carácter urgente las actuaciones” a fin de verificar si la “instrucción de poner los hechos en conocimiento de la Justicia había sido cumplida o no”.
Según la versión de Toma, el ministerio cumplió “de inmediato” con el pedido de la Presidencia y dejó constancia de que “aún se encontraban los servicios del ministerio desplegando distintas acciones” para cumplir con el pedido de remitir las declaraciones a la Justicia. Hasta el 1º de abril aún no se había comunicado a la Justicia, por lo que el presidente Vázquez ordenó que “de inmediato se compareciera ante la Fiscalía General de la Nación”. Eso se cumplió ese día, cuando el presidente decidió las remociones mencionadas.
INFLACIÓN EN 7,78%
(AFP)
La inflación en Uruguay fue de 0,55% en marzo, cifra que lleva el acumulado de 12 meses a 7,78%, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 12 meses a marzo de 2018 el IPC registraba un incremento de 6,65%. En tanto, en lo que va del año, el acumulado del Índice de Precios al Consumo (IPC) es de 3,73%, por debajo de la variación anual registrada en marzo de 2018, que fue de 3,90%.
Según el INE, los rubros con mayor incidencia en el índice fueron Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (0,10%) y Transporte (0,09%). La cifra sigue por encima del rango meta del gobierno, de entre 3 y 7%.
DENUNCIARON A PROMOTORES DE DEROGAR LEY TRANS
(EFE)
Distintos colectivos denunciaron al precandidato presidencial Carlos Iafigliola y al diputado Álvaro Dastugue, ambos del Partido Nacional y promotores de la derogación de la Ley Integral para las Personas Trans, según declaró una activista a Efe. La integrante de uno de los colectivos trans que presentó la acusación, Marcela Pini, aseguró que esta denuncia fue radicada por “los dichos y la promoción en la prensa” que ambos tuvieron respecto a la medida aprobada en octubre de 2018.
“Estamos hablando de una normativa que está aprobada, que está debidamente promocionada y promulgada como cualquier otra normativa conforme a la legislación uruguaya de transparencia pública y están diciendo cosas que la ley no dice”, subrayó Pini. En ese sentido, apuntó que esos dichos “construyen opinión pública” que luego recae sobre las personas transexuales.
“Hablan de que esta ley promueve una ideología de género, que las personas trans no pueden ni deberían elegir cuál es su identidad de género, hay una incitación al odio clara”, reafirmó Pini. Por otro lado, también señaló que Iafigliola y Dastugue cometieron un delito de estafa por desinformar a la gente al momento de juntar las firmas, por ejemplo diciéndole que con la Ley Integral para las Personas Trans se iban a agregar impuestos.
Iafigliola y Dastugue presentaron ante la Corte Electoral 69.360 firmas para derogar la ley a través de un referendo. El precandidato dijo a Efe que consideraban “peligrosa” la legislación por negar “la biología”. En esa ocasión, el político aseguró que la ley “introduce la ideología de género” y niega que las personas nacen “hombre y mujer”. Mediante las firmas conseguidas, Iafigliola y Dastugue buscan un prerreferendum, al que se accede con las firmas del 2% del padrón electoral. En esa instancia, la población votará para definir si quiere avanzar hacia un referéndum, para lo que se necesita una adhesión del 25% del padrón y en el que se definiría por mayoría simple si se deroga la ley o se mantiene, según detalló Iafigliola.
DESARROLLO SOSTENIBLE
(EFE)
La Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) presentó el documento “Política de Cooperación Internacional de Uruguay para el Desarrollo Sostenible al 2030”, en el que el país resalta a la cooperación internacional como instrumento clave en su transición al desarrollo. En el marco de la presentación, que contó con la presencia de diplomáticos y autoridades del Poder Ejecutivo, la directora ejecutiva de Auci, Andrea Vignolo, dijo que la cooperación internacional es un instrumento “idóneo” para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030. Vignolo detalló en ese sentido que, si bien en 2016 por su renta per cápita Uruguay no calificaba para obtener la Ayuda Oficial al Desarrollo, con el apoyo de otros países de la región y de organismos internacionales el país logró posicionar el concepto de “transición al desarrollo”.
Por su parte, el prosecretario de la Presidencia uruguaya y presidente de Auci, Juan Andrés Roballo, afirmó que la elaboración del escrito –que considera a los derechos humanos, la interseccionalidad y la sustentabilidad ambiental como ejes transversales de la cooperación internacional– es un “hito”.
En la misma línea se expresó el vicecanciller uruguayo, Ariel Bergamino, quien afirmó que con el documento el país recalca su compromiso por cumplir con los ODS de la Agenda 2030 impulsada por Naciones Unidas de la mano de una herramienta “sustancial” como la cooperación internacional.