Socios e integrantes de la Comisión Fiscal del Centro de Retirados Militares de Paysandú presentaron hace 15 meses denuncia penal contra anteriores directivos de la institución ante “hechos con apariencia delictiva”. Recientemente se les informó que la Justicia había finalmente nombrado fiscal para iniciar la investigación. “La demora se debió, nos dijeron, debido a que se les brinda prioridad a casos como violencia doméstica, hurtos y riñas, aun cuando entendemos que quince meses nos parece demasiado tiempo”, indicaron José García, Elgi Suárez, Carlos Torrens y Atilio Montero.
Entre otras irregularidades denuncian deudas por un total de 1.500.000 pesos aproximadamente “solamente entre 2015 y 2017, porque no hemos podido acceder a otros resúmenes económicos anuales” y apuntan a un directivo que estuvo al frente de la institución “durante muchos años”.
“Existen deudas en BPS y DGI, a pesar de que con el aporte de los socios existía suficiente dinero para abonar mes a mes dichas obligaciones tributarias” al tiempo que “también existen préstamos solicitados a Bandes y Cacsoe, sin justificación de gastos”, indican en la denuncia penal.
Por otra parte, en 2011 “se compró en forma irregular un terreno lindero a la sede de la institución, a pesar de la negativa votada en asamblea de socios” de diez metros cuadrados al fondo de la sede de Ituzaingó 1123 por el cual “se pagó 1.000 dólares de entonces por metro cuadrado”.
Se denunció por otra parte “gastos excesivos de combustible por parte del presidente saliente de la institución, a pesar de tener 10 UR para gastar por mes; habiendo también gastos cuyo comprobante era simplemente un recibo comercial común, sin la correspondiente contraprestación”.
Otra irregularidad denunciada es que había “empleados ‘en negro’, sin realizar los correspondientes aportes”, lo que generó juicios laborales.
Al momento de la denuncia había también “una abultada deuda con la empresa de transporte Copay, pues dicha empresa tiene un convenio con nuestra institución por el cual nuestros asociados compran pasajes en dicha empresa y le son descontados de su pasividad y luego abonados a Copay”. Pero “a pesar de habérsele retenido a los socios el dinero de los pasajes, dicho importe no se había pagado a la mencionada empresa”. Los denunciantes indicaron que el monto total de la deuda era 175.000 pesos pero “se llegó a un acuerdo para abonar mensualmente 25.000 pesos, además de la suma por los pasajes adquiridos por los socios cada mes”.
También se descubrió que “se usaba al Centro de Retirados Militares de Paysandú para cobrar una contribución mensual que iba para una agrupación política. Era voluntario, pero contrario al Estatuto que determina el carácter apolítico y no religioso de la institución. En los tres años bajo estudio el monto fue de 101.800 pesos y eso determinó que esa persona, que había sido presidente, fuera expulsada de la institución”.
Actualmente -indicaron- “el Centro está saneado gracias a una buena administración. Se reciben 600 pesos mensuales de cada socio que puede acceder a diversos beneficios entre ellos una policlínica con medicina general, pediatría, oftalmología, cirugía, a préstamos de Cacsoe, a pasajes bonificados por Copay y otros. No hay empleados ‘en negro’, sino que todos están registrados en el BPS. Estamos pagando créditos obtenidos para regularizar la situación anterior pero estamos al día en los mismos y no tenemos dificultades financieras, simple y sencillamente porque se están haciendo las cosas bien, en beneficio de los socios y no en provecho personal”.
