Los últimos gobiernos se han manejado bajo la confidencialidad de datos relevantes para la vida del país. Declararon confidencial la demanda de Aratirí, amparados en el Reglamento de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
Después nos enteramos por el presidente Tabaré Vázquez que la minera demandaba al país por U$S 3.536 millones, a raíz de la aprobación de una ley de minería que la multinacional interpretó como un cambio en las reglas de juego que perjudicaba su instalación en Valentines.
El juicio, que Uruguay ya cree ganado, está en manos del estudio Foley Koag, que ya defendió al país en los juicios presentados por la tabacalera Phillips Morris, en el presentado por Argentina ante la instalación de Botnia y el iniciado por la empresa de telecomunicaciones Italba, a la que el gobierno le revocó las autorizaciones para operar por incumplimiento de la transmisión de datos.
Después se declararon “secretos” los precios ofertados por OAS y su competidora para construcción de un fallido gasoducto que supuestamente iba a conectarse a un barco regasificador en Puntas de Sayago, con la planta terrestre.
La empresa constructora brasileña, a la que hoy le siguen procesos judiciales en varios países latinoamericanos, es piedra angular en el sonado caso Lava Jato en Brasil, e involucra a políticos, funcionarios y empresarios en la recepción de coimas para favorecerse con la licitación de obras públicas. Sin dejar de mencionar la entrega de dinero ilícito para las campañas electorales de candidatos, por lo tanto también es investigada por lavado de activos. OAS junto a Odebrecht ha minado la vida política de Brasil en la red de corrupción más grande de la que se tenga memoria.
En Uruguay, la empresa brasileña resultó finalmente adjudicataria de una obra que nunca concluyó y hasta lo que se pudo investigar había presentado una oferta por U$S 7 millones. Era más cara en costos, mano de obra y construcción del tramo terrestre del gasoducto en comparación con la otra oferente. Pero muy poco después, toda la información se declaró secreta. OAS no tenía antecedentes en la construcción de este tipo de obras, pero igualmente la empresa fue obligada por Gas Syago a tercerizar ese tramo de construcción.
A fines del año pasado, la documentación concerniente a la regasificadora quedó bajo secreto y el gobierno justificó que los escritos son técnicos y además, “sigue abierta la posibilidad” de reiniciar el proyecto. En mayo de este año, la oposición presentó una denuncia en la Fiscalía de Corte por presuntos ilícitos en la concesión de las obras. La determinación en 20 días que la construcción quede a cargo de una empresa sin experiencia y los sueldos exorbitantes eran tela suficiente para cortar al embarcar al país en un proyecto inviable y que pasó por los ojos de todos bajo el “secretismo”.
Seguidamente fueron confidenciales las negociaciones entre el gobierno y la empresa finlandesa para la instalación de la segunda planta de UPM. En este caso, el marco era “muy estricto” y el presidente Vázquez se comprometía a divulgar el acuerdo, una vez que se firmara.
Es reservada, desde el año pasado y por 15 años, las informaciones referidas a gastos o inversiones realizadas por las representaciones diplomáticas o consulares que dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque su divulgación sería dañosa a “las negociaciones y las relaciones internacionales”, a pesar de un informe contrario de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
En las últimas horas, la Contaduría General de la Nación resolvió que no habilitará a los diputados una clave especial para acceder a las informaciones vinculadas a las contrataciones estatales. Esa información que ahora pasó a ser confidencial, por ejemplo permitió procesar al exdirector del hospital de Bella Unión, Marcos García, quien era socio de la misma empresa de traslados de pacientes (Siemm), contratada por el centro de salud.
La Contaduría argumenta razones de “ciberseguridad”, sin embargo, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), manifestó su preocupación ante la negativa de acceder a los mecanismos de información y control sobre pagos, gastos y contrataciones. Es decir, cuestiones inherentes a la transparencia en una sociedad democrática y, además, republicana.
Estas resoluciones generan una sensación de desigualdad e inequidad, en tanto ubican al ciudadano medio en un nivel de inferioridad de condiciones y a los legisladores encargados del contralor, a un mero grupo de burócratas que concurren a escuchar los datos que brindan el oficialismo. Y muy poco más. Impide la investigación y la transparencia, en tanto el manejo de los fondos públicos, queda confinado a una suerte de cofradía que guarda bajo siete llaves la información sobre recursos ciudadanos.
Sin embargo, si estamos tan confiados que hacemos las cosas bien, no habría razón para tanto ocultamiento.
Por el contrario, el secretismo siembra lugar a las dudas y la suspicacia. Manipula la información y engaña desde el primero al último que pida acceso para aclarar sus dudas. Es lo más parecido al totalitarismo de cualquier extremo –derecha o izquierda– y en cualquier momento histórico, donde al pueblo le retaceaban la información. El problema es que estamos en democracia, y aunque obste la explicación sobre su origen, no es aplicable el ocultamiento a quienes le dieron ese mismo poder que hoy ostentan.
Y todo esto ocurre en un enorme marco de contradicción porque el primer gobierno de Vázquez fue un gran impulsor de la Ley 13.381 que consagró “el derecho de acceso a la información pública”, presentada como un gran avance y seguro de transparencia que zanjaba “el tradicional secretismo del Estado”. Sin embargo, con el paso del tiempo y en uso de sus mayorías, le introdujo “mejoras” a su favor, con la imposición de un secretismo que sabotea el espíritu de la ley.
Es una actitud de soberbia, utilizada para blindarse en tiempos electorales y que demuestra una paranoia que no conduce a ningún lado.
