El gobierno del Frente Amplio “hace autobombo” disfrazado de “campañas de bien público”, denunció el líder del Partido Independiente, senador Pablo Mieres, quien incluso subrayó que “este gobierno pasará a la historia por su tendencia al uso arbitrario de la información pública”.
Aseguró que el Poder Ejecutivo aplica de manera abusiva alguna de las disposiciones de la ley de medios “que le permiten, bajo el rótulo de realizar campañas de bien público, hacer uso y abuso de espacios gratuitos en los medios de comunicación para difundir publicidad cada vez más evidente de ‘autobombo’ de diferentes aspectos de su gestión”.
Apuntó que con suma frecuencia se difunden mensajes de Presidencia de la República “señalando con formato publicitario de lujo, sus supuestos logros en diferentes ámbitos. Es uno de los tantos ejemplos del contenido de una ley de medios que afecta las reglas de juego del pluralismo, el equilibrio y el necesario control de la gestión pública”.
“Pero, además, esto es particularmente grave cuando se hace uso de este mecanismo de promoción de la gestión del gobierno en plena campaña electoral, operando como un doble impulso a la publicidad electoral del partido de gobierno”, consideró.
Para Mieres, los mensajes de promoción de su gestión por el presidente Tabaré Vázquez duplican el número de emisiones que se autorizaron durante el gobierno de José Mujica, habida cuenta de que entre el 1° de marzo de 2010 y el 11 de junio de 2014 se habían emitido treinta y cuatro mensajes.
“El aumento del uso de estos recursos es notorio a lo largo del período de gobierno de Vázquez; de tres en 2015 a veintiuno en el año 2018, y ya se emitieron nueve en lo que va de 2019, que es un año electoral”, destacó.
Vinculó el incremento de este “instrumento abusivo y antidemocrático con la creciente pérdida de apoyo a la gestión gubernamental y al partido de gobierno, y cuando las papas queman, queda en evidencia la profundidad o no del apego a las reglas de juego del pluralismo y el equilibrio democrático”.
Asimismo, acotó que “a este uso abusivo, vergonzoso y gratuito de la comunicación gubernamental, se agrega la apabullante publicidad de las empresas públicas que en 2014 fue realmente impresionante. A tal punto que el propio Mujica, ante las críticas reiteradas, reclamó a las empresas públicas que moderaran su pauta publicitaria”, y trajo a colación que en aquel año Ancap gastó diez millones de dólares en publicidad oficial “para promover al exvicepresidente, Raúl Sendic, a costa del bolsillo de todos los uruguayos. Para colmo, tan sólo un año después, quedó en evidencia que Ancap estaba fundida y tuvimos que poner ochocientos millones de dólares para rescatarla, monto que todavía estamos pagando en el precio del combustible”.
Indicó que después de que hace ya varios años se aprobó la ley de acceso a la información, “avance muy valioso en la posibilidad de que los ciudadanos puedan conocer la información sobre los diferentes organismos del Estado. Ahora estamos viviendo un grave retroceso, en la medida que cada vez es más frecuente la respuesta negativa amparándose en una reserva cuya amplitud se ha agigantado en los últimos tiempos”.
Evaluó que la ley de acceso a la información pública se ha desnaturalizado “por el uso arbitrario de los jerarcas de diferentes organismos del Estado que buscan excusas o fundamentos inaceptables para negarse a brindar la información. Seguramente por miedo a que queden en evidencia eventuales abusos o situaciones irregulares”.
Sostuvo que “lamentablemente sigue en pie el criterio antidemocrático de los que piensan que la información sobre lo que se hace en el Estado es propiedad de los jerarcas o del gobierno de turno, cuando lo cierto es que esa información, al igual que los recursos que se manejan, son propiedad de los ciudadanos en una República”, y consideró un ejemplo de este secretismo “la actitud que Antel ha mantenido desde el principio con respecto a todo el proceso de construcción del Antel Arena, negando toda la información y clasificando como reservadas todas y cada una de las resoluciones que se tomaron durante ese proceso. La actual candidata por el partido de gobierno, Carolina Cosse, fue particularmente responsable de este secretismo, lo que indica lo que se podría esperar de una eventual responsabilidad presidencial a su cargo”.
