Toma, Roballo y la nueva Dinarp: se equivocó la paloma

De acuerdo con lo informado el pasado sábado por el diario “El Observador”, el gobierno nacional le informó al senador nacionalista Jorge Larrañaga que hoy lunes 1° de julio podrá hacer uso de la cadena nacional de radio y televisión para difundir su mensaje en relación con el plebiscito impulsado bajo la consigna “Vivir sin miedo”, el cual se celebrará el próximo mes de octubre conjuntamente con las elecciones nacionales. La cadena de radio y televisión fue solicitada haciendo uso del derecho previsto en el artículo 94 de la Ley de Medios, la cual establece que las cadenas oficiales de trasmisión simultánea que determine el Poder Ejecutivo por resolución fundada tendrán una periodicidad y duración razonables y versarán sobre temas de interés público o cuestiones urgentes que puedan afectar gravemente a la población.
La decisión del gobierno tiene una clara intencionalidad política: perjudicar la iniciativa de reforma constitucional y tratar de minimizar los efectos de la cadena mencionada. En efecto, no solamente se le anuncia la fecha de la cadena con 48 horas de anticipación (un plazo claramente insuficiente máxime cuando en el medio tuvieron lugar nada más y nada menos que las elecciones internas de los partidos políticos) sino que se obliga a quienes apoyan esta reforma que la cadena se emita cuatro meses antes de la fecha en la cual será efectivamente votada, tratando de esa forma de que la ciudadanía se olvide los argumentos del senador sanducero.
Consultado sobre el plazo otorgado para realizar la cadena, el Secretario de Presidencia de la República, Miguel Toma, contestó con indisimulada ironía que el plazo de 48 horas “es extremadamente correcto”. En tono francamente desubicado para alguien que ejerce una responsabilidad tan importante, Toma acusó al periodista de “trabajar para Larrañaga” para terminar dando un espectáculo lamentable e indigno al dirigirse al trabajador de la prensa en los siguientes términos “Dígale a Larrañaga que si es tan guapo llame él”.
Al parecer el Dr. Toma se olvida de que todos los uruguayos deben ser respetados en el ejercicio de sus derechos sin importar a qué partido voten y que su sueldo lo pagan todos los uruguayos, aun los más de 400.000 que firmaron y que ahora este todopoderoso funcionario pretende desconocer. Hasta el periodista Alfredo García, director del semanario “Voces” y reconocido frenteamplista expresó en su cuenta de Twitter que “la decisión del Poder Ejecutivo de otorgarle la cadena para este lunes es una chicana muy mezquina. Mala leche oficialista.”
La obsesión de Vázquez, Toma y Roballo por censurar cualquier opinión no frentista se parece mucho a las políticas liberticidas utilizadas por la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (Dinarp) y cuyo objetivo era no sólo censurar las voces disidentes sino también pintar un país “color de rosa”. Dependiente de la Presidencia de la República (al igual que el propio Toma), la Dinarp fue creada en el año 1975. Entre sus cometidos, este órgano estratégico para la dictadura militar tenía algunos que se pueden aplicar perfectamente al actual Gobierno del Frente Amplio, por ejemplo “que el proceso revolucionario que orienta y conduce el Gobierno de la República debe ser conocido y comprendido por la opinión pública” y que se debe “estar atento a la propaganda que pueda realizarse en su detrimento y en el de los objetivos nacionales, tomando las medidas que sean del caso para contrarrestar la referida propaganda”.
Lamentablemente el accionar de Toma en la Presidencia de la República no se limita a tratar de evitar que accedan a la cadena de radio y televisión personas que no piensen como el Frente Amplio ordena, sino que además tuvo un cuestionado papel en el caso de la confesión de José Gavazzo sobre su participación en la desaparición de Roberto Gomensoro, a tal punto que incluso el senador frenteamplista Rafael Michelini pidió su renuncia. Más aún, la departamental frenteamplista de Durazno le hizo llegar al secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, una carta en la cual se reclamaba la renuncia de Toma a raíz de ese episodio, especialmente como consecuencia de la forma en que la Presidencia de la República trató al ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, en momentos en que se encontraba en sus últimos días de vida como consecuencia de una enfermedad terminal.
Los ataques contra la iniciativa “Vivir sin miedo” no son nuevos. En el mismo momento que se alcanzaron las firmas requeridas, tanto desde el gobierno nacional como desde el Frente Amplio y desde su fuerza de choque, el Pit Cnt, se alzaron voces que tratan de desconocer el derecho de más de 4000.000 uruguayos a utilizar un mecanismo previsto por la Constitución Nacional. Figuras de la relevancia de Daniel Martínez o Carolina Cosse anunciaron que no aplicarían la reforma en caso de que la misma fue aprobada. La actitud de Martínez y Cosse no debería asombrar, ya que junto al Frente Amplio tienen un largo historial en desconocer la voluntad popular, tal como han hecho con los resultados de las consultas populares sobre la Ley de Caducidad o el voto de los uruguayos en el exterior. Hasta Fabiana Goyeneche, siempre más preocupada por el bienestar de quienes roban o asesinan que de las víctimas o sus familiares, se ha sumado a esta “policía del pensamiento” para lograr que se atropelle el derecho de quienes firmaron para hacer posible la consulta popular en octubre de este año.
El espíritu profundamente totalitario de Miguel Toma y Juan Andrés Roballo (Prosecretario de la Presidencia y brazo ejecutor de esta decisión arbitraria) debe ser tomado en forma muy cuidadosa ya que resulta peligroso que dos personas que ocupan cargos tan importantes tengan tanto desprecio por la opinión ajena. Por todo esto, y a pesar de las declaraciones de Tabaré Vázquez tratando de quitarle importancia al tema al negar que la cadena debía ser emitida hoy, 1° de julio, lo cierto es que “se equivocó la paloma”, como le gusta decir al mandatario. Vázquez ha demostrado, una vez más, que se siente y actúa como presidente de los frenteamplistas y no de todos los uruguayos.
Este comportamiento del Poder Ejecutivo es de tal gravedad que debe alarmar a todos los ciudadanos, sin excepciones. Más allá de partidos políticos o de sectores, se trata de una conducta autoritaria cuya víctima circunstancial son Jorge Larrañaga y las miles de personas que firmaron, pero la verdad es que todos podemos ser objeto de los atropellos a la libertad de expresión en la cual se encuentran embarcados estas figuras del Gobierno Nacional. Al fin y al cabo, en tiempos donde desde la Presidencia de la República se ataca a los que no piensan como el Frente Amplio, hay que recordar las palabras que se atribuyen al dramaturgo alemán Bertolt Brecht (1898-1956): “Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar”.