“La Junta Departamental debe ser más expeditiva en temas que importan a toda la ciudadanía; le buscan la quinta pata al gato”, dijo el edil del Partido Nacional José Pedro Illia al expresar su frustración porque el legislativo departamental no aprobó la reinstalación del Monumento a la Libertad en plaza Constitución, donde fuera ubicada en 1859 y destruida el 6 de diciembre de 1864 por un proyectil brasilero al comienzo del ataque a Paysandú en la tercera y más famosa Defensa.
Los ediles Marcelo Tortorella (Partido Nacional) y Edys Cravea (Frente Amplio) explícitamente se opusieron “a la moción que presentamos junto al también edil Braulio Álvarez solicitando la anuencia de la Junta Departamental para que se reinstale una réplica del basamento y una interpretación de la estatua, desde que no hay registro para saber cómo exactamente era”.
Tortorella “argumentó que no se podía votar porque debía tener iniciativa del Intendente, entendiendo que la solicitud debe ser realizada por el Ejecutivo Departamental. En el mismo sentido se pronunció Edys Cravea, por lo que terminó por no aprobarse”, comentó Illia.
“Discrepamos totalmente con ese criterio porque la ley 9.515 (Ley Orgánica Municipal) no distingue quien debe tener la iniciativa. Lo único que expresa es que la instalación de un monumento debe tener una aprobación previa de dos tercios de la Junta Departamental (21 votos). En ninguna parte esa ley atribuye formalmente al Intendente la potestad exclusiva. Eso fue lo que explicamos junto al edil Braulio Álvarez, preocupados porque en la Comisión de Cultura no se había tomado en cuenta que debía contarse con la anuencia de la Junta Departamental”.
Illia aseguró que “el único antecedente a nivel de la Intendencia era un presupuesto aprobado en la Administración Bentos para confeccionar la estatua y otros aspectos administrativos. Pero no existía la resolución de la Junta Departamental”. Destacó que “Andrés Oberti, del Grupo Pro Reinstalación de la Estatua de la Libertad, brindó un pormenorizado informe. Eso nos motivó a subsanar cuanto antes este aspecto, desde que se prevé que la inauguración sea el venidero 6 de diciembre”.
“Pero el resto de los ediles no estuvo a la altura de las circunstancias y acompañó a quienes tuvieron una errónea interpretación del texto legal”, concluyó Illia.
