Tradicionalmente, un año electoral no es precisamente el mejor período para contener el gasto público y sanear las cuentas, sino que por regla general –salvo en el gobierno de Jorge Batlle tras la crisis de 2002– se han acentuado las políticas procíclicas, es decir aumentando el gasto junto con la recaudación. Es así que en este 2019 el gasto ha seguido aumentando en un marco recesivo, con el resultado del incremento del déficit fiscal.
Vienen a cuento para situarnos en este escenario los datos que proporciona el estudio de los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelin al evaluar la coyuntura, que marca una tendencia sostenida de incremento del déficit fiscal, cuando además el entorno internacional dista un abismo de la década tan favorable que concluyó en 2014.
Podría aceptarse, en alguna medida, como consecuencia de los errores de política económica en los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, que el aumento del gasto sea producto de su rigidez. Pero el problema se sitúa este año en que el incremento se da en el gasto discrecional, es decir en el margen que existe para disponer de los recursos de todos los uruguayos. Ello es consecuencia entonces de decisiones políticas que apuntan a tener una mejor postura para el oficialismo en el año electoral.
Indican los consultores –en este análisis que publica el diario El País– que dado el nivel y la evolución del déficit se van necesitando cada vez más recursos, lo que impacta en una deuda cuya trayectoria comienza a incomodar y reduce progresivamente el margen de maniobra del gobierno para hacer frente a un contexto global cada vez más incierto.
Seguramente una de las dificultades para que el ciudadano común se ubique en el tema es tener claro lo que es el Estado y el gasto público, y sobre todo como se financia. No se trata precisamente de recursos que salen de la nada, que broten de abajo de las piedras, como pretenden hacer creer los regímenes populistas que se presentan como generosos y solidarios mientras puedan gastar la plata de los otros, sino que es dinero que con esfuerzo, sufridamente, ponemos todos los ciudadanos por concepto de impuestos y cargas sociales, sean tanto trabajadores como empresarios y jubilados, para que nuestros gobernantes en los hechos dirijan este dinero a prioridades que no siempre coinciden con el interés general.
Los datos recientemente divulgados sobre el resultado fiscal al cabo del primer trimestre del año señalan que las cuentas del sector público, sin considerar el fideicomiso de los cincuentones, registraron un déficit equivalente al 4,5% del PBI. Ello marca un deterioro de 0,3 puntos respecto al cierre del año anterior y un punto porcentual respecto al cierre del año 2014.
La comparación respecto a 2014 coincide con el enlentecimiento de la actividad económica, y queda de manifiesto que el deterioro fiscal se explica fundamentalmente por un gasto cuya evolución no estuvo acorde con el nivel de actividad.
Analizan Bafico y Michelin que el gasto público es un talón de Aquiles de la economía sobre el que necesariamente tendrá que actuar la próxima administración, ya que difícilmente en los meses que le queda a la actual se tomen medidas correctivas. Por el contrario, en los últimos meses el gasto público está aumentando y lo que es aún peor, deja en evidencia que no lo hace en los rubros más rígidos, sino en aquellos en los que el gobierno cuenta con una mayor discrecionalidad para actuar.
El deterioro de las cuentas públicas responde a un menor resultado del consolidado gobierno central (GC–BPS) y de las empresas públicas. Las cuentas del GC-BPS se deterioraron en el 0,1% del PBI, y las de las empresas estatales en 0,2%. Tanto a nivel del BCU (Banco Central del Uruguay) como de las intendencias, a su vez, no se observan cambios.
En la discriminación del gasto, tenemos que el gobierno central y el BPS constituyen el centro del gasto público, la parte sujeta al Presupuesto Nacional y la que más contribuye al déficit global, con 3,5 puntos de los 4,5 totales.
A su vez, las cuentas, ya de por sí deficitarias, se agravaron a partir de 2018 cuando se diluyó el impacto del ajuste fiscal y quedó de manifiesto plenamente la tendencia creciente del gasto. Pero este año, respecto a igual período de 2018, se constata que a nivel del gobierno central el incremento del gasto fue de 4,1% en términos reales, cifra superior a la del nivel de actividad.
Es que la recaudación de la DGI, que es el ingreso más relevante, cayó 0,7% en términos reales, la del BPS se deterioró 1,5% y los impuestos que se cobran a las importaciones retrocedieron 2,9% real, lo que denota una economía estancada y por ende de caída de la percepción de impuestos y cargas sociales.
Sin embargo, hay un incremento de los ingresos y el punto es que éste responde al aporte que realizan las empresas estatales a Rentas Generales, el que creció 900% en el primer trimestre, comparándolo con igual período de 2018.
Este aumento responde a situaciones puntuales, como el traspaso de utilidades del Banco República al Tesoro en el mes de febrero, y también al aporte que realiza UTE, al que se le pidió que adelante dividendos en marzo.
Pero paralelamente al gran aumento puntual de los ingresos, tenemos que los gastos lo hicieron en un porcentaje mayor aún, el 3,8% en términos reales. Por ejemplo, las remuneraciones crecieron 4,1% real. El aumento salarial concedido en enero del orden del 10%, superior a la inflación del año anterior, implicó una mejora para los trabajadores, pero claramente un mayor gasto para el Estado en momentos en que las cuentas no lo permitían.
Igualmente, el componente del gasto que más crece es el de gastos no personales. Se trata de partidas sujetas a discreción por parte de las autoridades, es decir que responden a decisiones expresas y no a obligaciones, y todo indica que de lo que se trata es de que este gasto discrecional se orienta a atender problemas que dan réditos en términos electorales, pero que no son sustentables ni mucho menos, en el mediano y largo plazo.
Y sobre todo, se hace con estos recursos extra por aplicarse sobrecostos en las tarifas de las empresas públicas, caso concreto del combustible y la electricidad. Es decir, conspirando contra la economía de los hogares y los ya exacerbados costos de las empresas, con la consecuente repercusión negativa en su rentabilidad, lo que significa deterioro en las fuentes de trabajo y el aumento del desempleo en el sector privado, nada menos. Lamentablemente, es más de lo mismo: un gobierno que no ajusta el gasto a las reales posibilidades del país, sino que encima lo aumenta por urgencias electorales, y se deja al Uruguay en una situación cada vez más difícil, para que se arregle el próximo gobierno y todos los uruguayos, que hacen nuevamente el papel del pato de la boda.
