Cuando desde este lunes se estaba celebrando en Madrid la denominada Cumbre del Cambio Climático, es oportuno formular una puesta al día de las acciones que se van desarrollando en esta problemática a la que no es ajeno ningún país en cuanto a sus consecuencias, aunque sí en el grado de responsabilidad.
La Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se extenderá hasta el 13 de diciembre en una reunión internacional clave, que reúne anualmente a los líderes mundiales, con el objetivo de tomar las decisiones necesarias para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones a partir de 2020, momento en el que entrará en vigor el Acuerdo de París.
Debe tenerse presente que tuvieron que pasar 21 cumbres hasta que en 2015 el Acuerdo de París se convertía en un tratado global ratificado por casi 200 países, en un hito histórico que, a pesar de que Donald Trump anunciara el abandono de Estados Unidos del Acuerdo en 2020, genera un marco que posibilita la acción hacia la transformación a un modelo de desarrollo bajo en emisiones.
Algunos expertos consideran que el cambio climático se está dando más rápido de lo previsto y amenaza el futuro de la humanidad, lo que se procura evitar a través de deberes acordados con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2ºC y hacer más esfuerzos para que no se supere 1,5ºC respecto a las temperaturas preindustriales, recomendados por la ciencia para evitar un daño irreversible.
En caso de no cumplirse este objetivo, los estudios científicos (como los recientes publicados por el IPCC -Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas) alertan de graves consecuencias para el planeta y las personas. De seguir a este ritmo la temperatura subirá más de 3ºC para finales de este siglo, algo que tendría consecuencias negativas de enorme magnitud.
Los expertos apuntan a que se frene la pérdida de biodiversidad en el planeta reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera (principal razón del calentamiento global). En esta cumbre del clima (COP 25) la premisa de las organizaciones que trabajan en el tema es que se avance con mayor contundencia y urgencia y otorgar a la conservación de la naturaleza su potencial para lograr una mejor adaptación y mitigación al cambio climático.
En cuanto al Acuerdo de París, corresponde recordar que en diciembre del año 2015, en la Conferencia de las Partes (COP21) de París, después de dos décadas de negociaciones, un total de 195 países se comprometieron a limitar el calentamiento global en 2ºC respecto a la era preindustrial. Para ello, acordaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la adaptación, resiliencia y mitigación. Este tratado fue bautizado como Acuerdo de París.
Estudios científicos determinan que si las emisiones de gases CO2 a la atmósfera continúan al ritmo actual, las temperaturas seguirán aumentando, y pronto podrían superar el umbral de los 2ºC en comparación con la temperatura preindustrial. Esto implica que el mundo será mucho más caliente, el nivel del mar aumentará y las condiciones serán cada vez más extremas.
Con el Acuerdo de París, todos los países que firmaron el acuerdo presentaron un programa individual sobre las medidas a implantar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A diferencia del Protocolo de Kioto, este acuerdo no es vinculante, de forma que cada uno de los países puede cambiar su programa en función de la situación interna. Por lo tanto, no hay sanciones por no cumplir con lo establecido.
Tras la firma del Acuerdo de París en el año 2015, en 2017 la ONU declaró que era insuficiente para reducir las emisiones de CO2 y evitar el calentamiento global. Ahora Madrid acoge la última Cumbre del Clima de la Organización de las Naciones Unidas antes de la puesta en marcha de los compromisos del Acuerdo de París.
En el acto de apertura del presente encuentro de Madrid, el presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha urgido a ir más lejos y hacer las cosas “más rápido” en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, porque en caso de no marcar un punto de inflexión, “dejaremos atrás el punto de no retorno”.
En el aspecto más técnico de la cumbre, las negociaciones se centrarán en implementar el único punto que queda sin acordar para la operatividad plena del Acuerdo de París, el artículo 6, referido a la regulación de los mercados de carbono.
A su vez la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que “el mes que viene” presentará una propuesta sobre “la primera ley europea de transición hacia la neutralidad climática”, con el objetivo de que esto “se convierta en algo irreversible”, mientras que el surcoreano Hoesung Lee, presidente del panel de expertos que asesora a la ONU en materia de cambio climático, ha asegurado que la crisis climática es “real” y ha lamentado lo lejos que está la comunidad internacional para combatirla.
El punto es que líderes políticos, empresariales y sociales han comenzado a participar en los primeros encuentros, mesas redondas, debates y reuniones bilaterales de la COP25 que se celebra en Madrid con el objetivo de negociar durante dos semanas para elevar la ambición climática de los firmantes del Acuerdo de París ante los graves impactos del cambio que ya siente el planeta.
En la lucha global contra la crisis climática una de las herramientas fundamentales es el llamado comercio de emisiones de CO2, un mercado artificial del que Europa es pionera, que consiste principalmente en asignar un precio a las emisiones, de modo que los contaminadores paguen por contaminar.
Este sistema con cupos de emisiones y compraventa de derechos para emitir –sobre el que se debatirá en la cumbre climática– crea un mercado de derechos de emisión para poder contaminar: la oferta la establece el sector público y está relacionada con unos objetivos específicos, por ejemplo los fijados en el Acuerdo de París, mientras que la demanda la generan los contaminadores.
De oferta y demanda sale un precio; los contaminadores deben entregar un derecho de emisión cada vez que emiten CO2: es decir, pagar por contaminar.
Las compañías que necesiten aumentar las emisiones por encima de su límite deberán comprar créditos a otras que contaminen por debajo del máximo de créditos que les han sido concedidos.
Una medida muy debatida para mejorar los resultados de este tipo de sistemas, aunque no implementada aún, sería imponer un precio de carbono suficientemente alto para incentivar a los actores energéticos y a las instituciones financieras a invertir en tecnologías limpias como fórmula más rentable que contaminar, lo que también obraría como un mayor incentivo a invertir en países que como Uruguay, mantienen un nivel muy marginal en cuanto a su incidencia en la degradación ambiental y ha hecho hincapié en el rótulo y sus característica de producción natural.
