El secretario general en ejercicio, Federico Álvarez Petraglia, salió al cruce a las edilas departamentales Gabriela Gómez y Guadalupe Caballero, en el tema de los montos recibidos por concepto de multas de tránsito en la Administración Bentos y en la actual. “Ahora existe una política de tránsito, que ha venido acompañada de una fiscalización acorde, donde no se mira a quién se le aplica una sanción, habiendo en este período eliminado todas las prácticas corruptas instaladas por el gobierno anterior”, dijo.
“Sería realmente positivo que las legisladoras departamentales en cuestión no siguieran ocultando los hechos y mintiendo a la gente como hasta ahora y sería bueno que contaran todo lo que ha pasado, cuál fue la situación en que recibimos la gestión y en qué situación nos encontramos hoy porque, como siempre se dice, una verdad a medias termina siendo una mentira”, agregó.
Opinó que las edilas del Partido Nacional “deberían, en primer lugar tomar como base datos reales y no partir de datos falsos, ya que, por ejemplo, los importes recaudados por la anterior Administración durante los años 2014 y 2015 duplican las cifras manejadas por las legisladoras departamentales, pues en 2014 en realidad se recaudaron 11.700.000 pesos y en 2015 13.200.000”.
“Tenemos que prestar especial atención en cuanto a qué es lo que se compara; como bien dice el dicho popular no se puede comparar peras con manzanas”, dijo y jocosamente expresó entonces que “la ‘dupla fantástica’ hace eso, compara dos gestiones radicalmente distintas. Una, la de Bentos, donde no existió una política dirigida al tránsito en sus cinco años. Lo que existió fue la ausencia absoluta y deliberada del Estado, donde todos hacían lo que querían en las calles de Paysandú, llevando esto a que por primera vez en la historia existían lugares céntricos de la ciudad en los que se prohibió el tránsito (plaza Artigas los fines de semana) como ‘solución’ ante la falta de respuesta por la Administración”.
“Hay que recordar –aunque de pronto a algunas le aparece amnesia– que en la administración Bentos se llevó adelante una sostenida política de quita de multas como instrumento de compra de voluntades, por simple amiguismo, amén de las maniobras fraudulentas que comenzaron allí, con cuantiosas pérdidas para el erario público, que no se tienen en cuenta en la nota de referencia”, expresó el secretario general.
“Cuando ingresó este gobierno se comprobó lo que se veía en las calles de Paysandú, que el tránsito era uno de los asuntos más graves a solucionar, porque se venía de cinco años donde todo valía para evadir la Ordenanza” por lo que “le correspondió a la Administración Caraballo llevar a la Justicia Penal tantas irregularidades, fehacientemente comprobadas y procediéndose a destituir a todos los empleados involucrados”.
MÁS INSPECTORES Y UNA
NUEVA ESTRATEGIA
Esto llevó, en opinión de Álvarez Petraglia, al “diseño de una estrategia en la cual retomar la autoridad por parte del Estado era fundamental. Lo sigue siendo. Para ello, se debió partir de reformular una Dirección de Tránsito que contaba con solamente 20 inspectores, absolutamente insuficientes para desplegar una política de fiscalización mínima en el territorio de un parque automotor que había crecido exponencialmente en los últimos años. En atención a ello, no solo se aumentó la cantidad de inspectores, sino que además se definió que, salvo que el procedimiento inspectivo estuviera incorrectamente llevado a cabo y siempre y cuando existiera un expediente que lo acreditara, en el cual se pudieran expresar tanto el ciudadano eventualmente afectado como la Administración, a nadie se le quitaría una multa correctamente aplicada, cambiando radicalmente lo que eran las prácticas ilegales que el gobierno Departamental del Partido Nacional había instalado”.
“Una mayor fiscalización y presencia en el territorio trajo de la mano una fuerte reducción de la siniestralidad en el departamento, habiéndose reducido los índices en el quinquenio tanto de muertos como de lesionados, extremo que es una consecuencia directa de las políticas implementadas, y que deliberadamente se omiten en el nota de referencia; no es cuanto se recauda por multas, es cuántas vidas no se pierden”, subrayó.
LAS EXIGENCIAS DEL SUCIVE
Explicó además que “el aumento en la cifra global de cobro de multas por patente tiene que ver además de con estas políticas de mayor fiscalización y presencia en el territorio, con la existencia del Sucive. Es clara la imposibilidad de pagar la patente y obtener el permiso único de conducir si el contribuyente mantiene deudas por multas. Eso llevó a que un número muy significativo de contribuyentes debiera abonar esas infracciones que en algunos casos eran de años atrás, explicando este hecho en parte el aumento en la recaudación por este concepto en los últimos ejercicios”.
Asimismo sostuvo que “hay que recordar –y hacerles recordar a las desmemoriadas edilas– que en el presente quinquenio existieron al menos tres planes del Sucive de financiamiento del pago de multas. Una circunstancia extraordinaria, ya que nunca se incluían estas sanciones en los planes de adeudos, a lo que se sumó un plan departamental similar, siendo estos instrumentos también formas de que muchos ciudadanos se pusieran al día con sus adeudos, e incrementaran la cifra recaudada”.
DOS MEDIDAS INÉDITAS
Se refirió entonces a dos iniciativas de la Administración Caraballo. “La primera fue poner un límite a lo que cobraban por concepto de multas los inspectores, ya que en el período anterior un inspector podía cobrar por comisiones por mes más que el sueldo del Intendente, violatorio del Estatuto del Funcionario. Se cambió, imponiéndose como máximo el importe correspondiente a lo que cobra el Director de Tránsito (suma notoriamente inferior), con el agregado que todo lo que excedía ese tope se pierde. Antes se seguía pagando en los meses subsiguientes”.
“La segunda medida inédita fue la de establecer que las deudas por multas de tránsito tenían fecha de prescripción, vale decir que pasado determinado plazo luego de su aplicación no se podía exigir el pago. Hasta ese momento, en la Intendencia existía el convencimiento que las multas de tránsito no prescribían nunca, y que podía exigirse su pago hasta 30 años después, lo cual era un disparate jurídico absoluto”.
“Si existiera un afán recaudatorio, sería absolutamente incoherente impulsar esa medida, cosa que se hizo además sin que nadie obligara al gobierno departamental. De hecho, la nueva ley de tránsito fue sancionada el año pasado, reconociendo esa prescripción en todo el territorio nacional, dos años después que Paysandú la instaurara voluntariamente”, aseguró Federico Álvarez Petraglia.