Uruguay ocupa el primer lugar en Latinoamérica en infraestructura digital, como así también en hábitos digitales y en cuanto a disponibilidad y uso de tecnología. No obstante, la digitalización de las empresas –en particular las pequeñas y medianas– viene siendo un proceso lento, lo que en general representa una desventaja si tenemos en cuenta los cambios que están ocurriendo en la forma de entender y desarrollar el trabajo, la propia dinámica de las organizaciones y las exigencias de un mercado en el cual la población está acostumbrándose cada vez más al uso intensivo de tecnologías de la información y comunicación.
Las innovaciones promovidas desde el Estado, –en algunos casos con fuerza de precepto legal– han implicado la introducción inicial de los medios de pago electrónicos a través de la ley de inclusión financiera y la población –rehén o beneficiaria del sistema, según se mire– está paulatinamente acostumbrándose y priorizando la utilización de dinero electrónico para la compra y el pago de productos y servicios necesarios para su vida diaria.
Sin embargo, la transformación digital involucra mucho más y el gobierno nacional, que ha incluido este tema entre sus prioridades de gobernabilidad digital para el presente año, ha manifestado su preocupación por la “poca digitalización de las empresas”.
La experiencia mundial indica que la digitalización empresarial tiene incidencia directa en la productividad y que en general va asociada a nuevas formas de producir y hacer negocios.
Este tema, que no es menor, está incluido en la Agenda Digital 2020, que integra las diferentes iniciativas prioritarias para avanzar en la transformación digital del país de forma inclusiva y sustentable, con el uso inteligente de las tecnologías.
La misma se enmarca en un contexto que busca “trascender el despliegue de infraestructura y herramientas tecnológicas para mejorar y apoyar los métodos tradicionales” y sus objetivos apuntan a ampliar la capacidad de innovación que desencadenan “procesos transformadores atendiendo el dinamismo tecnológico y los cambios sociales, y sin dejar de lado las necesidades pendientes de resolver en el acceso y uso de las tecnologías digitales”.
En particular, el cuarto objetivo de la Agenda Digital 2020 –que recientemente fue actualizada– plantea “consolidar mecanismos de promoción de la economía digital, con énfasis en la creación de mayor valor agregado, e impulsar la transformación digital de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, para aumentar la productividad, el crecimiento y la innovación en los sectores productivos”.
Entre los compromisos y metas asumidos en relación a este objetivo, se destaca el fortalecimiento de la oferta nacional en comercio electrónico y el diseño de una estrategia nacional para la digitalización de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Además, se plantea alcanzar el 90% de pequeñas, medianas y grandes empresas conectadas a Internet por banda ancha, manteniendo un precio de conexión competitivo; apoyar el desarrollo de 50 proyectos innovadores orientados a la solución de problemas de competitividad en empresas de todos los sectores y al desarrollo de la industria de audiovisuales, aplicaciones y videojuegos; la profundización de la construcción de la sociedad de la información agropecuaria y la creación de un Laboratorio de Fabricación Digital enfocado en sectores industriales prioritarios, así como una plataforma para compartir y difundir contenidos.
Además, se prevé profundizar el proceso de inclusión financiera a través de medidas para facilitar el acceso y reducir costos de los servicios financieros.
Las Agendas Digitales –que vienen desarrollándose desde 2008 en nuestro país– no son una declaración de intenciones, sino un instrumento de trabajo que nuestro país ha venido cumpliendo en sus ediciones anteriores y eso le ha permitido un lugar de destaque a nivel regional e internacional en materia de avances en tecnologías de la información y las comunicaciones.
El Uruguay Digital no es una meta lejana, sino conquistada que necesita consolidarse y crecer incorporando las “zonas grises” o “desconectadas” para avanzar con inclusión en el desarrollo de infraestructura y cobertura de servicios con énfasis en la generación de beneficios directos en el marco de un proceso en el que confluyen esfuerzos de diversos sectores públicos y privados, la academia, la comunidad técnica y la sociedad civil organizada.
La incorporación de soluciones tecnológicas suele ser costosa pero la exigencia de adecuación a la transformación digital de la sociedad es cada vez más fuerte. La mejora de procesos, el desarrollo de nuevos productos y servicios y la digitalización en sí misma son áreas estratégicas en esta nueva economía y la experiencia internacional indica que la introducción de estos aspectos suele ir acompañada de una reducción de costos y aumento de la eficiencia. Sin embargo, no se trata solo de un tema de recursos y tecnologías, sino que implica alinear la estrategia empresarial a estas novedades y, generalmente, contar con recursos humanos capacitados a estos nuevos modos de interacción con los públicos, proveedores y el propio Estado.
Son grandes desafíos para nuestras PYME y el país en su conjunto: Uruguay cuenta con más de 170.000 empresas y según la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) el 99,5% de ellas son consideradas Mipyme (microempresas) y son responsables de la generación del 65% del empleo.
Todos estamos siendo impactados por la transformación digital y hasta nuestros más mínimos hábitos cotidianos han cambiado, siendo cada vez más fuerte el componente tecnológico para comunicarnos, informarnos, para la recreación y el consumo en sus diversas formas.
Esto tiene un impacto directo en la actividad empresarial y la forma en que se gestione y apoye la transformación digital de las PYME posiblemente sea determinante para su sobrevivencia, desarrollo futuro e impacto en el empleo local.
En un mundo en el que miramos menos vidrieras en la calle y más en Pinterest, Facebook o Instagram y compramos cada vez más por plataformas de ventas de productos con envíos a la puerta de casa, es evidente que las PYME también forman parte de los jugadores en una cancha distinta a la que han jugado históricamente.
El nuevo contexto impone nuevas prácticas y estrategias, nuevos conocimientos y demanda hacer cambios para estar en sintonía con los tiempos que corren. Seguramente también trae nuevas oportunidades, aunque hay que estar preparado para atraparlas.
No es disparatado pensar que, en la mayoría de los casos, el futuro de las PYME uruguayas estará directamente relacionado con su capacidad de adaptarse a este proceso de transformación propio de la época que vivimos. Como ha sido desde el origen de la humanidad, la capacidad de adaptación es un activo fundamental para la supervivencia. La ley darwiniana se aplica también a las empresas.