Día: 15 de enero de 2020

Tabaré Vázquez es un presidente en retirada que pretende, a todas luces, dejar un legado. En las últimas semanas procuró encabezar conferencias de prensa, donde realizó anuncios importantes, pero que deberá resolver el próximo gobierno.
El lunes encabezó la presentación de un nuevo Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) en cardiología en el hospital de Tacuarembó. El mandatario destacó que por primera vez, el Fondo Nacional de Recursos regirá un IMAE público y capacitará a recursos humanos en el Interior. La población objetivo son unos 350.000 usuarios residentes al Norte y se destinará para su instalación, una inversión de tres millones de dólares.
La atención a las enfermedades cardiovasculares en Uruguay es de vital importancia, en tanto matan al 30,5% de las mujeres y al 25,7% de los hombres. El presidente Vázquez sabe que la descentralización de los servicios en un país como el nuestro es un reclamo de larga data. Tanto como un IMAE cardiológico que llevaba 12 años a la espera de una decisión política; sin embargo, muchos de los pacientes que infartan deben trasladarse a la capital.
Así como el tiempo pasó, también pasará otro poco más porque la fecha de inicio del servicio no está definida. Tampoco hay definiciones presupuestales o de recursos humanos, al tiempo que deben llevarse adelante las coordinaciones jurídicas de los servicios porque varias instituciones intervendrán en la extensión de este IMAE.
El director del Hospital de Tacuarembó, Ciro Ferreira, tuvo que aclarar algunos aspectos desconocidos para la opinión pública. Y estuvo bien, porque alguien debe manejar las expectativas de la población.
Porque deberá resolverse la forma de pago de los técnicos y las gestiones ante el Fondo Nacional de Recursos (FNR) para establecer ese financiamiento. Mientras tanto, se está creando una unidad de atención a pacientes vasculares con alto presupuesto que contiene intervenciones quirúrgicas, entre otros tratamientos.
No hay dudas que el hospital tacuaremboense es un centro de referencia en el interior del país, por su equipamiento con salas híbridas y de primer nivel. Sin embargo, es la primera vez que un IMAE con estas características funciona fuera de Montevideo. Y en Uruguay, además, todo funciona más lento.
La resolución del FNR determina los pasos a dar y varios de esos pasos aún quedan por resolverse. Si son procedimientos complejos, entonces las resoluciones también lo son y las intervenciones cardiovasculares deben atravesar por esos procesos.
Por otra parte, los técnicos no están en el Interior por lo que hace falta un acuerdo interinstitucional, con la participación del Hospital de Clínicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Pero además deberán viajar desde Montevideo y para eso se necesitará destinar presupuesto y logística.
Y esos recursos no saldrán del FNR si no se cumplen con las pautas que establece el fondo. El Hospital de Clínicas proveerá de recursos humanos y técnicos, pero antes deberán establecerse las condiciones óptimas, además de saber quién financiará desde el comienzo.
Para eso hace falta plata y esas distancias aún no están recorridas. Está fuera de discusión que los usuarios que viven al Norte, merecen el mismo tratamiento que los residentes en el Sur.
El problema radica en escuchar al presidente y a su ministro de Salud, Jorge Basso, y creer que en poco tiempo todo comenzará a funcionar de acuerdo al lanzamiento efectuado en Presidencia.
En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a los anuncios que después no se concretan y hay sobrados ejemplos, así como la promulgación de leyes que no tienen presupuesto y son imposibles de instrumentar. Como la ley integral de violencia basada en género que es una buena iniciativa, pero no tiene plata para su desarrollo pleno. O la nueva ley de salud mental, a la cual le destinaron el 40% del total del presupuesto necesario.
O la declaración de emergencia nacional de la violencia doméstica que llega tarde, a fin de año y motivado por los casos fatales ocurridos en fechas de alta sensibilidad, como las fiestas tradicionales. Una declaración que deberá reglamentar el gobierno de Lacalle Pou.
La visión de la comunicación de resoluciones importantes es un punto débil en el gobierno saliente. No asentar sobre las bases de la realidad estos anuncios, se confunde con la etapa que llevamos adelante como país, como es la transición hacia el próximo gobierno que asumirá el 1° de marzo. Y de la que restan aún, 45 días.
También el próximo gobierno deberá resolver sobre la construcción de una represa en el río Santa Lucía. Tendrá a su consideración la exclusión de los tratamientos que no forman el protocolo del FNR para evitar mayores casos de judicialización de la salud. Y el gran “legado” que fue un cambio radical en las medidas de suba de las tarifas públicas, que siempre hacía a comienzos del año y en esta oportunidad no ocurrió. Por más que los cercanos a Vázquez se esfuercen por explicar lo que anunció el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, durante la conferencia de prensa del 29 de julio. Ese día, el secretario de Estado dijo “probablemente” hasta el final del período y “probablemente” en una autoridad de gobierno no es anuncio de nada.
Por eso, seguramente las tarifas se incrementarán en marzo y el legado se transformó en un enorme conjunto de problemas que deberá resolver el gobierno multicolor. Una decisión que comprometerá los anuncios de ahorro que Lacalle Pou efectuó durante su campaña y calculó en torno a 900 millones de dólares, destinados a bajar el déficit fiscal que se mantiene planchado en el 5% del PBI y que el actual gobierno no pudo reducir. Con bonanza y sin ella, es la deuda pública más alta de los últimos 32 años.
Por lo tanto, el cambio en las reglas de juego también será su “legado”. → Leer más