La Justicia procesó con prisión a los dos malvivientes que el 14 de enero de 2009 asesinaron a Alejandro Novo en Montevideo, cuando se encontraba trabajando para la avícola de su familia. El hecho motivó la lucha constante de la madre de Alejandro, Graciela Barrera, que impulsó la creación de la Asociación de Víctimas de la Delincuencia, junto a su nuera –Mónica Haskowec– que murió sin llegar a conocer la resolución del crimen de su esposo. La asociación incluso llegó a ocuparse del caso de la sanducera Romina Severo, que resultó muerta tras ser víctima de un arrebato en 2010 y terminar bajo las ruedas de un ómnibus de Copay.
Graciela Barrera, en ejercicio de la presidencia de Asfavide, ha sido una de las responsables de importantes logros para las víctimas de la delincuencia, entre ellos el beneficio de la pensión para víctimas y/o familiares directos, que hoy es una realidad para quienes sufren las consecuencias de delitos graves; lucha que contó en nota publicada el 27 de enero en QUINTO DÍA.
Con la sanción del nuevo Código del Proceso Penal se lograron otros objetivos, como el que las víctimas dejaran de ser un objeto de prueba para convertirse en un sujeto de derecho contemplado durante el juicio.
EL CRIMEN DE ALEJANDRO
Aquel 14 de enero de 2009, Alejandro Novo circulaba en su camioneta de reparto de productos avícolas por la zona de Barros Blancos pasado el mediodía, momento en que fue abordado por delincuentes que le hirieron de muerte para arrebatarle la recaudación de ese día. Los autores se dieron a la fuga y a partir de allí comenzó un largo periplo policial y judicial que no pudo resolver el caso hasta hoy, diez años después de ocurrido.
El extinto director de la Policía Nacional, comisario general (R) Julio Guarteche, dispuso la creación de la Unidad de Análisis de Hechos Complejos, que tuvo al caso de Alejandro como el primero a investigar, dando impulso a una unidad de análisis criminal dedicada a la resolución de casos de alta complejidad probatoria.
Integrado por investigadores de experiencia, esta repartición fue la encargada de mantener viva la causa y acumular el caudal de indicios probatorios que permitió la resolución de un caso emblemático que llevaba una década de impunidad, a la que se le puso fin condenando a los autores del hecho.
NUEVOS TESTIMONIOS
Se conformó un equipo de tareas que retomó la investigación del caso y luego de varias actuaciones, se obtuvieron nuevos elementos de prueba que fueron fundamentales para desestimar coartadas que existían en el expediente judicial por los indagados. Además del aporte de nuevas declaraciones, ya que en una reunión íntima, Diego Martín Scarpa Azcue, de 37 años, habría comentado que junto a su cómplice, Pereira, alias “Mandril”, de 36 años, tuvieron participación en “la muerte del pollero”, agregando que se habría quemado las huellas de los dedos de sus manos en un intento por evitar que se lo implicara en el caso.
La Dirección Nacional de la Policía Científica informó que en los fichajes realizados a Scarpa posteriores al año 2009, presentó lesiones que se visualizan en las impresiones dactilares.
En la audiencia con el juez de 1er turno de Pando, Dr. Bachelli, y la fiscal de 2º turno, Dra. Ghione, los testigos reconocieron a los indagados y se desestimó totalmente la coartada presentada por Scarpa, todo lo cual llevó al juez a decretar los procesamientos con prisión de Diego Martín Scarpa Azcue (que ya estaba recluido por un delito de lesiones personales), y de Jesús David Pereira Carballo (recluido por un delito de rapiña) como autores penalmente responsables de un delito de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real con un delito de receptación. Deberán seguir en prisión por esta causa, una vez cumplidas las condenas por las que hoy están privados de libertad.