(AFP)
La empresa finlandesa UPM confirmó una inversión de más de 3.000 millones de dólares para construir una polémica segunda planta de producción de pasta de celulosa en Uruguay. La inversión contempla 2.700 millones de dólares para una planta industrial en el departamento de Durazno y 350 millones de dólares en instalaciones portuarias y logística, según un comunicado de la empresa. La usina comenzará a funcionar en el segundo semestre de 2022 y los trabajos de construcción empezarán “de forma inmediata”.
El gobierno de Tabaré Vázquez y UPM negociaron durante años un acuerdo cuyos términos no fueron revelados a la ciudadanía y tampoco al Parlamento. UPM promete crear miles de puestos de trabajo en un país que atraviesa un debilidad creciente del mercado de empleo, con una tasa de paro de 8,7% de la población activa a mayo y una tasa de empleo de 56,8%.
“Durante la construcción, el sitio (industrial) empleará en su pico máximo unas 6.000 personas. Una vez finalizada, se estima que se crearán cerca de 10.000 empleos permanentes”, señaló la empresa. De los pocos datos que se conocen del acuerdo entre la empresa y el gobierno del Frente Amplio resalta que la planta funcionará en un terreno en régimen de zona franca, con exoneraciones fiscales que otras empresas no tienen. Según UPM, pagará anualmente por esos beneficios unos siete millones de dólares. UPM afirma que la usina “representa lo último en tecnología en la industria” y promete “excelentes niveles de seguridad y desempeño ambiental” en consonancia con “recomendaciones internacionales para las plantas modernas”.
El sector de la celulosa y la forestación en Uruguay supera a productos tradicionales como la carne en la balanza comercial, con ventas de pasta para papel y troncos de árboles sin procesar. Según datos oficiales, en 2018 la industria forestal representó 24% de las ventas externas, y ha tenido un crecimiento de 7,4% anual promedio en los últimos diez años. Un total de 17.000 personas en casi 1.800 empresas trabajan en este sector. Según datos publicados en el comunicado de la firma, el PBI de Uruguay podría aumentar 2% anual y las exportaciones 12% en valor a consecuencia de esta inversión.
NECESITAN MEJORAR POLÍTICAS DIGITALES
(EFE)
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que si el bloque sudamericano del Mercado Común del Sur (Mercosur) quiere “jugar un partido con la Unión Europea (UE)” necesita mejorar sus políticas digitales. Así lo resaltó el secretario ejecutivo adjunto de la Cepal, Mario Cimoli, durante el seminario “La innovación como motor de la productividad y el crecimiento”, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en Montevideo.
“A un Mercosur sin una política digital potente no me lo imagino jugando un partido con la UE”, señaló en referencia al acuerdo que firmaron los dos bloques el 28 de junio. Asimismo, Cimoli dijo que la región latinoamericana no puede perder “el tren una vez más” y destacó que si América Latina no invierte en innovación ahora va a tener décadas de retraso en los próximos años.
Cimoli también subrayó que para que América Latina crezca en las políticas digitales tiene que empezar a jugar en equipo, ya que a la Cepal le preocupa que los países de la región piensen a nivel local. Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay (ANII), Fernando Brum, dijo que el mayor problema que tiene la región es un “problema de confianza”.
MARTÍNEZ OFRECIÓ LEMA MÁS AMPLIO
(MONTEVIDEO PORTAL)
El candidato del Frente Amplio Daniel Martínez se reunió ayer con el diputado Fernando Amado, a quien le propuso integrarse a un lema más amplio que el Frente Amplio, tal como sucedió a fines de los años 90, cuando se creó el Encuentro Progresista, que sirvió para que el actual canciller Rodolfo Nin Novoa integrara ese lema, que venció en las elecciones de 2004. Según informó Revista Martes, y confirmó Montevideo Portal, el Comité Ejecutivo de la Unión Izquierda Republicana (Unir) analizará esta propuesta en estos días y dará una respuesta la próxima semana, pero dejaron en claro que el sector no se incorporará al FA “ni ahora ni después de las elecciones”.
CADENA NACIONAL CONTRA LA REFORMA
(EL OBSERVADOR)
El movimiento Articulación Nacional No a la Reforma presentó en una cadena nacional de radio y televisión sus argumentos en contra de la reforma constitucional sobre seguridad planteada por el senador nacionalista Jorge Larrañaga.
El colectivo advirtió durante la emisión que ninguno de los candidatos a presidente de los distintos partidos “promueve ni apoya” esta propuesta, que según argumentaron genera “más violencia”, “más miedo” y “no resuelve nada del fondo de la problemática”. El abogado Juan Ceretta aseguró en la cadena que la formación de los militares “no capacita para trabajar en seguridad pública”, en relación al punto más polémico de la reforma constitucional que promueve Larrañaga y que prevé la creación de una Guardia Nacional dotada de 2.000 militares.
El abogado, responsable del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, agregó que la función de las Fuerzas Armadas es la “tutela de la soberanía nacional en una hipótesis de enfrentamiento armado”.
Ceretta, además, calificó a la creación de la Guardia Nacional como una medida que lo único que hace es como “apagar un incendio con nafta”. Respecto a la regulación de los allanamientos nocturnos, el colectivo destacó que se trata de un derecho consagrado en la Constitución de 1830 que apunta a la “inviolabilidad del hogar”. La reforma planteada por Larrañaga prevé la regulación de los allanamientos nocturnos siempre que haya una orden judicial y sospechas fundadas de que allí se están cometiendo delitos.
Sin embargo, en la cadena nacional el movimiento cuestionó que esta medida sea efectiva, ya que al otro día una boca de droga “reabre en otro lugar”. En contraposición al endurecimiento de las penas, los voceros de No a la Reforma apuntaron a que es necesario modificar las políticas carcelarias para asegurar la rehabilitación de los presos, así como su reinserción en la sociedad. La reforma de Larrañaga, que recogió la adhesión de más de 405.000 personas en la etapa de recolección de firmas, prevé la creación de la cadena perpetua revisable para delitos graves y el cumplimiento efectivo de las penas.
