(DIPUTADOS-SUBRAYADO)
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que obliga a debatir a los candidatos a la Presidencia de la República, con 80 votos a favor en 81 diputados presentes. Ayer también pasó al Senado para su debate y aprobación.
El proyecto del diputado Fernando Amado fue recibido en la comisión y enviado a la Cámara con carácter de grave y urgente su aprobación inmediata. El proyecto original establecía debates obligatorios entre los candidatos antes de las elecciones de octubre y luego para el balotaje entre los dos más votados.
Varios partidos entendieron que no era conveniente legislar ahora, para las elecciones de octubre, en conocimiento de los nombes de los candidatos que competirán en esa instancia, especialmente porque el proyecto establecía un orden para los debates basado en la votación anterior de sus respectivos partidos.
Por eso, en la próxima contienda electoral, acordaron que el primer debate obligatorio será entre los dos candidatos más votados en octubre, y se hará antes de la segunda vuelta de noviembre.
En las elecciones del 2024 sí habrá debates obligatorios antes de octubre, y por supuesto también para el balotaje. El proyecto fue aprobado en la comisión con los votos del Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Independiente y la Unidad Popular. Votó en contra el Partido Nacional.
Sin embargo, ya en el Plenario de la Cámara, el diputado blanco Pablo Abdala anunció que el Partido Nacional había decidido votar el proyecto de ley en general, con algunos reparos en determinados artículos. En medio del debate, la diputada Elena Grauert (Partido Colorado) anunció que votaría en contra, y así lo hizo, por lo que en definitiva no se aprobó por unanimidad.
Los debates serán obligatorios y se harán en horario central de la televisión, en cadena nacional, organizados por la Corte Electoral, que deberá acordar con periodistas o conductores. No podrán durar más de dos horas y el candidato que se niegue a debatir será sancionado, en tanto no cobrará el dinero que paga el Estado por cada voto recibido.
COOPERACIÓN SUR-SUR
(EFE)
Iberoamérica llegó a una década de su Cooperación Sur-Sur, en la que los países de la región han trabajado en más de 7.400 proyectos en común, aprenden de los otros y colaboran en conjunto con miras al desarrollo y al compartir conocimientos con la comunidad internacional. La Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría General Iberoamericana (Segib) presentaron en Montevideo el libro “10 años de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica” donde se hace un resumen de los principales logros a partir de esta cooperación y los desafíos para el futuro.
Además, se presentó el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica de 2018. En este sentido, el coordinador del Espacio Iberoamericano de Cohesión Social de la Segib, Martín Rivero, dijo a la prensa que la cantidad de proyectos alcanzados en esta década hacen que esta sea “una región única en el mundo”.
Rivero dijo que uno de los principales desafíos es que los países puedan explicarle a sus ciudadanos los beneficios de este tipo de colaboraciones, que hacen que la cooperación internacional “no sea un gasto sino una inversión bastante pequeña que logra maximizar los recursos nacionales”.
Sostuvo que la cooperación de Uruguay se ha caracterizado por un fuerte componente social, con políticas de salud –donde las antitabaco tuvo un rol protagónico–, temas agropecuarios y recibe colaboración en temas medioambientales, energéticos y de agua.
FA EVITÓ DECLARACIÓN DE CONDENA
(SUBRAYADO)
El Frente Amplio evitó nuevamente que el Senado apruebe una declaración de “condena a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela”. La moción fue presentada por el senador del Partido Nacional, Javier García, y apoyada por el Partido Colorado y Partido Independiente, pero rechazada por el Frente Amplio. De esa forma la declaración obtuvo 14 votos en 30 senadores presentes, por lo que resultó negativa. Es la tercera vez en el año que los legisladores se trenzan en un debate sobre la situación política, social y económica de Venezuela. En febrero y abril hubo polémicas similares por la crisis que vive ese país.
Javier García atribuye la posición del oficialismo y del gobierno a “una complicidad” entre ambos regímenes, otrora más afines, al punto que durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y el de su sucesor, José Mujica, se realizaron negocios e intercambios comerciales de Estado a Estado. “Algún día, más temprano que tarde, sabremos cuál fue el precio del silencio”, dijo García.
URSEA MULTÓ A OSE
(EL OBSERVADOR)
La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) resolvió sancionar a OSE por el accidente que tuvo lugar el pasado 3 de febrero en la usina de Laguna del Cisne, en Canelones, y que afectó a varios usuarios de la Costa de Oro, que entraron en contacto con el agua y sufrieron irritaciones en la piel.
En concreto, la Ursea resolvió multar –por unanimidad de los miembros del Directorio– a OSE por la suma de 50.000 unidades indexadas (unos $211.300 al valor actual) y también intimar a que la empresa pública compense en las facturas a los usuarios que se vieron afectados, que son unos 20.000, aseguró a El Observador el director blanco de la entidad reguladora, Fernando Menéndez.
La compensación de los usuarios de la Costa de Oro varía según cada caso, pero la cifra estimada de compensación total son $19 millones. Menéndez también señaló que se aprobó un protocolo de comunicación para los cortes de agua por OSE.
