Las medidas anunciadas el lunes por el ministro de Economía Danilo Astori, para estimular a 14 sectores de la producción, no son económicas. Son políticas y electorales, porque no es aceptable que en un lapso de cuatro años no hayan tenido tiempo para anunciar incentivos a la inversión que promuevan la creación de fuentes de empleo y evitar la destrucción de unos 50.000 puestos de trabajo. Es cierto, todas las hipótesis son posibles, pero los resultados no se verán en lo inmediato. Ni siquiera para mejorar el escenario de la fuerza política en el gobierno.
La “renuncia fiscal” que anuncia el gobierno no es tal. Y alguien tiene que decirlo. No se trata de ayudar a la industria, el comercio y los servicios para su promoción y reposicionamiento, con la creación de nuevos puestos de trabajo. Se lleva adelante tal “renuncia” con el fin de mejorar los resultados políticos y tener algo para mostrar, en plena campaña electoral porque todos los ministros están en la trinchera ante una notoria falta de referentes y de liderazgo. Que son dos cosas bien distintas.
Tan es así que deben recurrir un día sí y otro también, a los viejos políticos pero que no abandonan su puesto de lucha, aunque ya se vean con poca fuerza física y sus discursos no resulten atractivos como antes.
Y es que hay que convencer de lo dicho y lo hecho. Porque esa “renuncia” que se muestra como un acto de desprendimiento y generosidad, es plata. Lisa y llanamente plata que no ingresará a las arcas del Estado. Y así como nunca hablaron de bajar el gasto público que provoca el incremento constante del déficit fiscal –ubicado ahora en 4,9% del PBI como el peor de los pasados treinta años– sí manejan el término de “renuncia” que se iguala casi a la abnegación y el sacrificio, que en los últimos estertores nos brinda el actual equipo económico del gobierno.
Porque la “renuncia” nunca fue a los cargos públicos ni de particular confianza. Mientras el gobierno argumenta que el incremento de los vínculos con el Estado se destinó a la educación y a la seguridad, entonces veremos que no ha redundado en una mejora de los resultados. En cualquier caso, los cargos de particular confianza crecieron en mayor proporción que los cargos docentes desde el año 2014. La evidencia la presenta la Oficina Nacional de Servicio Civil, con sus datos cerrados a 2018. Allí se destaca un aumento del 20% de los cargos pertenecientes al escalafón Q, con un salto del 27,8% en los gobiernos departamentales, el 26,7% de los organismos pertenecientes al 220 y 10,4% del Poder Ejecutivo. En Uruguay, la plantilla de funcionarios públicos se engrosa al final del período electoral y nunca ha sido directamente proporcional a la cantidad de habitantes del país.
El año pasado, el director de la oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, planteó la discusión de la inmovilidad de los funcionarios públicos y la posibilidad de empezar a “generar ahorros” a partir de los procesos vinculados a la tecnología. El gran tema es que, al menos todavía, los robots no votan ni agitan las banderas. Por lo tanto, habrá que esperar a que este debate se instale de manera eficiente y eficaz. Tal como queremos que funcione la cosa pública.
Astori es un ministro a quien todos halagan. Sin embargo, en la interna partidaria ha tenido que luchar mucho más con los propios que con los ajenos. Es un cabeza de lista a quien no le permitieron antes de las internas de junio que llegara a concretar su máximo anhelo: postularse a la presidencia de la República. Lo usan como estandarte del supuesto “blindaje” uruguayo, pero no lo votan.
Es probable que ni el propio equipo de gobierno crea en el resultado de estas 14 medidas porque, en definitiva, no solucionarán el problema de fondo. Porque anuncian las medidas con cara de circunstancia y en tono rimbombante, pero no aclaran que hay determinados sectores, como la industria automotriz (en el lugar número dos de la lista), donde la capacidad de desarrollo es limitada. Saben que no tenemos materia prima, ni tecnología, ni inversión y los costos son inmensos, como la mano de obra o los costos fijos y variables que tiene cualquier emprendimiento de estas características.
Uruguay es un país productor de alimentos y siempre fuimos buenos para eso. Lo que no hicimos fue inyectar el valor agregado para que la economía crezca y se diversifique, con mejores procesos y tecnología que optimice aquello para lo que aún somos buenos y sabemos hacer.
Pero no es oro todo lo que reluce. Sin dudas que estas medidas afectarán al próximo gobierno y aumentará el déficit porque nada es gratis, ni es así nomás que se instrumenta una “renuncia” fiscal. Igualmente, hay que reconocer que el anuncio recoge los planteos provenientes del sector privado al que no escucharon en los últimos cuatro años. Muy por el contrario, perdieron el tiempo en la confrontación y el argumento autocomplaciente de que todos reclamaban porque son opositores. Y “oligarcas”, faltaba más.
No obstante, reviste un carácter casi antológico que en la primera medida, de promoción de las exportaciones, aclaren que “con ellas se busca fomentar y apoyar la exportación en un contexto mundial y regional adverso y volátil”. Antes estaba complicada la región, pero ahora es el mundo, como un descubrimiento masivo, en un país “tomador de precios” y que no puede dejar de mirar las pizarras.
El momento no amerita conceptos livianos, sino una profundidad mayor que apunte al país productivo con justicia social, que continúa como promesa de campaña electoral desde 2004. Las medidas son paliativas porque el modelo uruguayo –y quedó demostrado con UPM– se sostiene sobre las bases de las decisiones de las inversiones privadas. Y –aunque les rechine– también del libre mercado.
Con estímulos a las pequeñas y micro empresas habremos reconstruido el tejido social, productivo y económico, con transferencias, pero desde otras perspectivas más genuinas.
La mirada debe enfocarse en el desarrollo macroeconómico, no en resoluciones paliativas. Pero ya es tarde. En última instancia, son medidas para responder ante una crisis que siempre negaron.
