Renunció director del INR tras fuga de Rocco Morabito; autoridades no brindaron ninguna explicación oficial

(AFP-EL OBSERVADOR)
El director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Alberto Gadea, dejó su cargo luego de la cinematográfica fuga del capo italiano Rocco Morabito en Montevideo, donde estaba detenido a la espera de su extradición a Italia. Gadea, director interino del instituto, presentó su dimisión y el Ministerio del Interior anunció en un comunicado “su decisión de aceptar la renuncia” además de iniciar sumarios administrativos al personal de la cárcel en la que se encontraba Morabito.
El gobierno no ha dado aún explicaciones públicas de cómo se produjo la fuga de quien fuera uno de los 10 delincuentes más buscados del mundo y detenido en Uruguay desde 2017. Morabito, de 52 años, estaba preso en un establecimiento ubicado en pleno centro de Montevideo a la espera de su extradición a Italia. El gobierno de Tabaré Vázquez se limitó a dar cuenta del escape y ahora de la renuncia del funcionario, a pesar de que Italia le solicitó públicamente explicaciones sobre el suceso.
“Pedimos explicaciones inmediatas al gobierno de Uruguay”, escribió el ultraderechista ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, en una nota divulgada a la prensa horas después del escape. “Es desconcertante y grave que un criminal como Rocco Morabito, jefe de la ‘Ndrangheta’, haya logrado escaparse de una prisión en Uruguay en donde esperaba la extradición”, sostuvo.
Además de Morabito se fugaron otros tres delincuentes, dos pedidos en extradición por Brasil y otro desde Argentina, luego de salir del complejo penitenciario y penetrar en un apartamento vecino en donde exigieron a la propietaria del inmueble que les abriera la puerta para escapar por la vía pública en la medianoche del domingo al lunes. La única información que se conoce sobre la fuga es la declaración de esta testigo, una mujer de unos 70 años que vio invadida su casa cuando se disponía a dormir.
Según las autoridades del Ministerio del Interior no hay dudas de que la fuga del mafioso Rocco Morabito de la Cárcel Central, fue posible gracias a la complicidad de algunos guardias o funcionarios policiales, ya que se burlaron en forma descarada de todas las medidas de seguridad. “Los tipos que se escapan no son adivinos. Alguien tiene que haber contado por dónde ir. Eso no se arregla de un día para el otro”, dijo el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, en una reunión en la mañana de ayer, con el ministro Eduardo Bonomi y otros jerarcas de la Policía, según supo El Observador. A Gadea, en la cadena de mando, lo sigue la subdirectora Ana Juanche, quien ayer aseguró que no estaba trabajando en el problema. “No es mi tema, no estoy enterada, no soy vocera, no estuve en las reuniones, así que no puedo informar, porque no tengo información”, dijo a El Observador.
Gadea ocupaba un cargo de confianza por lo que podía ser cesado, pero no así otros funcionarios que están implicados en la fuga, como cómplices o negligentes, a quienes se les debe, en cambio, iniciarles un sumario que los aparte del cargo mientras transcurre la administración administrativa, tal como ya se decidió con algunos que se desempeñaban en la Cárcel Central. “Es más fácil darle salida a un cargo de confianza”, admitió Vázquez ante la explicación técnica que aportó otro jerarca policial participante de la reunión, quien explicó que Gadea, al no ser “un funcionario institucional, la única consecuencia es que deje el cargo”.

PASE DE FACTURAS EN EL FA POR FUGA

(ECOS)
La fuga de los peligrosos reclusos de la Cárcel Central tuvo en las últimas horas su inevitable derivación política, aunque con alcances llamativos. No solo porque en la oposición, previsiblemente, se apunta a la responsabilidad de las autoridades del Ministerio del Interior. También fue criticado por algunos sectores del Frente Amplio que rechazan la actual política carcelaria.
El sociólogo y senador suplente de Casa Grande, Rafael Paternain, señaló que los vaivenes en el sistema penitenciario de las últimas semanas son, por lo menos, desconcertantes.
“La política penitenciaria no se puede enunciar ni ejecutar desde la Guardia Republicana”, afirmó y aludió al hecho que los fugados eran custodiados por policías pertenecientes a ese cuerpo. El ministro Eduardo Bonomi deberá concurrir al Parlamento a dar la versión oficial sobre la fuga de Morabito y los otros tres reclusos.
“Independientemente de como siga el caso, la fuga, notoriamente corrupta, por sí sola es muy grave”, sostuvo el senador nacionalista Javier García, que convocó al jerarca a la Comisión de Seguridad del Senado. El precandidato colorado Julio María Sanguinetti calificó de “inadmisible” que un peligroso delincuente internacional como Morabito se fugue, nada menos, que de Cárcel Central. Para el nacionalista Jorge Larrañaga el hecho constituyó una vergüenza y un papelón internacional, “pero más me importa el papelón con los uruguayos”, dijo. El excomandante en Jefe del Ejército y candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini, fue más allá y pidió directamente la remoción de Bonomi porque habló de una “corrupción enquistada”.

RESTRINGEN LIBERTAD VIGILADA DE DELINCUENTES

(EL OBSERVADOR)
El gobierno enviará en los próximos días un proyecto de ley al Parlamento para limitar la libertad vigilada en delitos graves, como homicidios, rapiñas y tráfico de drogas, informó el ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak. Este proyecto surge de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial.
Chediak aseguró que solo falta redactar la exposición del motivos que acompañará el proyecto de ley y explicó que el beneficio de la libertad vigilada no dio los resultados esperados y por eso se restringirá su aplicación. El instituto de la libertad vigilada permite que algunos delincuentes cumplan una parte de la condena en la cárcel y el resto en libertad, controlados por la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA). El acuerdo implica una rápida aprobación en el Parlamento para que se aplique de forma inmediata.
Los legisladores tienen tiempo hasta setiembre (inclusive) para aprobar leyes debido a que en octubre se realizan las elecciones nacionales.