Bastante más del 90% de los pobladores de nuestro país habitamos zonas urbanas o suburbanas. No siempre fue así, pero la tendencia –desde hace muchos años– es a que siga creciendo la concentración de población en las urbes y a que el campo se siga despoblando.
No es un fenómeno exclusivamente uruguayo, ni mucho menos. De hecho a nivel mundial la mayoría de los flujos migratorios se producen dentro de los países. En 2017, se estima que la migración internacional supuso el desplazamiento de 258 millones de personas, mientras que la migración interna involucró a 763 millones, según datos de Naciones Unidas.
La migración hacia las ciudades y entre zonas rurales, despierta especial interés para la FAO en su objetivo de “luchar contra el hambre, lograr la seguridad alimentaria y promover el uso sostenible de los recursos naturales”. El organismo sigue con preocupación este fenómeno ya que lo considera relacionado con aspectos como la agricultura y desarrollo rural. “Las condiciones desfavorables para la actividad agrícola y el empleo no agrícola pueden llevar a las personas a la migración de emergencia que, a su vez, puede afectar negativamente a las comunidades que dejan atrás”, agrega.
Según un análisis de FAO las decisiones relacionadas con la migración suelen estar motivadas por la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria, aunque estas condiciones están influidas por diversos factores más específicos. Entre estos factores se incluyen la “falta de empleo, falta de acceso a la protección social, agotamiento de los recursos naturales, los retos relacionados con el clima y las situaciones de conflicto”; también menciona la “falta de acceso a infraestructuras y servicios, como la atención sanitaria y la escolarización”, así como “la demanda –a menudo internacional– de trabajadores estacionales, trabajadoras domésticas y pescadores migrantes” y finalmente “una política agrícola nacional inadecuada”.
Solamente algunos de estos factores parecen estar emparentados con la situación de nuestro país, y en particular uno de ellos sobremanera: la falta de empleo.
En nuestro país el acceso a la escolarización es algo que se ha atendido desde los albores de la nación con una nutrida red de escuelas rurales, de hecho la Escuela Primaria es, junto a la Policía, la presencia del Estado más cercana a los habitantes del campo.
En los últimos años se ha pronunciado el cierre de escuelas, pese a que la política era tratar de mantener abiertos los centros hasta que partiera el último alumno, aún a costos elevados de funcionamiento. En declaraciones al diario El Observador el director del Departamento de Educación Rural, Límber Santos, decía recientemente que, con la mitad de las escuelas del país, la población escolar del medio rural es el 18% de la matrícula de alumnos. Cada año se cierran “entre 5 y 10 escuelas” rurales, la población rural sigue descendiendo y el número de niños es menor año a año. “Cuando se cierra una escuela es porque se queda con 0 niños, a veces espera por si se instala una familia y demora su cierre”, aseguró Santos.
Por cierto que el acceso a la salud no es el mismo para quien habita lejos de la ciudad. No hay puertas de emergencia ni emergencias móviles en el campo y no es así nomás que se consigue una ambulancia para un traslado, más allá de la demora lógica que implica la distancia, en caso que se consiguiera. Vivir en el campo sigue siendo muy sacrificado, aún con jornada de 8 horas y consejos de salario.
Jesús Quintana, gerente en la División de América Latina y el Caribe, de FIDA, Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola –una agencia de las Naciones Unidas (ONU) que opera como institución financiera para proyectos productivos– dijo que el 80% de la población de América Latina es urbana y la tendencia es “a seguir aumentando” y agregó que aquellos que permanecen en el medio rural “son los que no se pueden ir”. Los que se quedan lo hacen “en condiciones de mucho aislamiento en muchos lugares, en condiciones de pobreza, muy desconectados en lo físico y en lo que tiene que ver con conectividad de comunicaciones”. Por supuesto que no se puede generalizar hacia la situación latinoamericana la realidad de nuestro país, pero de hecho la emigración se sostiene.
Las luces de la ciudad atraen, por más que la industria ya no es la gran generadora de empleos que fue en sus años, cuando el éxodo rural alcanzó su “pico”, y más aún, las “nuevas” industrias absorben trabajadores a los que suelen requerir un grado de capacitación mucho más especializado que en otras épocas. Nada accesible para quien recién llega desde la actividad primaria.
A su vez el campo, la actividad agropecuaria, continúa avanzando en su tecnificación, disminuyendo su demanda de mano de obra y, sumado a ello, la reciente crisis en la lechería ha dejado por el camino muchos tambos, destruyéndose los empleos que generaban. Lo mismo con otra actividad tradicionalmente gran demandante de trabajadores, la producción ovina, que se mantiene en bajos niveles de actividad.
Pero veamos qué se está hablando en el mundo acerca de este fenómeno de la despoblación rural. En un foro desarrollado a instancias de FAO en el año 2017, en el que se abordó esta temática con la participación de profesionales de 28 países, se trazaron una serie de pautas a considerar, ya no para revertir, sino al menos para trabajar por la reducción de este éxodo desde las zonas rurales. Lo primero que se requiere, argumentan, es una perspectiva de “desarrollo humano”, que considere a los migrantes no solo como mano de obra del sistema agroalimentario, sino como individuos con capacidades, aspiraciones y expectativas. En este sentido es que recomiendan que “una visión más amplia de la migración rural debe considerar cómo afectan a la seguridad alimentaria factores como los derechos sobre la tierra, atención sanitaria, las alternativas de empleo rural no agrícola y el bienestar de mujeres y niños”.
Una alternativa que sugieren para desarrollar el “empleo rural no agrícola” es el desarrollo de “aldeas inteligentes”, que describe como “centros rurales que ofrezcan algunas de las oportunidades y servicios de las zonas urbanas”.
En este sentido existen en Uruguay numerosos centros poblados que han visto su población reducirse a la par que la del campo, prácticamente. Tal vez en algunos de ellos podría hacerse una experiencia relacionada con esta idea que propone el organismo de Naciones Unidas como alternativa para mantener afincada la población que queda en el medio rural.
No será por decreto que se mantengan allí estos uruguayos, está claro. Se quedarán en la medida en que cuenten con empleos de calidad, con una remuneración acorde y condiciones de vida equiparables a la ciudad.
