(EL OBSERVADOR)
Con la seguridad pública como su primer capítulo y el más extenso (94 artículos), el gobierno electo publicó el proyecto de ley de urgente consideración con el que Luis Lacalle Pou buscará poner en marcha la próxima administración. La iniciativa fue presentada a los líderes de todos los partidos que integran la coalición del futuro gobierno y a legisladores nacionalistas.
Una de las novedades que presenta en materia de seguridad es que extiende la presunción de legítima defensa a todo el predio de una vivienda y de establecimientos rurales. Considera como legítima defensa a quien emplea violencia para defender todas las dependencias de una casa, lo que comprende balcones, terrazas, azoteas, barbacoas, jardines y garajes o similares, y en el caso del campo se incluyen los galpones y otras instalaciones que forman parte del establecimiento.
También comprende a quien repele una agresión física contra él o un tercero, si se trata de funcionarios policiales, de la Prefectura de la Armada, o del Ministerio de Defensa, incluyendo a quienes protegen la seguridad de las fronteras. Incluso a quien salga en defensa del cónyuge, de los padres o hijos, y todo el que actúe en defensa de un extraño, siempre “que no actúe impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo”. El anteproyecto promueve el aumento de penas para delitos gravísimos como abuso sexual y mantiene los antecedentes de los menores infractores. En el plano económico, el borrador del texto promueve la desregulación de la importación de los combustibles y la creación de una regla fiscal.
Además, impulsa el cambio en la gobernanza del sistema educativo y los órganos desconcentrados como los consejos de Secundaria y de Primaria van a ser direcciones generales.
El articulado propone varios cambios al Código de Proceso Penal vigente, como el otorgamiento de potestades a la policía de interrogar a los detenidos antes de pasarlo al fiscal. Amplía de dos a cuatro horas el plazo de detención de personas en averiguaciones en casos de registros en busca de pruebas de delitos. La policía podrá registrar a personas y vehículos y luego comunicarlo a los fiscales. El proceso abreviado por el cual el delincuente puede acordar una pena menor con el fiscal solo se aplicará a delitos con una pena máxima de tres años de penitenciaría o de una pena no privativa de libertad.
El retiro no autorizado o la destrucción intencional se castigará con penas de diez meses a 18 meses de prisión y con 20 UR a 900 UR de multa. Extiende de 50 a 100 horas el límite de horas de vigilancia que pueden ejercer los policías –el servicio 222– y faculta al Ministerio del Interior a ampliar dicho tope hasta en 20 horas mensuales e individuales.
La inclusión financiera pasará a llamarse libertad financiera. Mientras que la ley aprobada en 2014 estipulaba que el pago de los sueldos debían ser por medios electrónicos, el artículo plantea que los sueldos “podrán” efectuarse por esa vía, “sin perjuicio de la modalidad en efectivo”. El documento también plantea la desmonopolización de combustible con la derogación del monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo establecidos a favor del Estado y gestionados por Ancap.
Plantea, además, que una medida de huelga deberá ejercerse de manera pacífica y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas, junto al derecho de la dirección de la empresa a ingresar en los locales de la compañía. Por otro lado, la ley crea el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con sus respectivas direcciones.
“PROYECTO DE LEY POPULAR”
(EL OBSERVADOR)
El presidente electo Luis Lacalle Pou defendió el borrador de la ley de urgente consideración, presentado a la ciudadanía luego de reunirse con los líderes de la coalición que integrará el gobierno. En una rueda de prensa en la sede del sector Todos, Lacalle Pou dijo que creía que el proyecto de ley iba a ser “popular” y que apelaba a la “necesidad de los uruguayos”. “Si en algún momento esa frustración estuviera sobrevolando no lo hubiéramos hecho público. Creíamos que lo debíamos hacer público aun cuando puede sufrir modificaciones, porque de eso se trata la actividad política”, señaló y dijo que esperaba que la gente “lo lea y opine”.
El presidente electo consideró que el texto tiene una “columna vertebral” que es respaldada por todos los partidos de la coalición, ya que surge del “Compromiso por el país”, el acuerdo programático firmado en noviembre de cara al balotaje. Lacalle Pou se refirió a los artículos más polémicos del texto y destacó que ha sido coherente con lo que ha votado en el Senado pero también con lo que señaló su programa de gobierno. “Hago de la coherencia una herramienta muy importante de trabajo y vida y es la forma en que he hecho política”, agregó al referirse a la derogación de la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera. Respecto a las ocupaciones y piquetes, Lacalle Pou dijo que tiene una “discusión” con el movimiento sindical porque su gobierno no considera “legítimas” las ocupaciones. “Creemos que hay que proteger el goce del derecho a la propiedad y el derecho a los que quieren trabajar. No se puede prohibir el ingreso”, sentenció.
FREGOSSI SERÁ NUEVO COMANDANTE
(SUBRAYADO)
El gobierno electo confirmó a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa de su gobierno. El general Gerardo Fregossi será el próximo comandante en Jefe del Ejército Nacional, el contraalmirante Jorge Wilson encabezará el mando de la Armada Nacional y el brigadier general aviador Luis Heber de León será el comandante en jefe de la Fuerza Aérea.
Una de las decisiones ya tomadas es que la jefatura del Estado Mayor de la Defensa (Esmade) continuará en manos del Ejército y, para tal fin, fue designado el general Marcelo Montaner. Fregossi se desempeñaba como jefe de la misión de las Fuerzas Armadas y agregado militar en Estados Unidos, al tiempo que Montaner dirigió la división III del Ejército en Tacuarembó.
Los actuales comandantes y los designados, fueron informados personalmente en las últimas horas por el senador Javier García, futuro ministro de Defensa, quien además agradeció a las actuales jerarquías y en nombre del gobierno electo los servicios prestados al país.
