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El Poder Ejecutivo y la oposición están decididos a llevar hasta el final el dilema político y jurídico en torno al pedido de venia para el cese de los generales involucrados en los tribunales de honor que juzgaron al exrepresor José Nino Gavazzo. Esta disputa se generó ante las diferentes visiones que, si se mantienen, traerá como consecuencia que los militares –a los que el gobierno quiere destituir– seguirán en actividad.
Se trata de Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaverry y Gustavo Fajardo, quienes fueron pasados a retiro al omitir informar a sus superiores las declaraciones de Gavazzo en torno al destino de Roberto Gomensoro, asesinado en una unidad militar en 1973. El gobierno mantiene la postura de que, según lo previsto en la ley Orgánica Militar en el literal G del artículo 192, su cese debe ser aprobado por el Senado, con el voto de tres quintos de sus componentes.
Así fue ratificado ayer lunes en el Parlamento por el ministro de Defensa, José Bayardi. “Mientras esa ley no sea declarada inconstitucional, el gobierno la hará cumplir”, dijo. Sin embargo, para obtener dicha aprobación, se necesitan 18 senadores, que hasta el momento el oficialismo no puede lograr.
Lejos de entablar un diálogo, el Frente Amplio está dispuesto a llevar el proyecto a sala y que la oposición se haga cargo de que sigan en actividad los militares que evitaron denunciar lo confesado por Gavazzo. El senador del Espacio 609, Ruben Martínez Huelmo, dijo a Ecos que el Frente Amplio dio el tema por cerrado y votará el próximo lunes los ceses. El martes siguiente, pese a no contar con los votos, lo elevará al Plenario para demostrar que el oficialismo “defiende la institucionalidad”.
Esta postura cuenta con el apoyo del ministro José Bayardi, en tanto la oposición alega que el procedimiento utilizado por el gobierno es inconstitucional. Al respecto sostienen que el numeral 14 del artículo 168 de la Carta Magna faculta al presidente de la República a destituir, por sí, a los empleados militares y policiales que la ley considere amovibles. Para respaldar esta postura, el senador nacionalista Javier García, convocó a la Comisión de Defensa a todas las cátedras de Derecho Constitucional. No obstante, más allá de aspectos jurídicos, García sostuvo que falta información.
Con el aval de Bayardi, el Frente Amplio rechazó el pedido del senador blanco de convocar a los cuatro generales involucrados para que ejercieran ante la comisión su “legítima defensa” y descartó la presencia de los abogados de los militares involucrados. García además pidió infructuosamente la convocatoria al ex comandante del Ejército y actual candidato presidencial, Guido Manini Ríos, destituido en marzo por el presidente a raíz del contenido de un informe que anexó a las conclusiones de los tribunales de honor sobre Gavazzo. Otro que no irá será el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, en el centro de la polémica por su rol en todo el proceso.
“Esto no tiene nada que ver con Gavazzo”, aclaró García. La intención del senador es que estos militares ratifiquen o nieguen ante el Parlamento si “hicieron lo que el gobierno dijo que hicieron”.
CÁRCELES MODELO Y MEDICAMENTOS GRATUITOS
(ECOS)
El precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori, presentó en el Club Verdirrojo, en el Cerro, su programa de gobierno basado en “cuatro pilares de prosperidad nacional”. Ante aplausos y gritos de “sí se puede”, Sartori primero agradeció a los técnicos e integrantes de su sector que trabajaron en 28 mesas para generar un programa que “es posible”, aseguró.
“Sabemos cómo hacerlo”, repitió el precandidato al hablar de sus propuestas. El primero de ellos refiere a su intención de crear 100.000 puestos de trabajo. Según Sartori, es necesario hacer atractivas las inversiones y eliminar impuestos que desestimulen la generación de empleo. Además, habló de la necesidad de crear un entorno “amigable” para instalar empresas tecnológicas y rebajar gravámenes sobre combustibles.
Con respecto a la seguridad ciudadana, propuso construir dos cárceles modelo e instalar un campus inédito universitario de seguridad y formación militar.
A su vez, se comprometió a instrumentar un Plan Nacional de Coaliciones Comunitarias, para involucrar a los vecinos.
“Queremos barrios seguros y que las calles se recuperen para los ciudadanos y dejen de ser de los que venden drogas, roban o matan”, dijo. En el tercer pilar, la salud, se refirió a la creación de la tarjeta “Mediafarma”, que dará acceso gratuito a medicamentos a jubilados y pensionistas, al tiempo que eliminará el “corralito mutual”.
En la educación, definido como el cuarto punto, anunció que extenderá el horario escolar a ocho horas en todas las escuelas y liceos.
