El próximo viernes, un grupo de veteranos líderes políticos y el presidente Tabaré Vázquez firmarán un “pacto ético” promovido por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) a fin de evitar la difusión de informaciones o noticias falsas.
Lo que hoy se denominan “fake news” corresponde a una expresión que en 2017 fue elegida como la “palabra del año” y se utiliza para definir a una actitud e intención de falsear la difusión de hechos con una diversidad de objetivos y criterios.
Al menos en Uruguay surgió a raíz de la afectación y el perjuicio sufrido por dirigentes, víctimas de noticias falsas fundamentalmente a través de las redes sociales o una de las nuevas y principales formas de comunicación. Y como este es un fenómeno que no se puede evitar, al menos reclaman que partidos, sectores y dirigentes no lo promocionen ni lo difundan. Pero como es un “pacto ético”, también resulta bastante genérico apelar a valores y al respeto de códigos no escritos, justamente en momentos en que observamos que el “vale todo” es una estrategia de defensa y además, de ataque.
Con el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las “fake news” corren más rápido de lo deseado y se comparten sin chequear.
En el caso específico de las campañas electorales o hechos cotidianos de la política –aunque se extiende a otras situaciones– simplemente alcanza que involucre a un opositor para establecer conexiones múltiples y la reiteración del bulo hasta percibirlo como verdadero.
Y lo que se puede monitorear y aclarar a través de Internet, es imposible en grupos cerrados como el WhatsApp, donde no existe posibilidad para el afectado de desmentir una patraña, por el simple hecho de que no se enteró. Y es, probablemente, uno de los lugares de mayor difusión de noticias falsas, manipulación de imágenes y difamación de personas.
Por lo tanto, como no se puede comprobar, tampoco se puede medir su impacto negativo, fundamentalmente en lugares de menor densidad poblacional, donde la circulación de mensajes que busquen restar o sumar votos, se vuelve inmanejable. Y ni que hablar en tiempos de veda electoral, donde la propaganda se hace minuto a minuto, con la utilización de cualquier estratagema para sacar una mínima ventaja.
No es muy difícil hoy encontrar las razones por las cuales se pretende manipular la voluntad de un electorado con la instrumentación de artilugios y mentiras que conforman una batería de estrategias cuyos protagonistas pueden ser conocidos o no, según su lugar de desempeño. Probablemente, en una ciudad como Paysandú sean conocidos y tengan varias cuentas en las redes sociales, con diversos perfiles pero apuntando a una misma forma de hacer política, o lo que ahora se denomina “fake news”.
Solo la concientización de la existencia de estos personajes o el empoderamiento del electorado basado en la educación en las redes, los alejará del embuste. A menos que dejemos en manos del paso del tiempo su labor esclarecedora, pero el “mientras tanto” puede generar enfrentamientos y revelaciones poco agradables. Porque esta herramienta apela a las creencias del usuario y moviliza lo que ya piensa, aunque no sea veraz.
En cualquier caso, la duda es saber cómo se llevará a la práctica un compromiso ético, liderado por viejos referentes, con las transformaciones vertiginosas que atraviesan a las comunidades.
Mientras se discute la independencia y responsabilidad del periodismo, continuamente aparecen nuevas formas de información y difusión de contenidos que exceden hasta las capacidades e intereses de los usuarios.
Y en cualquier caso, apelan a las emociones que continuamente cambian o trastocan la realidad de un individuo. A esto debe agregarse el cúmulo de opiniones que en cuestión de horas se suman ante la difusión de un hecho.
Y a la diversidad de criterios se atan los mensajes malintencionados, insultos o agravios personales que no guardan una relación con la noticia presentada. Entonces, tampoco se cumple con el pacto ético y no existe otra cura que la educación de la conducta humana. Porque la información falsa parte de las redes y no de los medios de comunicación que son fuentes de trabajo, ni tampoco de los periodistas, sino de los operadores políticos –en algunos casos pagados para que hagan el trabajo sucio– que detrás de una pantalla anónima abundan con la “manija” y generan estos escenarios que después se intenta proteger con “pactos éticos”, cuando el enchastre ya está hecho.
Y porque puede desagradar el enfoque o presentación de un hecho, pero eso no es una noticia falsa.
No debemos olvidar cómo surgió el pacto. La propuesta nació a raíz de un debate en las redes sociales sobre la labor cumplida por los medios de comunicación durante un incidente ocurrido en una peluquería de Pocitos, cuando un hombre retuvo a varias personas contra su voluntad por un asunto personal originado en un caso de violencia doméstica.
La Policía pidió que no se difundieran imágenes de lo ocurrido y a partir de esa situación, APU recordó un artículo del código de ética vigente desde 2013, que apela al cuidado de la difusión de información que pueda perjudicar la integridad de las personas y ponga en peligro derechos básicos consagrados por la ley.
Pero partimos de una mala base, porque allí no hubo falsas informaciones, sino criterios de difusión de un hecho que golpeaba la sensibilidad de los afectados, sus familias y el barrio involucrado. Y si el gobierno (y sus distintos niveles) quieren que se difundan solamente lo que hacen ellos, entonces que pongan a trabajar a sus casi mil periodistas (eran 925 hasta hace dos años) para mejorar la comunicación.
Como sea, aguardamos con gran ansiedad que se aclare una de las “fake news” más grandes de los últimos tiempos porque las maestras que trabajaban en una escuela del barrio Conciliación, de Montevideo, en 2002 aún esperan una reunión con Vázquez para decirle que no sigan repitiendo –ni él ni Carolina Cosse ni cualquier otro– que había niños que comían pasto.
Ese sí que sería un gran comienzo. Pero, como dijo un expresidente, “difícil que el chancho chifle”.