“Me parece muy razonable la decisión de la Suprema Corte de Justicia al negar la inconstitucionalidad del decreto departamental que prohibió la carrera de galgos en nuestro departamento”, dijo el edil departamental José Pedro Illia. “Lo que me extraña es que el intendente Guillermo Caraballo –abogado de profesión– sostenga que ‘la sentencia de la SCJ nos da la tranquilidad de que actuamos bajo derecho’”, agregó.
“Esta expresión y todo el anuncio en los medios de prensa a que dio lugar lo ocurrido me ha hecho reflexionar”, indicó y aseguró que “ahora lo que Caraballo tiene que saber es que está aprobado el decreto 6937/2013 y que el mismo establece la prohibición del fracking en el departamento; tiene que recordar que también está prohibido el fracking”.
“Esto es dentro del territorio del departamento de Paysandú está prohibido el fracking, pero este gobierno departamental –este mismo– no lo aplicó cuando llegó un emprendimiento que utiliza esta técnica. Esta Administración no podía dudar cómo proceder cuando tenemos un decreto departamental con fuerza de ley que lo prohíbe”, aseguró Illia.
“Si tenía dudas señor intendente, hubiera usted recurrido a la Suprema Corte de Justicia para entender el valor jurídico del mismo. Hubiéramos así defendido nuestro terruño”, disparó el edil por el Partido Nacional.
“Parece que ahora y a partir de lo sucedido, el Gobierno Departamental de Paysandú entendió el valor de los decretos departamentales que tienen fuerza de ley en el departamento a la luz de las normas constitucionales y legales”, expresó.
Ahora “existe una larga lista de asuntos que el Gobierno Departamental no solamente puede sino que debe regular a través de los Decretos Departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción”.
“Un caso es prohibir el uso de Glifosato –probado hoy sin discusión que es un elemento cancerígeno– al menos en áreas urbanas. Aunque claramente la técnica de quemar la tierra con Glifosato para después sembrar soja no es precisamente algo que me atraiga a consumirla”, subrayó Illia.
Asimismo, aseguró que “como edil departamental he solicitado a través de distintas mociones, en la media hora previa entre otros, que el actuar de la Junta Departamental y del Ejecutivo Departamental, en fin, todo el accionar del Gobierno Departamental debe ser conforme a derecho, es decir se actúe dentro de las normas jurídicas vigentes”.
Illia aseguró que “tengo ejemplos, muchos y ciertamente no de los buenos. Pedí y expuse que lo político no puede estar jamás sobre lo jurídico; que no pueden aplicarse las mayorías para aprobar cuestiones ilegales, anti reglamentarias y hasta inconstitucionales; que no es posible que se viole constantemente la aplicación del Reglamento Interno de la Junta Departamental, cuando se aprueban irracionalmente donaciones o enajenaciones a título gratuito de tierras municipales, que pertenecen nada más y nada menos que a todos los ciudadanos del departamento”. Por otra parte Illia subrayó que ha “informado las responsabilidades que todos los integrantes de la Junta y del Ejecutivo Departamental tenemos por mandato constitucional y legal de cuidar el Medio Ambiente y de cumplir con el deber de abstenerse de realizar cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente, como lo dice el articulo 47 de la Constitución”.
