El rechazo a la militarización de la seguridad ciudadana, a una mayor represión y a la polémica presencia de la Guardia Republicana en las cárceles que hace el Frente Amplio –y lo viraliza–; es para la tribuna. Incluso podemos decir que el actual gobierno cristalizó una vieja aspiración del exministro del Interior del expresidente Luis Lacalle, Angel María Gianola, de otorgar jurisdicción nacional a un cuerpo de élite que hasta entonces actuaba bajo las órdenes de la Jefatura de Policía de Montevideo. El proyecto de ley enviado al Parlamento en 1994, destinaba alcance en todo el territorio nacional a este grupo de choque, con énfasis en la prevención del delito. Es decir que esta resolución que desata una fuerte interna e incluso algunos la definieron como “sorpresiva”, tiene algo así como 25 años de historia.
Aquel ministro del Interior creía que si esta fuerza dependía de la secretaría de Estado, sería de gran utilidad y le permitiría actuar con criterios políticos. Pero, claro, dicha propuesta generó una moción de censura del Frente Amplio en ese momento, al igual que otras iniciativas que planteaban la militarización del orden interno para enfrentar el narcotráfico, que ya se observaba en una región convulsionada en esa década.
Los siguientes gobiernos colorados entregaron a las Fuerzas Armadas el control del Comcar, Cárcel de Canelones y Penal de Libertad, además del rol de policía aeronáutica y combate al terrorismo. En esos años, mientras el Frente Amplio era oposición, rechazó enfáticamente la militarización de la seguridad, hasta que los asambleístas de Gualeguaychú resolvieron cortar el puente “Gral. San Martín” por cuatro años.
A medida que se agudizaban las protestas, que habían comenzado en 2006, el primer gobierno de Tabaré Vázquez resolvió la custodia de la entonces planta de Botnia, con la justificiación y apoyo del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de la época, José Mujica, ante la necesidad de prevenir un atentado o una invasión de algún “loco suelto que nunca falta en cualquier sociedad”.
La instalación de una guardia castrense continuó en 2009, con la cárcel de Las Rosas, en Maldonado. O con la aprobación a comienzos de 2010, de la Ley Marco de Defensa Nacional 18.650: “En tiempos de paz y bajo la autorización expresa del Ministro de Defensa Nacional, podrán prestar servicios o colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública les sean solicitadas y sin que ello implique detrimento en el cumplimiento de su misión fundamental”. Y al año siguiente, con la aprobación de la Ley Nº 18.717 bajo la administración Mujica, facultaba al Ejecutivo a disponer de la guardia perimetral pero además, la “revisación e inspección de personas, vehículos y objetos que ingresen a las cárceles, penitenciarías y centros de recuperación”. O las competencias militares en controles fitosanitarios de personas y equipajes que ingresen al país por cualquier medio, dispuesto en 2015.
A comienzos de octubre del año pasado, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la iniciativa que extendía funciones a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, con patrullajes, identificación, control y detención en una franja fronteriza de 20 kilómetros dentro del territorio nacional, con la excepción de los centros poblados y un radio de alcance de 30.000 kilómetros cuadrados. La unanimidad demostró el nivel de acuerdos a los que arribó la fuerza política en el gobierno a fin de establecer una mayor represión y control en sus fronteras.
Con la instalación de Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior –donde cumple un período sin precedentes de una década– la Guardia Republicana obtuvo un aumento de su presupuesto, una mayor profesionalización con el rol definido para la jurisdicción nacional y la transformación en una fuerza de choque que maneja otro tipo de armamento. Es decir, casi el sueño cumplido de Gianola.
La única diferencia con aquel, es que Bonomi está respaldado y defendido por una fuerza política infranqueable que, ahora, apoya medidas que antes eran impensable por su oposición acérrima a todo lo que fuera represivo. Y de esto, no deben olvidarse.
Porque la militarización de la seguridad en Uruguay ya tiene 22 años cumplidos. Es decir que comenzó con los partidos tradicionales y continuó con el Frente Amplio. La única diferencia es que aquellos han mantenido una coherencia y el oficialismo ha virado, de manera sostenida, sus criterios. Incluso hasta presentarse de manera fundacional en “casi” todo lo que promueve.
Además, aquel cuerpo de élite que ampliaba sus poderes –creado por la Rendición de Cuentas de 2011– y que pasó a llamarse Guardia Republicana, tenía cerca de 900 efectivos, conformado en su mayoría por guardias y coraceros. Hoy tiene más de 2.000 efectivos y una nueva flota de un centenar de vehículos, recibida en abril pasado.
Por eso, el miedo a la militarización y su confrontación con quien piense distinto es diatriba pura y dura porque, en algún punto, las propuestas de las diferentes administraciones –partidos tradicionales y Frente Amplio– resultaron similares. Hoy pretenden confrontar y agrandar la brecha ya existente, pero las discusiones estériles de los últimos meses, ya no resisten el archivo.
Por eso los ciudadanos debemos evolucionar en el nivel de debate y plantarle bandera a quienes tengan aspiraciones nostalgiosas y regresivas, porque generan odios e inventan enemigos para justificar sus discursos anacrónicos. De última, la dirigencia oficialista que se presenta como defensora de otros paradigmas para enfrentar a la delincuencia, se sienta en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados y levanta su mano de yeso en el recinto, cuando después baja al llano e intenta llenar con argumentos basura a la cabeza de sus simpatizantes. Y eso, además de inútil, es marcadamente perverso. Porque algún día, más temprano que tarde, nos debemos una discusión sobre el nivel de perversión de nuestros políticos.
