En el marco de un enredo formidable en el que la premisa ha sido sacarse responsabilidades de encima y hacer que todas las culpas fueran de los otros y no de uno, el presidente Tabaré Vázquez destituyó los altos mandos del Ejército y a su ministro y subsecretario de Defensa, a partir del informe del Tribunal de Honor sobre hechos que involucraron torturas y asesinato por José Gavazzo del militante tupamaro Roberto Gomensoro, pero con tantas desprolijidades y contradicciones, que el tema de fondo ha quedado en segundo plano, y no porque sí.
En esos momentos se está discutiendo quienes estuvieron informados sobre los delitos confesados ante el Tribunal de Honor por José “Nino” Gavazzo, procesado por la comisión de 28 homicidios especialmente agravados durante la dictadura, pero si hay un común denominador en todo este proceso es que todos tratan de sacarse el sayo, especialmente el presidente de la República, con la diferencia que en este contexto el mandatario amparado en su cargo dio un portazo, salió con su natural “aquí mando yo” y sacó de sus cargos a militares y titulares de Defensa, sin asumir su parte de omisiones groseras en todo el asunto.
Ese expediente llegó a Presidencia, donde fue homologado, o sea, dado por bueno, pese a que allí se exoneraba a Gavazzo de cargos a raíz de ese hecho. Incluso uno de los generales que integró ese tribunal, y consideró que el hecho no afectaba al honor de la institución, fue pocas horas después designado comandante en jefe del Ejército.
A partir de la publicación del diario El Observador el 30 de marzo en la que informó que Gavazzo confesó que en 1973 decidió arrojar el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro, el jefe de Estado resolvió pedirle la renuncia al ministro de Defensa Jorge Menéndez y al subsecretario, Daniel Montiel, además de destituir a seis generales, entre ellos quien había sido designado como comandante en jefe del Ejército, José González.
Sin embargo poco después de conocerse esta noticia El País informó que Miguel Angel Toma, asesor directo y figura de extrema confianza de Vázquez, fue advertido en la segunda quincena de febrero por Menéndez de las confesiones de Gavazzo, y aquí es donde aparecen las contradicciones más gruesas, incluyendo qué hizo Toma con esa información: si la comunicó al presidente, decidió llevar el caso a la Justicia y por qué se esperó hasta el 1° de abril para tomar acciones, como las interrogantes más relevantes que surgen en primera instancia.
Además, queda de manifiesto que el mandatario confía en su equipo de colaboradores en cuanto a la lectura de los expedientes que le llegan –como hacen en general los mandatarios– pero con la diferencia de que la idea es que por lo menos el presidente se encargue personalmente de examinar y reexaminar los expedientes sobre temas de especial relevancia, como es este y sobre todo para un gobierno y una fuerza política que ha hecho hincapié en una supuesta defensa de los derechos humanos y revisión del pasado reciente.
En entrevista con el periodista Gabriel Pereyra –divulgada en VTV y Radio Sarandí– el presidente Tabaré Vázquez dijo que él no había leído las actas del Tribunal de Honor.
“Él fue (Jorge Menéndez), se reunió con Toma. Toma vio las actuaciones y dijo ‘esto hay que pasarlo a la Justicia’ y el ministro de Defensa se llevó todo para su despacho para cumplir la orden”, dijo el mandatario. Agregó que “se enferma el ministro de Defensa, pide licencia médica y entra a actuar el subsecretario (Daniel Montiel)”. Luego Vázquez admitió públicamente que se enteró de las declaraciones de Gavazzo por la publicación de El Observador el fin de semana pasado.
Por otro lado el lunes en la noche Toma respondió al llamado de El País y admitió una reunión con Menéndez donde recibió documentación y decidió pasarla a jurídica de Presidencia “En esa reunión Menéndez ¿no sugirió presentar una denuncia penal?”, preguntó El País. “No, yo no le voy a decir quién sugirió lo que sugirió. En esa reunión, lo que… Lo único que recibí fue el expediente y el expediente lo pasé a Jurídica. No existe el trámite como usted está manejando”, respondió el asesor de Vázquez al periodista del citado matutino.
La respuesta contradice al jefe de Estado, quien afirmó en la entrevista que el expediente había vuelto a Defensa. Incluso en otro comunicado de la Secretaría de la Presidencia traslada las responsabilidades de efectivizar una denuncia penal al Ministerio de Defensa.
La contradicción más destacada igualmente surge entre las declaraciones de Toma a El País y la carta de renuncia de ese mismo día del exministro Menéndez.
“¿Usted asegura que el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, en ningún momento le sugirió la necesidad de presentar una denuncia penal en la segunda quincena de febrero, producto de las declaraciones que Gavazzo hizo en el Tribunal de Honor?”, consultó El País al secretario de la Presidencia. Toma no dudó en responder: “No, pero… Pero rechazo enfáticamente”.
“Luego de reunirme con usted –en referencia a Vázquez– concurrí a la Secretaría de la Presidencia acompañado por dos profesionales del ministerio donde interiorizamos de los antecedentes del contenido del Tribunal de Honor y la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la Justicia”, detalló Menéndez en su carta de renuncia dirigida al jefe de Estado.
La misiva fue divulgada por el programa “Las cosas en su sitio” de Radio Sarandí.
Más allá de que evidentemente en principio Toma queda como el mayor responsable de este cruce de decisiones y omisiones, lo preocupante es que de este embrollo queda claro que el entorno del presidente y el propio mandatario denotan fallas manifiestas en cuanto a la capacidad de procesar información –incluso por lo menos leerla– y sugerir toma de decisiones adecuadas, por decir lo menos, y también alerta sobre si otras decisiones importantes en las que el gobierno incluso tuvo que rectificarse no son las únicas en las que se ha incurrido en flagrantes errores.
Además, si falla nada menos que en su buque insignia, la supuesta defensa –sesgada, claro– de los derechos humanos a las que se dedica tiempo y recursos hasta por encima de lo razonable, ¿qué queda para los reales problemas del país que están sin resolver, cuando se está llegando al fin del período de gobierno y se sigue en un discurso de autocomplacencia que dista años luz de la realidad?