¿Fronteras porosas o fallan controles?

Hace justo un año que se destapó una compleja trama de irregularidades ocurridas en Puerto Camacho, ubicado en Carmelo, por donde ingresaron unos 200 millones de dólares provenientes de la denominada “ruta del dinero K” que aún investiga la justicia argentina.
Por ese sitio VIP pero sin publicidad ni efectos mediáticos, ingresaron barcos con dinero que, supuestamente, responden a coimas pagadas al kirchnerismo. Ese lugar tan exclusivo, donde no funcionaban los radares de la Prefectura de Carmelo, fue un punto de ingreso muy fácil, porque tal necesidad –la de los radares–no fue atendida en el presupuesto quinquenal.
La tecnología se suple con controles rutinarios que hace el personal de Prefectura y escasean los funcionarios de Aduana, que no llegan a fiscalizar el tráfico intenso de los yates en el área. Siempre por falta de presupuesto y de asignación de nuevos recursos humanos.
Ante las sospechas de dolo, hace un año el sindicato de los aduaneros recordaba en un comunicado que desde 2010, denuncian el desmantelamiento de los controles y apuntan contra el Director Nacional de Aduanas, Enrique Canon, ante una reestructura apoyada por el Ministerio de Economía. Los trabajadores rechazan la medida porque permite el funcionamiento de un sistema bajo la “absoluta impunidad” y denuncian un régimen desigual, donde existen puntos de acceso al país con controles exhaustivos y prohibiciones de ingreso de mercadería y otra, como la de Carmelo, con pasaje libre y “a conciencia del turista, traficante o contrabandista”.
Por allí pasó Ernesto Clarens, nombrado en reiteradas ocasiones como uno de los receptores de los bolsos con dinero y que contabilizó más de 90 viajes a Uruguay en embarcaciones privadas, sobre un total de 164 traslados al país. El financista histórico de los K, se acogió a la figura del arrepentido y ya declaró en la famosa causa de los “cuadernos”. Por este caso, hay varios exfuncionarios y exintegrantes de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández presos, luego de conocer una serie de detallados diarios que llevaba un chofer del ministerio de Planificación y que terminaron en manos de la justicia.
Este mismo financista, dueño de una empresa de taxis aéreos, curiosamente utilizaba puerto Camacho –distante a escasa hora y media de Buenos Aires– porque también allí tiene una propiedad en un barrio cerrado.
Cuando el tema explotó, el entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, fue citado a comisión por el Partido Nacional, a fin de brindar explicaciones sobre los controles fronterizos que en esa zona se limitaban a cuatro horas diarias. Los legisladores querían saber si era verdad que los funcionarios de Prefectura en Puerto Camacho eran pagados por el dueño del barrio privado y Menéndez, acompañado por un director de área de dicha fuerza, corroboró tal situación.
El entonces secretario de Estado ratificó la falta de recursos técnicos y humanos, por lo tanto la permeabilidad de las fronteras a esa altura ya dejaba de ser una denuncia sindical, o una suposición de los parlamentarios uruguayos, o el despunte mediático en la prensa argentina. Era un hecho confirmado por un representante del Poder Ejecutivo en agosto del año pasado.
Todo lo dicho por el exministro en la comisión no tuvo jamás ninguna consecuencia política para el gobierno o repartición estatal con injerencia en las denuncias, porque el asunto no pasó de ese ámbito parlamentario.
Por estos días, fue noticia la incautación de un cargamento de 603 kilos de cocaína, traficado por el cártel de los Balcanes en un avión privado, que pasó por el aeropuerto de Carrasco en mayo, luego de que una delegación de tres personas permaneciera un día y medio en el país.
La “Operación Familia”, desbaratada por la DEA y Europol lleva 16 arrestos en Europa y una fuerte investigación detrás del grupo mafioso que comenzó a principios de 2018. Los tentáculos de la “Familia” se extendían a América del Sur y Asia, con criminales asociados y contactos que operaban desde diversos países de la Unión Europea y también por fuera del bloque, entre los que se destacan Paraguay y Uruguay.
Pero nosotros, ni enterados. Es más; la operación se hizo el 16 de mayo en un aeropuerto limítrofe entre Francia y Suiza y nos enteramos gracias a la publicación del diario francés Le Parissien hace menos de una semana.
Sin embargo, las autoridades uruguayas aseguran que hubo omisiones en los controles y que estaban al tanto de la situación desde hacía más de un mes. Seguramente, como ocurrió en otras ocasiones; o buscarán una cabeza que vuele o no pasará absolutamente nada. Como ejemplo del primer caso –y es solo uno– citaremos la fuga del mafioso Rocco Morabito, que habilitó renuncias y separación del cargo de varias autoridades. Como ejemplo del segundo, el propio caso ocurrido en Puerto Camacho.
Mientras el sindicato aduanero manifiesta nuevamente su indignación y reclama por personal inexistente en esa área VIP destinada a vuelos privados, los gendarmes franceses se tuvieron que preparar en 48 horas para la mayor incautación de su historia.
Se instalaron en dos aeropuertos específicos –Niza y Mulhouse– a esperar la llegada de los integrantes del cártel de los Balcanes. Detuvieron el avión, abrieron las bodegas y en más de treinta valijas había 600 kilos de cocaína pura, con un valor en el mercado de 180 millones de dólares. Todo eso desfiló delante de nuestros ojos y no lo vimos.
En Francia conocían hasta el plan de vuelo de esta aeronave y en Uruguay ni notamos su presencia. No es que nuestras fronteras sean porosas, sino que hay falta de controles y desidia. Y como todas las tareas inspectivas, las fallas son verticales. Desde arriba hacia abajo.
Y porque además –en el caso de la cocaína– hubo doble omisión, porque Uruguay no produce esta sustancia, así que por algún lugar debió ingresar al país. Son 600 kilos y esa es una cifra muy grosera para que pase desapercibida.
Claramente los viajeros pasaron con la distensión que presentan en las cámaras de vigilancia porque sabían que no iban a ser detenidos. No hay que ser tan perspicaz para llegar a esa conclusión. La pregunta que surge es si existe un trabajo de Inteligencia y si los funcionarios de Narcóticos cumplen con su tarea. Porque ambas cosas pasan en cualquier parte del mundo y fundamentalmente en los aeropuertos internacionales, como se ve que no es el caso de Carrasco.