(EL OBSERVADOR)
La Cámara de Representantes aprobó la Ley Integral de Residuos con 73 votos afirmativos en 78. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, estuvo en discusión en el Parlamento desde octubre del año pasado y ha generado reiterados enfrentamientos desde entonces entre el gobierno y la oposición, particularmente en lo que concierne a la incorporación del Impuesto Específico Interno (Imesi).
En este sentido, el vocero de la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico (AUIP), Jorge Pereyra, advirtió que “el consumidor va a encontrar un impacto importante a la hora de sus compras de cualquier tipo de envase”, una vez entrada en vigencia la ley, dado que la carga impositiva a las empresas se traducirá en el incremento “indefectiblemente de los precios”.
Según el vocero, se trata de un impuesto que “además de ser fiscalista, es regresivo”, y señaló que su raíz tiene un fin meramente recaudatorio. El Senado demoró su media sanción a partir de las discrepancias que surgieron entre partidos, cuya raíz fueron las posturas respecto a dicho impuesto.
La propuesta declara la “responsabilidad extendida” –definida en el artículo 41– de las empresas frente a la gestión de sus residuos, a menos que decidan pagar el Imesi. Esto significa que una empresa productora de envases tendrá la opción de reciclar y reutilizar los residuos que genere o, de lo contrario, pagar el impuesto establecido en el artículo 43. En el artículo 42 se añade la posibilidad de otorgar créditos fiscales a aquellas empresas que implementen sistemas de reutilización de residuos.
Otro de los ejes centrales de la ley es el que se establece en el artículo 30, y plantea “la inclusión social, laboral y productiva de los clasificadores en la gestión de residuos”, entendiendo a estos como “quienes tienen la recolección y clasificación de residuos como uno de sus principales medios de manutención, sea que operen en carácter informal, se encuentren en proceso de formalización en el marco de programas o iniciativas públicas o privadas, o formen parte de iniciativas formales autogestionadas”.
En este sentido, el vocero de AUIP señaló que la industria del plástico defiende “toda forma de inclusión social”, pero explicó “de un día para el otro se pretende que los clasificadores informales pasen a la formalidad” y que se trata de una medida inviable.
SENADO APROBÓ DEBATES OBLIGATORIOS
(EL OBSERVADOR)
El Senado aprobó el proyecto por el que los debates entre candidatos que lleguen al balotaje deberán ser obligatorios y dio así sanción definitiva, lo que lo convierte en ley. Blancos y colorados resolvieron no apoyar el proyecto porque consideraban que se necesitaba mayoría especial porque se trata de una legislación electoral.
El proyecto aprobado, presentado en su versión original por el diputado Fernando Amado, establece que el debate se hará en horario central de la televisión, en cadena nacional y no podrá durar más de dos horas. La Corte Electoral se encargará de su organización y deberá acordar quién será el periodista elegido para conducirlo. La sanción para aquel candidato que se niegue a debatir será la retención del dinero que paga el Estado por cada voto recibido en una eventual segunda vuelta.
IMPUTADOS POR ABUSO
(SUBRAYADO)
Tres policías –uno de ellos ya dado de baja– son investigados por abusar sexualmente de sus hijos, en tres casos distintos. En uno de los casos se trata de un expolicía de 48 años denunciado por violencia doméstica desde 2017. La fiscal Silvia Lovesio lo imputa de un delito de violencia doméstica, reiterados delitos de atentado violento al pudor –a sus siete hijos, varones y mujeres que van de 1 a 16 años–, privación de libertad y desacato. En la audiencia de control de detención realizada ayer, la fiscal Lovesio acusó al imputado de ejercer violencia física, psicológica y sexual contra su esposa, y abusar sexualmente de todos sus hijos.
Agregó que se le realizaron pericias psicológicas al imputado, quien no muestra angustia ni arrepentimiento y negó los hechos. Su expareja está en un refugio de máxima seguridad con algunos de sus hijos.
En otro caso, un policía en actividad, de 29 años, confesó el abuso de sus hijas luego de ser denunciado por su pareja y fue emplazado por la Justicia. La fiscal Lovesio espera las pericias técnicas que pidió para resolver los pasos a seguir y las hijas están internadas en el hospital Pereira Rossell.
El tercer caso es de otro policía también en actividad, que fue separado de sus funciones por estrés. Fue denunciado por su expareja por violencia doméstica y abuso sexual de sus dos hijas, de 5 y 2 años. Según manifestó la víctima a Subrayado, los abusos comenzaron cuando estaban separados, durante las visitas que realizaba el policía a sus hijas.
EN LIBERTAD POR LEGÍTIMA DEFENSA
(MONTEVIDEO PORTAL)
El fiscal de Homicidios Juan Gómez decidió dejar en “libertad sin prejuicio” a la mujer que asesinó en la noche del martes a su padre en el barrio La Unión. Según supo Montevideo Portal en base a fuentes fiscales, el caso se perfila a ser de legítima defensa. La mujer fue liberada, pero nunca estuvo detenida, sino a “disposición” de la Fiscalía y quedará en libertad mientras dure la investigación, en tanto lo que falta aún son los resultados de algunas pericias. La víctima mortal tenía antecedentes de malos tratos y agresiones a su esposa e hijas y en la noche del martes llegó a su casa ebrio y con un cuchillo. Según el relato, las dos hijas estaban en la vivienda con el hombre, quien las amenazó con un arma de fuego.
En determinado momento, el hombre abandonó la vivienda, dejó el arma y las mujeres la escondieron. Cuando el sujeto regresó, se molestó y tomó un cuchillo y volvió a amenazarlas. Tras un forcejeo, una de las hijas lo apuñaló y el hombre murió en el lugar.
ASUMIÓ NUEVO MINISTRO DE LA SCJ
(RADIO URUGUAY)
El nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tabaré Sosa, propuso la creación de un cuerpo de auditores para transparentar públicamente la gestión de los magistrados para responder a lo que entiende es “un reclamo de la sociedad civil”. En particular dijo que se deberían realizar auditorías para el seguimiento de los procesos vinculados a la corrupción y a las violaciones a los derechos humanos. “Debe hacerse seguimiento de esas causas e informar a la ciudadanía”, indicó Sosa.
El magistrado sustituyó a Jorge Chediak en el puesto, que debió abandonarlo tras cumplir 10 años de gestión. Hasta ahora Sosa se desempeñaba como ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil desde 1999 y su desplazamiento hacia el nuevo cargo se debe a que era el primero en la lista de relevo por ser el más antiguo en sus funciones.
